* Piden a la Fiscalía que se deslinde de la PGJE

Montaje arbitrario, la resolución del caso de Zacarías, dicen ex presos políticos

 * La Asociación Nacional de Luchadores Sociales plantea que los responsables del asesinato del testigo de la Fiscalía están entre los responsables de la guerra sucia de los años setentas * Demanda la libertad inmediata de los cinco detenidos de Atoyac

 La Asociación Nacional de Luchadores Sociales, integrada por ex miembros de los grupos guerrilleros de la década de los setentas, ex prisioneros políticos y familiares de detenidos desaparecidos, denunció los actos de violencia y arbitrariedad cometidos por los cuerpos policiacos estatales “con la complacencia de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado”, la Femospp, en el “montaje” para resolver el crimen de quien fue testigo de la Fiscalía, Zacarías Barrientos Peralta.

En su primer acto público, una conferencia de prensa en la ciudad de México, la nueva organización demandó al gobierno del estado “la libertad inmediata de Isaías Martínez Gervacio, Ramiro Rosas Contreras, Apolinar Martínez Barrientos, Benito Salgado Aguirre y María de Jesús Martínez Reyes”, detenidos como probables responsables del asesinato, y recluidos en el penal de Tecpan de Galeana, por considerar que se violaron sus garantías individuales y sus derechos humanos durante su detención, y afirmaron que a los responsables del asesinato de Zacarías Barrientos se les debe buscar “en el bando de los potenciales implicados de la guerra sucia”.

Eloy Cisneros Guillén, Nicomedes Fuentes García, Octaviano Santiago Dionicio, José Arturo Gallegos Nájera, Antonio Hernández Fernández, Alejandra Cárdenas Santana, Luis León Mendiola y Agustín Evangelista, miembros de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales, exigieron a la Fiscalía Especial “su deslinde público de las acciones represoras de la PGJE y la consignación de los responsables  de la guerra sucia de los años setentas”.

Señalan que el trabajo de la Fiscalía “ha arrojado hasta hoy cero resultados, más allá de las declaraciones de su titular (Ignacio Carrillo Prieto) y de sus voceros, pareciera que la Femospp se ha convertido en un nuevo instrumento represivo en contra de los defensores de los derechos humanos y al servicio de la impunidad y de los responsables de los sucesos sangrientos del pasado”.

En el escrito, recuerdan que el 26 de noviembre del 2003 “fue acribillado con armas de fuego de alto poder el campesino Horacio Zacarías Barrientos Peralta, ex colaborador del Ejército en los años de la guerra sucia y quien, unos días antes de su muerte, había rendido declaración como testigo ante los agentes del Ministerio  Público de la Fiscalía representada por Ignacio Carrillo Prieto”.

Agregan que “la conmoción y el impacto generado por este asesinato no se hicieron esperar. Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los familiares de los desaparecidos y para la gran mayoría de los ciudadanos, el acto criminal tuvo su origen  en el testimonio de Barrientos Peralta y los responsables había que ubicarles en el bando de los potenciales implicados de la guerra sucia: miembros de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones policíacas, los caciques mayores del estado y todos aquellos que tuvieron participación en las torturas, el asesinato y la desaparición forzada de cientos de ciudadanos guerrerenses”.

Cuentan que “ante la exigencia general para aclarar el crimen, el 6 y 7 de enero del 2004 ocurre un hecho inaudito y que alarma a los defensores de los derechos humanos y a gran parte de la opinión pública guerrerense. Son detenidos y sometidos a torturas familiares del asesinado y luchadores sociales identificados con la defensa de los derechos humanos y civiles. El caso que más ha generado condena e indignación ha sido la captura de Isaías Martínez Gervacio, anciano de 82 años que lleva más de 25 luchando por la presentación de su hijo Misael Martínez Pérez, detenido y desaparecido en 1977 por miembros del Ejército mexicano y que en los últimos dos años había estado colaborando con la Fiscalía Especial de Carrillo Prieto en la investigación de la guerra sucia, sus secuelas y la plena identificación y ubicación de los responsables”.

Refieren que también fueron detenidos Ramiro Rosas Contreras y Apolinar Martínez Barrientos el 7 de enero por la madrugada “en varios operativos de asalto en los que hubo violencia, ausencia de orden de aprehensión, allanamiento de morada, abuso de autoridad y violación flagrante a los derechos humanos”.

El 6 de enero habían sido detenidos la viuda de Zacarías Barrientos, María de Jesús Martínez Reyes y un carretillero del mercado, Benito Salgado Aguirre de 65 años, “a quienes a punta de golpes, intimidación e incomunicación, los obligaron a incriminar a los tres antes mencionados. La declaración valiente de la viuda echó por tierra el montaje de la Procuraduría de Justicia del Estado y la complacencia de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado”.

La organización señala que en Guerrero y en el resto del país, “los delincuentes verdaderos siguen en la impunidad y gozando de la protección gubernamental. Los pobres, los desprotegidos, los que denuncian, siguen siendo los sospechosos y los chivos expiatorios de siempre. Para el gobierno del cambio y para el que representa René Juárez Cisneros, los pobres seguimos siendo los potenciales responsables de todas las acciones delictivas”.

Así, “Miguel Nassar Haro y Luis de la Barreda no han podido ser localizados por las corporaciones policiacas del país para que respondan por sus crímenes. El manto de la impunidad que los protege sigue prevaleciendo; lo mismo ocurrió con Isidro Galeana Abarca, responsable de la desaparición de Jacob Nájera Hernández, quien se dice que acaba de fallecer sin haber pisado prisión por la misma protección que le dio el gobierno del estado en complicidad con la Femospp”. (De la Redacción).