*
Recomendación
al secretario de
la Defensa y al
gobernador
El
Ejército y la
PGJE violaron
los derechos
de
una indígena
me’phaa de
Ayutla: CNDH
*
La Comisión
Nacional
determinó que
el agente del
Ministerio Público
Militar no
realizó las
actuaciones
procedentes para
investigar los
hechos, y que
peritos de la
Procuraduría de
Justicia del
Estado
destruyeron las
evidencias que
prueban la
denuncia y
servirían para
identificar a
los soldados
responsables del
delito de
violación
sexual y
allanamiento *
La Sedena rechazó
la Recomendación
48/2003, informa
el ombudsman
La
Comisión
Nacional de los
Derechos Humanos
(CNDH) emitió
una recomendación
al gobernador de
Guerrero, René
Juárez
Cisneros, y al
secretario de la
Defensa
Nacional,
Gerardo Clemente
Ricardo Vega
García, por
violación a los
derechos humanos
de la indígena
me’phaa, Inés
Fernández
Ortega, que fue
violada por
soldados del 41
Batallón de
Infantería del
Ejército el 22
de marzo de
2002, en la
comunidad de
Barranca
tecoani,
municipio de
Ayutla de los
Libres.
El
ombudsman
nacional
determina que el
agente del
Ministerio Público
Militar
encargado de
investigar los
hechos trató de
archivar el
expediente, y no
realizó las
actuaciones para
conocer lo que
ocurrió, a
pesar de que le
dio
instrucciones
para ello el
procurador
general de
Justicia
Militar.
También
determinó que
los peritos de
la Procuraduría
General de
Justicia de
Guerrero
destruyeron las
evidencias que
prueban la
violación de la
joven y que
servirían para
identificar a
los responsables
de ese delito.
En
un boletín de
prensa emitido
ayer, la Comisión
Nacional en su
recomendación
48/2003 afirma
que “un agente
del Ministerio Público
Militar y otras
autoridades
civiles
archivaron sin
suficiente y
debida
investigación
la indagatoria
del caso de una
mujer indígena
tlapaneca
(me’phaa),
presunta víctima
de violación
sexual,
allanamiento de
morada y abuso
de autoridad por
parte de
elementos del 41
batallón de
infantería
adscritos al Ejército
mexicano”.
Considera
que dichas
autoridades
civiles y
militares
violaron los
derechos que
tiene la
agraviada a la
legalidad y
seguridad jurídica,
porque
incurrieron en
“dilación en
la procuración
de justicia” y
en “irregular
integración de
la averiguación
previa de la
agraviada”.
La
Comisión
Nacional de los
Derechos Humanos
formula una
recomendación
al secretario de
la Defensa
Nacional, para
que gire sus
instrucciones a
efecto de que se
integre y
determine,
conforme a
derecho, la
averiguación
previa
35ZM/06/2002,
sobre el caso de
la mujer
me’phaa
violada.
También,
que se dé vista
al órgano de
Inspección y
Contraloría
General del Ejército
y Fuerza Aérea
Mexicana porque
el agente del
Ministerio Público
militar adscrito
a la 35 Zona
Militar, con
sede en
Chilpancingo, se
negó a
proporcionar de
manera oportuna
una copia de las
documentales
ministeriales
solicitadas por
la CNDH. Por
eso, recomienda
“que se inicie
un procedimiento
administrativo
de
responsabilidades
respecto de las
omisiones en que
ha incurrido el
agente del
Ministerio Público
militar
encargado de la
integración de
la averiguación
previa
35ZM/06/2002”.
“Asimismo,
al gobernador
del estado de
Guerrero se le
recomendó que
se inicie un
procedimiento
administrativo
de
responsabilidades
respecto de las
deficiencias y
omisiones en que
incurrieron los
servidores públicos
adscritos a la
Dirección
General de
Servicios
Periciales de la
Procuraduría
General de
Justicia del
Estado de
Guerrero,
encargados del
tratamiento y análisis
de las muestras
tomadas a la
agraviada”,
las cuales
destruyeron.
Informa
la CNDH en el
boletín de
prensa que “la
Secretaría de
la Defensa
Nacional rechazó
oficialmente la
recomendación
emitida por esta
Comisión
Nacional, lo
cual se informa
a la opinión pública
en términos de
lo establecido
por el artículo
133 del
Reglamento
Interno de la
CNDH”.
Los
hechos
denunciados
En
sus
investigaciones
que llevaron a
la Recomendación
48/2003, la
Comisión
Nacional conoció
que el 22 de
marzo de 2002,
la quejosa se
encontraba en su
hogar en la
comunidad de
Barranca
Tecoani,
municipio de
Ayutla de los
Libres,
Guerrero, con
sus cuatro
menores hijos,
de 9, 7, 5 y 3 años
de edad. En el
patio de su casa
tenía tendida
carne de res secándose
al sol.
Se
presentaron en
su casa once
efectivos del 41
Batallón de
Infantería,
quienes le
preguntaron de dónde
había robado la
carne que tenía
tendida en su
patio,
cuestionamiento
al que ella no
respondió
porque a pesar
de que lo
entiende no
puede expresarse
en el idioma
español.
Al
narrar los
hechos, la
agraviada
manifiesta que
tres soldados se
introdujeron a
su casa, la
sujetaron y
tiraron al
suelo, en donde
abusaron
sexualmente de
ella, mientras
otros soldados
robaban la carne
que tenía
secando en el
patio de la
casa, ya que
tres días antes
su esposo había
sacrificado una
vaca de su
propiedad para
proveer a la
familia.
Las
autoridades
encargadas de
investigar el
caso arguyen que
la mujer
agraviada no
tiene interés
jurídico para
continuar con
las
investigaciones,
por lo mismo,
detuvieron toda
acción, y a la
fecha 20 meses
después, la
averiguación
previa continúa
en “estado de
integración”,
no obstante que
el delito de
violación se
persigue de
oficio, por lo
cual la CND en
sus
investigaciones
constató que se
vulnera el
derecho a la
legalidad y a la
seguridad de la
agraviada, por
actos dilatorios
de la procuración
de justicia e
irregular
integración de
la averiguación
previa.
El
24 de marzo del
2002, la víctima,
en compañía de
su esposo
presentó
denuncia por
violación,
allanamiento de
morada y abuso
de autoridad,
ante el agente
del Ministerio Público
del distrito
judicial de
Allende en
Ayutla de los
Libres,
Guerrero, por lo
que se dio
inicio a la
averiguación
previa
ALLE/SC/03/76/2002.
El
27 de marzo
siguiente,
derivado de una
nota periodística,
la Procuraduría
de Justicia
Militar inició
la averiguación
previa
35ZM/06/2002,
respecto a los
hechos cometidos
en agravio de la
quejosa.
El
17 de febrero de
2003, el agente
del Ministerio Público
Militar adscrito
a la 35 Zona
Militar acordó
someter a
consideración
del procurador
general de
Justicia Militar
el acuerdo de
archivo, con las
reservas de ley,
de esta última
averiguación
previa, “en
virtud de que no
existe interés
jurídico por
parte de la señora
y no existe
imputación o señalamiento
en contra de
alguien en
particular, ni
prueba que
permita
considerar que
elementos del Ejército
mexicano
pertenecientes
al 41 Batallón
de Infantería
hayan cometido
la conducta
delictiva que se
investiga”.
El
procurador de
Justicia Militar
acordó rechazar
la determinación
de enviar al
archivo la
averiguación y
ordenó que se
practicaran,
entre otras
diligencias,
retrato hablado
de los presuntos
atacantes; se
requiriera
nuevamente a la
agraviada para
la ratificación
de sus
declaraciones, y
se intentara la
identificación
de los atacantes
por medio del álbum
fotográfico del
personal
adscrito a la
base de
operaciones Méndez,
a la que
pertenecían los
efectivos del 41
Batallón que se
encontraban en
esa región indígena
cuando
ocurrieron los
hechos.
Asimismo,
acordó que se
recibiera la
declaración de
una hija de la víctima,
quien presenció
los hechos.
Ninguno de estos
acuerdos se ha
realizado y la
citada
averiguación
previa continúa
“en estado de
integración”.
La
víctima, cuyo
nombre se omite
en el boletín
de la CNDH,
interpuso queja
ante la Comisión
de Defensa de
los Derechos
Humanos de
Guerrero
(Codehum), el 25
de marzo de
2002.
Como
es de
competencia
federal, el 1º
de abril de ese
año, la CNDH la
recibió y
encontró
deficiencias y
omisiones que
provocaron la
destrucción de
indicios y
muestras que habían
sido tomadas a
la señora, como
el extravío de
las pruebas de
espermatobioscopía,
entre otras y
que habrían
servido para
realizar exámenes
de ADN.
Asimismo, la
CNDH encontró
que los
citatorios de la
autoridad eran
enviados a un
domicilio
diferente al de
la agraviada.
El
caso será
denunciado ante
la CIDH, anunció
Tlachinollan
Antes
del caso de Inés
Fernández
Ortega,
efectivos del
mismo 41 Batallón
fueron señalados
como
responsables de
violación de la
joven Valentina
Rosendo Cantú,
de la comunidad
me’phaa de
Barranca Bejuco,
municipio de
Acatepec, el 16
de febrero del
mismo año, que
pertenece a la
misma organización
que Inés Fernández,
la Organización
de Pueblos Indígenas
Me’phaa
(Kambaxo Xuaji
Guini
Me’phaa), la
que ha
participado en
las denuncias de
los dos casos.
La
Organización
también ha
exigido que las
investigaciones
estén a cargo
de autoridades
civiles y no
militares, y
exige la salida
del Ejército de
las comunidades
de la región
indígena de
Ayutla y
Acatepec.
Además,
ha denunciado
que las indígenas
violadas, sus
esposos, sus
familias y los
miembros de la
comunidad, han
sufrido
hostigamiento
del Ejército a
raíz de las
mismas
denuncias, y
presiones para
que las retiren,
particularmente
en el caso de Inés
Fernández
Ortega y su
esposo,
Fortunato
Prisciliano
Sierra.
También
han sido
hostigadas las
dirigentes de la
Organización,
Andrea Eugenio
Manuel y Otilia
Eugenio Manuel,
que además han
actuado como
traductoras en
las denuncias de
las dos mujeres
violadas.
A
principios de
este mes, el
director del
Centro de
Derechos Humanos
de La Montaña
Tlachinollan,
Abel Barrera,
anunció que en
ambos casos,
ante la negación
de justicia en México,
presentará la
denuncia ante la
Comisión
Interamericana
de Derechos
Humanos. (De la
Redacción)
*
Niegan atención
en el hospital
de Ayutla
Denuncian
discriminación
de la
Secretaría
de Salud a
mujeres indígenas
CIMAC
La Organización
Independiente de
Pueblos Mixtecos
Tlapanecos
denunció que en
el Hospital
Regional de
Ayutla,
dependiente de
la Secretaría
de Salud (Ssa),
se discrimina a
las mujeres indígenas
y esto pone en
riesgo de muerte
a las madres que
acuden para dar
a luz y a sus
hijos.
El
coordinador de
esa organización
indígena con
sede en el
municipio de
Ayutla de los
Libres, Arturo
Campos Herrera,
dio a conocer el
caso de la indígena
mixteca Alicia
García
Catarina, de 30
años,
originaria de la
comunidad El
Charquito, que
el 3 de
diciembre fue a
dicho hospital,
el único en esa
región de la
Costa Chica de
Guerrero, para
buscar atención
médica en el
momento del
parto.
En
el hospital la
rechazaron con
el pretexto de
que no tenían
equipo para
atenderla porque
tenía gemelos,
y le dijeron que
se fuera hasta
Acapulco.
“Fue
una forma de
deshacerse de
ella”, dijo el
dirigente, y
explicó que la
mujer estaba ya
en el momento
del parto y su
vida en peligro
y tuvo que
acudir con un médico
particular donde
nació su hijo,
que no eran
gemelos.
El
esposo de Alicia
García
Catarina,
Francisco
Antonio, dijo
que es la
segunda vez que
en el Hospital
Regional de
Ayutla se les
niega la atención.
En el año 2000
se negaron a
recibir a su
mujer, le
dijeron que se
fuera a
Acapulco, a más
de 160 kilómetros
de distancia, y
en el camino
murió su primer
hijo.
El
dirtector del
Centro de
Derechos Humanos
de La Montaña
Tlachinollan,
Abel Barrera
Hernández, dijo
que en las zonas
indígenas de
Guerrero en los
hospitales de la
Secretaría de
Salud hay una
actitud despótica
y despectiva
hacia las indígenas,
sobre todo
cuando acuden
para la atención
al parto.
Afirma
que hay pruebas
de que “existe
una política
sistemática de
no dar acceso a
los servicios de
salud a la
población indígena”.
Señaló que el
trato
discriminatorio
y de violación
al derecho a la
salud de los indígenas
se ve también
en la política
“racista y
etnocida” de
la esterilización
forzada.
Informó
que al Centro de
Derechos Humanos
de la Montaña
Tlachinollan
llegan con
frecuencia
quejas por la
negación del
servicio de
salud a mujeres
en el Hospital
Regional de
Tlapa, casos
similares al de
Ayutla, y que el
organismo de
derechos humanos
lleva la queja
de dos casos de
muerte materna
en este año por
negligencia en
ese hospital.
(Maribel Gutiérrez)
