México
D.F. Sábado 30 de agosto de 2003
Seis ciudadanos vascos podrían quedar
libres este lunes
Fox
debe evitar la injusta extradición de
Llona, reclama Bárbara Zamora
Este
viernes, la defensa del ciudadano
mexicano de origen vasco Lorenzo Llona
Olalde presentó una solicitud de amparo
contra la decisión del juez 15 de
distrito en materia penal, Ranulfo
Castillo, que el pasado miércoles
consideró factible su extradición a
España.
La
abogada Bárbara Zamora indicó en
entrevista que agotará todas las
instancias legales que le quedan a Llona
Olalde -detenido en Zacatecas el pasado
26 de abril-, y exhortó al presidente
Vicente Fox a que se manifieste en
contra de la extradición de su cliente,
porque "es una injusticia la que se
está cometiendo con Llona".
En
otro orden, el juez quinto de distrito A
de amparo en materia penal, Rafael
Zamudio, ordenó que si el próximo
lunes las autoridades de España no
presentan la petición formal de
extradición en contra de seis
ciudadanos vascos (a los que Madrid señala
como presuntos integrantes de ETA) los
ahora detenidos sean liberados de manera
inmediata.
De
acuerdo con el tratado de extradición
entre México y España, cualquier
solicitud en la materia que realicen
entre sí ambos países deberá
formalizarse en un periodo de 45 días
naturales, a partir del momento en que
sea detenida la persona requerida. Sin
embargo, la norma establece que de ser
necesario, y con base en argumentos jurídicos,
el periodo puede extenderse otros 15 días
hasta sumar un total de 60.
En
el caso de los seis ciudadanos vascos
detenidos el pasado 18 de julio a
solicitud del gobierno español, los 45
días correspondientes vencen el próximo
lunes, y según Bárbara Zamora, hasta
el momento no se han presentado las
pruebas necesarias para extender el
plazo, por lo que si Madrid no envía
antes del primero de septiembre la
solicitud formal de extradición, los
seis ciudadanos vascos deberán
recuperar su libertad. Sin embargo, la
litigante no descartó que minutos antes
de que venza dicho plazo, las
autoridades "nos salgan con una
trastada ilegal".
Fuentes
del Poder Judicial indicaron a La
Jornada que el juzgado segundo de
distrito en materia penal --que lleva la
causa de los seis vascos presos en el
Reclusorio Norte- ya tuvo conocimiento
del acuerdo que emitió el juez de
amparo, y agregaron que dicho juzgado no
había recibido hasta el cierre de esta
edición la petición formal de
extradición contra José María Urquijo
Borde, Ernesto Alberdi Alejalde, Asier
Arronategui Duralde, Félix Salustiano
García, Juan Artola Díaz y María
Asunción Gorrtxategi. A todos ellos se
les responsabiliza de integrar
presuntamente una célula de ETA en México,
que operaba en seis estados, y cuya misión
era la constitución de fondos de
inversión para allegar recursos a dicha
organización.
Como
se recordará, los seis detenidos gozan
de una suspensión provisional que los
protege de ser trasladados a España de
manera inmediata; es decir, sin que haya
concluido el proceso de extradición
correspondiente.
Entretanto,
el proceso de extradición que enfrenta
Lorenzo Llona se encuentra en su etapa
definitoria. Desde el pasado jueves el
caso está en manos de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), dependencia
que deberá decidir en los próximos días
si concede o cancela la extradición del
ciudadano mexicano.
La
abogada Bárbara Zamora dijo en
entrevista que confía en que el juez de
amparo que analizará si procede el
recurso que interpuso ayer en favor de
su cliente analice a detalle las pruebas
de descargo que en su momento presentó
ante el juzgado 15 en materia penal,
pero que "el juez (Ranulfo
Castillo) no tomó en cuenta".
Además,
refirió que el titular del Ejecutivo
federal tiene la última palabra, pues
según el artículo 14 del tratado de
extradición el Presidente de la República
está facultado para impedir que un
connacional sea extraditado, si así lo
considera conveniente.
Llona
Olalde se naturalizó mexicano en 1993.
No obstante, si la cancillería decide
que procede la extradición, la defensa
adelantó que interpondría otro amparo
contra esa determinación, y de ser
necesario, recurriría hasta un tribunal
colegiado.