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COMITÉ CEREZO "Porque ser estudiante universitario no es sinónimo de terrorista" Boletín del 20 al 26 enero de 2003
ACTIVIDADES PRÓXIMAS DEL 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO
ANEXO SOLICITUD DE TRASLADO PABLO ALVARADO FLORES: capacidad criminal media,
adaptabilidad social baja e índice de estado peligroso medio. HECTOR CEREZO CONTRERAS: capacidad criminal alta,
adaptabilidad social media e índice de estado peligroso alto. ALEJANDRO CEREZO CONTRERAS: capacidad criminal media,
adaptabilidad social media e índice de estado peligroso medio. ANTONIO CEREZO CONTRERAS: capacidad criminal alta,
adaptabilidad social media e indice de estado peligroso alto. Tomando en cuenta los indicadores criminológicos que
el mismo documento refiere 1) Como procesados y según el informe de evolución
que se les da a los presos de 2) Antonio Cerezo Contreras y Héctor Cerezo Contreras
se encuentran recluidos en módulos de alta evolución, lo que contradice
su “Alta peligrosidad”. Atendiendo al espíritu humanista incorporado
a leyes y tratados internacionales y nacionales de Derechos Humanos, y por
las razones arriba expuestas, solicitó el traslado de Alejandro, Héctor
y Antonio Cerezo Contreras y Pablo Alvarado Flores al Reclusorio Sur de la
Ciudad de México, puntualizando que la prisión no debe recalcar el hecho
de la exclusión de los presos a la sociedad, sino, por el contrario, el
hecho de que continúan formando parte de ella y para lograr esto, los vínculos
familiares son un medio más adecuado, y máxime si se trata de personas jóvenes
como es el caso. He perdido la libertad injustamente junto con mis dos
hermanos y también compañeros universitarios Alejandro y Antonio Cerezo
Contreras, pero puedo La ilegal detención, la tortura y posterior sentencia
con todas sus irregularidades y violaciones que hemos padecido, no han
logrado impedir, que con miles de dificultades siga estudiando, el
alejarme de la academia y de su solidaridad, es lo que haría que perdiera
también mi libertad de pensamiento. Agradezco de manera especial al compañero
universitario Miguel Ángel Aguilar Ligar la academia con los problemas que aquejan a la
sociedad, debe ser el fin Fue como si no hubiera existido juicio. La sentencia que se dictó a los hermanos Héctor,
Antonio y Alejandro Cerezo De nada sirvieron las contradicciones en que
incurrieron los agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) que los
capturaron –y cuya investigación constituye, en los hechos, el
argumento principal para su encarcelamiento–, la falsificación de
firmas en las actas presentadas por la Procuraduría General de la República
(PGR), ni mucho menos el hecho de que ningún testigo pudo ubicar a los
detenidos en el sitio de los ataques. Para el juez tercero de distrito, José Luis Gómez
Martínez, fue suficiente que el 8 de agosto de 2001 estallaran tres
petardos en las sucursales bancarias, y que en el domicilio de los
procesados los agentes de la PJF afirmaran haber encontrado “artificios
explosivos” junto con documentos y propaganda del Ejército Popular
Revolucionario (EPR). Tales elementos “son idóneos para establecer con
base en la prueba circunstancial, vinculación con actos guerrilleros o de
atentados con explosivos”, afirmó en su sentencia, sin tomar en cuenta
un detalle: que los ataques fueron reivindicados por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias del Pueblo (FARP), y no por el EPR. “Al colocarse los explosivos”, señala la foja 225
del documento, “se pintaron las siglas FARP, grupo guerrillero al que
sin duda alguna estaban vinculados los acusados, al menos con su ideología”.
Es claro: para el juez, FARP y EPR son, básicamente,
lo mismo. En ese documento los policías dieron cuenta de una
extraordinaria jornada de Durante el juicio, sin embargo, los agentes incurrieron
en contradicciones. En su comparecencia del 10 de diciembre de 2001,
el agente Bonilla López señala que, tras investigar en una de las
sucursales afectadas –la ubicada en la colonia Bondojito– recibieron
por radio la orden de trasladarse a calzada de Tlalpan esquina con José
T. Cuéllar, donde había ocurrido otro ataque. Sin embargo, en una
diligencia posterior, el policía Ramírez Torres afirmó que no existió
tal comunicación, pues anteriormente los agentes se dividieron las
sucursales a visitar. Hay más. En esa misma comparecencia, Bonilla López
afirma que, para seguir los autos involucrados y vigilar los domicilios de
los detenidos, los policías utilizaron dos vehículos Cavalier –uno
blanco y otro azul–, con el primero de los cuales, declaró, se siguió
a un Tsuru placas 590 KJY del municipio de Los Reyes a la calle Peña y Peña,
en el centro del Distrito Federal. Empero, de acuerdo con el policía, ese mismo Cavalier
blanco se utilizó para vigilar, a esa misma hora, a un Sentra verde que
salió de la colonia Ejido Acoxpan hacia el Pedregal de la Zorra. Cuando el abogado de Galicia Max pidió aclarase cómo
fue posible realizar, con el mismo auto, dos recorridos a la vez, la
secretaria del juzgado que atendió la diligencia porque el juez estaba de
vacaciones, desechó la pregunta “por improcedente”. No es todo. En el parte informativo que rindieron al
momento de la captura, los Siete meses después, el agente Ramírez Torres declaró
que al día siguiente de los atentados viajó a Guerrero con sus compañeros
para confirmar los datos de la PGR. Dijo haberse encontrado con la misma
cuadrilla –que en esta ocasión también Gracias a esta coincidencia, los judiciales capturaron
a los ahora sentenciados. Una muestra es el argumento que en la foja 223 utiliza
para rechazar que las armas, los artificios explosivos, la propaganda y el
dinero encontrado en el domicilio de los Cerezo Contreras fue sembrado,
como afirmaron los inculpados. “La negación de que tuvieran en su
casa todo lo que se asentó en el cateo resulta inverosímil, pues obran
fotografías, dictámenes y otras diligencias en relación a esos objetos
que por su cantidad se estima difícil que hayan sido introducidos por los
policías para el sólo efecto de incriminarlos”, dice el documento. Paradójicamente, en su comparecencia del 11 de marzo
de 2002, Ricardo Soto Loaiza reconoce que el cateo se demoró porque los
agentes se llevaron todo lo que encontraron en la casa de los Cerezo. Es decir, de acuerdo con el juez los policías no
pudieron haber cargado con tantos artificios, al menos no para acusar a
los detenidos. Pero sí tuvieron fuerzas para decomisarlos. El juicio contra los hermanos Cerezo Contreras y Pablo
Alvarado estuvo lleno de Su primera abogada, Digna Ochoa, murió semanas después de tomar el caso. Luego cambió el juez que llevaba la causa. Y para colmo, durante el proceso, Antonio Cerezo fue
acusado de ejecutar al eperrista Fortunato Avelino Huizache. La acusación la hizo el padre de la víctima, Eudosio
Avelino Elasio, quien afirmó que el mayor de los hermanos Cerezo dirigía
un campamento guerrillero en 1992, cuando Antonio tenía 15 años. El presunto homicidio no se ventiló en el juicio, pero
sirvió para reforzar la sentencia. “Es bastante para establecer que al
menos desde el día 8 de agosto del año 2001 acordaron organizarse para
cometer actos de terrorismo –dice el juez–, concretamente en las
sucursales bancarias de la institución crediticia denominada Banamex”. http://www.jornada.unam.mx/mas-cara.html I NFORMACIONES PARA TRANSMITIR ATTE Consejo Central Indigena de Eloxochitlan de
Flores Magón
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