Policías
y militares depuran sus métodos para evitar dejar huellas físicas,
asegura
La
tortura aún es práctica común; sólo hay cambios de fachada,
señala ACAT
Al
gobierno foxista le ha faltado voluntad para desmantelar el
aparato represivo, acusa
CLAUDIA
HERRERA BELTRAN
En
este gobierno la tortura aún es una práctica común, sólo que
los policías y militares han ido perfeccionando sus métodos
para dejar menos huellas físicas o provocar daños sicológicos
a las víctimas, afirma Fernando Valadez, director de Acción de
los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT).
Para
este médico sicoanalista y responsable de la única organización
civil mexicana que se especializa en el tema de la tortura y
lleva una década de trabajo, en este gobierno sólo se han
visto "cambios de fachada" en materia de derechos
humanos, tal como refieren los informes externos, como el
reciente de Amnistía Internacional en Alemania.
Al
gobierno del presidente Vicente Fox, expresa, le ha faltado
voluntad para hacer una reforma de fondo del sistema de
justicia: "la estructura corrupta que todos conocemos sigue
siendo la misma".
Desde
1997 ACAT México ha podido documentar formalmente 170 casos de
tortura. La mayoría de las personas que han recibido atención
son hombres provenientes de Oaxaca, en particular de la región
Loxicha, del Distrito Federal y de Guerrero. Además ha
intervenido en tres investigaciones de desapariciones forzadas y
dos ejecuciones extrajudiciales.
Los
responsables de todos estos hechos han sido agentes de la Policía
Judicial Federal o estatal, militares, autoridades locales o
integrantes de unidades especializadas, como la de Delincuencia
Organizada.
Con
esta experiencia y la de haber vivido personalmente la tortura
sicológica cuando fue detenido en 1971 por trasladar víctimas
del halconazo, Valadez no duda en afirmar que en este
gobierno ha habido cambios en el ámbito de derechos humanos sólo
de "propaganda", encaminados sobre todo a que el
gobierno "quede bien" en el exterior.
"En
el aparato represivo el Ejército y la policía siguen siendo
los mismos. Las cabezas es lo único que ha cambiado",
asegura en entrevista.
Explica
que militares y policías han ido perfeccionando sus métodos
para infligir tortura física, pero sin dejar huella, o provocar
daños sicológicos. En muchas ocasiones, asegura, este método
se usa para obtener confesiones de culpabilidad.
"A
una persona se le detiene y en vez de hacerle el pocito o
el tehuacanazo, ahora le cortan cartucho y le ponen la
pistola y la amenazan con matarla. O se empiezan a oír gritos
en el cuarto de junto, que pueden ser grabados, pero el
torturador asegura que es la familia y que la van a matar."
Señala
que esta práctica también la viven los defensores de derechos
humanos, como le ocurrió el año pasado a seis integrantes de
esta organización que fueron detenidos o amenazados de muerte,
como le ocurrió a Arturo Requesens, quien el año pasado debió
salir del país.
También
es recurrente que la policía o los militares fabriquen delitos
o arranquen confesiones bajo tortura para declarar culpables y
tener chivos expiatorios en un país en que 90 por ciento
de los delitos está impune.
En
opinión de Valadez, quien se ha especializado en la
rehabilitación de torturados y de civiles víctimas de guerra,
el error de este gobierno es que ha ido militarizando cada vez más
los aparatos policiacos. "Los soldados ahora disfrazados de
Policía Federal Preventiva están en las calles tal como
estaban en el gobierno de Ernesto Zedillo, además de que el
procurador general de la República es militar".
Esto
contrasta con las recomendaciones internacionales que promueven
órganos de procuración de justicia independientes del Ejército
y con la imagen que el gobierno pretende dar en el exterior.
"Lo que predomina es la propaganda, un discurso con mucha
dedicatoria para la Unión Europea, que está vigilante de lo
que ocurre en México".
Asegura
que ha faltado voluntad al gobierno foxista para hacer reformas
estructurales en el sistema de impartición de justicia. De poco
sirven, agrega, los cursos que el gobierno junto con Naciones
Unidas y organismos no gubernamentales han dado, por ejemplo
sobre el tema de la tortura, si el aparato de justicia sigue
siendo el mismo.
"Cuando
los funcionarios de las procuradurías dicen que están
limpiando la casa, sólo se trata de parches. Una reforma
implica una revisión profunda de los órganos de procuración
de justicia, del Poder Judicial, que se impida la corrupción y
las violaciones permanentes a los derechos humanos",
asegura.
Señala
que para erradicar la práctica de la tortura también se
requiere hacer conciencia social, porque hay mucho
desconocimiento. Refiere, por ejemplo, que muchas personas
consideran normales los tratos crueles y degradantes que hace la
policía a jóvenes de colonias populares.
En
todo esto, añade, los medios de comunicación tienen una
responsabilidad. Señala que en vez de informar a la sociedad
sobre los documentos internacionales que denuncian violaciones a
los derechos humanos, dedican demasiada información a la nota
roja o llegan a justificar la tortura, como ocurrió con el caso
de Guillermo Vélez, que fue atormentado por agentes de la
Agencia Federal de Investigación.
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