*
Se niega la
justicia y
militares la
amenazan, señala
A
la CIDH, la
violación por
soldados
de
una indígena,
anuncia
Tlachinollan
Zacarías
Cervantes,
corresponsal,
Chilpancingo *
El director del
Centro de
Derechos Humanos
de La Montaña
Tlachinollan,
Abel Barrera
Hernández,
informó ayer
que el caso de
la violación de
la indígena
Me’phaa Inés
Fernández
Ortega, de
Barranca
Tecoani,
municipio de
Ayutla, será
enviado a la
Comisión
Interamericana
de Derechos
Humanos (CIDH)
porque señaló
que con la
investigación
que realiza la
Agencia del
Ministerio Público
Militar, “no
existen los
recursos ni las
garantías jurídicas
adecuadas para
poder hacer
justicia a la
indígena”.
También,
porque soldados
del 48 Batallón
de Infantería
con sede en Cruz
Grande, en la
Costa Chica,
tienen ahora
amenazada de
muerte a la
mujer y a su
esposo, porque
denunciaron los
hechos y porque
éstos son
investigados por
el Ministerio Público
Militar.
La
indígena
me’phaa Inés
Fernández
Ortega de la
comunidad de
Barranca
Tecoani,
municipio de
Ayutla de los
Libres, fue
violada por
soldados del 41
Batallón de
Infantería el
22 de marzo del
2002.
La
denuncia fue
presentada por
la mujer y su
esposo,
Fortunato
Prisciliano
Sierra, en la
agencia del
Ministerio Público
del fuero común
de Ayutla, pero
el expediente
fue enviado a la
agencia del
Ministerio Público
militar para que
se realizaran
las
investigaciones.
El
5 de diciembre
pasado llegaron
a la comunidad
de Barranca
Tecoani 12
soldados del 48
Batallón de
Infantería y
fueron
directamente a
la casa
Prisciliano
Sierra a quien
le reclamaron
por qué denunció
la violación de
su esposa, “si
sigues
declarando te
vamos a
matar”, le
advirtieron,
denunció el
presidente de la
Organización de
Pueblos Indígenas
Me’phaa,
Cuauhtémoc Ramírez
Rodríguez.
El
dirigente dijo
que los soldados
también
preguntaron por
Inés Fernández.
Indicó que los
soldados no
quisieron
identificarse ni
proporcionar sus
nombres.
Entrevistado
ayer con
respecto a estos
hechos, el
director de
Tlachonollan,
organismo que
solicitó un
amparo para que
el caso no fuera
investigado por
el Ministerio Público
Militar lamentó
que no hayan
obtenido
respuesta a su
petición y que
sigan siendo las
instancias
militares las
que investigan
el asunto.
Y
agregó que esa
es la causa de
que “en estos
momentos la
pareja se
encuentre en un
estado de
indefensión
porque no cuenta
con las
condiciones de
seguridad y de
tranquilidad por
la presencia
permanente de
tropas del Ejército
y porque creemos
que en la
Agencia del
Ministerio Público
Militar se está
protegiendo a
quienes
cometieron la
violación y se
quiere intimidar
a los familiares
para que ya no
se continúe con
la investigación”,
denunció
Barrera Hernández.
Por
ello lamentó
que la autoridad
civil se haya
declarado
incompetente y
canalizara a la
autoridad
militar la
investigación
del caso, porque
dijo que la
vulnerabilidad
de la mujer por
ser monolingüe
y desconocer los
procedimientos
jurídicos
quedará a
expensas de la
actuación de
las fuerzas
castrenses.
Indicó
que incluso la
mujer ha
recibido varios
citatorios para
que se presente
a declarar a la
35 Zona Militar,
“cuando saben
que no se va a
presentar porque
al haber sido
agredida por los
soldados Inés
Fernández teme
volver a
enfrentarse a
los militares y
porque sabe que
ahí van a
encubrir a los
responsables que
la
agredieron”.
Añadió
que como se ha
visto que a
nivel interno no
va a haber
instancias para
obligar a que el
Estado respete
los derechos
humanos de Inés
Fernández
“vamos a tener
que acudir
nuevamente a la
CIDH, para que
sea la justicia
civil la que
conozca de estas
violaciones a
derechos humanos
cometidas por el
Ejército”.
Informó
que por las
amenazas que está
recibiendo la
pareja la
comunidad de
Barranca Tecoani
está exigiendo
que los soldados
se retiren de
las comunidades
“porque el
otro gran
problema es que
llegan y no
piden permiso a
las autoridades
locales para
poderse asentar
dentro de sus
terrenos, cosa
que el derecho
internacional
dice que los
pueblos indígenas
tienen que ser
respetados en
sus
territorios”.
