* Pide Tlachinollan medidas cautelares a las víctimas

Denuncian a policías de Olinalá y judiciales por torturas detención ilegal

 De la corresponsalía, Tlapa * El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan pidió a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) la urgente emisión de medidas cautelares para los hermanos René, Heriberto, Pedro y Maura Navarrete Mosso, así como también para José Juan Coronel Ayala, quienes temen por sus vidas y las de sus familias.

El 26 de noviembre pasado, Heriberto Navarrete Mosso fue golpeado, privado de su libertad y torturado por miembros de la Policía Preventiva Municipal de Olinalá y de la Policía Judicial del Estado, pertenecientes al destacamento de Huitzuco, quienes hicieron una operación conjunta en la comunidad de Tetelcingo. Cabe destacar que estos funcionarios de la Policía Judicial del Estado se encontraban fuera de su jurisdicción.

Heriberto Navarrete Mosso fue conducido a una barranca y allí introdujeron su cabeza dentro de un pozo de agua reiteradas veces, con el objetivo de que confesara su supuesta participación en un robo de animales.

Asimismo, René Navarrete Mosso y José Juan Coronel Ayala, el primero hermano y el segundo amigo de la víctima antes mencionada, también fueron lesionados y detenidos de manera arbitraria durante esa misma operación.

A su vez, Margarita Mosso Acevedo, madre de los hermanos, fue jalada del brazo derecho, el cual tenía fracturado a la altura de la clavícula, y María Patrón Guevara, cuñada de los agredidos y que cargaba a su hija de un año y cuatro meses, fue golpeada con un arma en su muñeca derecha.

“El documento es el arma que aquí tengo”, fue la respuesta que recibió Margarita Mosso Acevedo cuando exigió que le mostraran una orden de detención antes de que se llevaran a sus hijos. En cuanto a Maura Navarrete Mosso, ella fue quien gestionó las acciones legales y solicitó asesoría jurídica a Tlachinollan, razón por la cual habría sido amenazada en plena vía pública por los mismos efectivos que lesionaron y detuvieron a sus hermanos y a Coronel Ayala.

Tlachinollan, centro de derechos humanos que lleva adelante este caso, como medida inicial presentó una queja contra la Policía Judicial de Huitzuco y la Policía Preventiva de Olinalá ante la Coddehum de Guerrero. Luego interpuso una denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común de Tlapa y, por último, planteó la inminente necesidad de medidas precautorias a favor de los agraviados, quienes temen por las amenazas proferidas contra Maura Navarrete Mosso.

Por otra parte, Tlachinollan también presentó una queja contra la Policía Judicial del Estado con destacamento en Ayutla de los Libres ante la Coddehum de Guerrero por un caso similar ocurrido hace ocho días en ese municipio. Allí, Fortunato de la Cruz Sánchez denunció que su domicilio fue violentado por personal de la Policía Judicial que en ningún momento demostró tener una orden para hacer el allanamiento.

A su hermano, Rogelio Cruz Sánchez, un campesino de 16 años, lo acusaron de ser el autor de un robo a mano armada, lo golpearon y lo subieron a una camioneta. Más tarde, el joven escapó de sus captores y, en la huida, los policías le dispararon pero no lo hirieron.

Durante la operación también fue golpeado Pedro Cruz Sánchez, hermano de los anteriores y no vidente, a quien le quitaron mil 800 pesos.

Además, fue sustraída de la vivienda la cantidad de 6 mil pesos que, según informó Fortunato Cruz Sánchez, provenía de la venta de 142 kilos de jamaica.

En ambos casos, las garantías individuales y los derechos humanos de los ciudadanos fueron violados, paradójicamente, por fuerzas dependientes de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero.