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Pide el diputado
que se acate la
recomendación
Rómulo
Reza: la CNDH
confirma que
los
militares deben
estar en los
cuarteles
Aurelio
Peláez * El
presidente de la
Comisión de
Derechos Humanos
del Congreso
local, Rómulo
Reza Hurtado,
afirmó que el
gobierno del
estado y el Ejército
deben acatar la
recomendación
de la Comisión
Nacional de
Derechos Humanos
(CNDH), en el
sentido de que
se reintegre el
proceso judicial
en contra de
soldados que
participaron en
la violación de
la indígena
tlapaneca Inés
Fernández, y
que se sancione
a quienes
entorpecieron la
investigación
del delito.
La
Recomendación
vuelve a traer a
debate el tema
del patrullaje y
los retenes que
instala el Ejército
en Guerrero, y
confirma la
tesis de que los
militares deben
estar en los
cuarteles en
tiempo de paz,
señaló el
diputado local
por el PRD.
La
recomendación
de la CNDH,
instancia a la
que acudieron
los agraviados
en demanda de
justicia, es una
muestra de la
desconfianza de
los ciudadanos a
los tribunales
militares, y
plantea llevar a
debate el tema
de modificar la
Constitución,
para permitir
que en casos
parecidos los
miembros del Ejército
puedan ser
juzgados por
autoridades
civiles.
“Considero
que todas las
investigaciones
que realiza la
CNDH son serias,
pues se
documenta y se
acude a los
lugares donde
sucedieron los
hechos, para
constatar la
veracidad” de
la denuncia,
comentó Reza
Hurtado.
En
marzo de 2002
soldados del 41
Batallón de
Infantería
violaron a la
indígena
me’phaa, en la
comunidad de
Barranca de
Tecoani, en
Ayutla de los
Libres, Inés
Fernández,
durante un
patrullaje por
esa región. La
mujer se
encontraba con
sus tres hijos.
A la agraviada
la acusaron de
robo de ganado y
la despojaron de
la carne de una
res que había
matado su
esposo.
La
denuncia fue
archivada por el
Ministerio Público
Militar, lo que
se hizo, afirma
la CNDH, “sin
una verdadera
indagatoria del
caso” en donde
se incriminaba a
los soldados en
los delitos de
violación
sexual,
allanamiento de
morada y abuso
de autoridad.
La
CNDH también
recomendó al
gobernador René
Juárez Cisneros
iniciar un
procedimiento
administrativo
en contra de los
servidores públicos
adscritos a la
Dirección
General de
Servicios
Periciales de la
Procuraduría de
Justicia del
Estado, por
incurrir en
deficiencias y
omisiones
durante la
integración de
pruebas con las
que se podría
identificar a
los responsables
del delito de
violación.
Rómulo
Reza dijo que
aunque no conoce
en detalle la
primer
recomendación
de la CNDH
dirigida
directamente
gobernador René
Juárez, “si
se encuentra
apegada a
derecho y
debidamente
fundamentada, ésta
debe ser
acatada”.
El
diputado local
comentó que
“aunque como
este tipo de
violaciones
fueron cometidas
en funciones por
los elementos
del Ejército,
el competente
(para
investigar) es
el fuero
militar, pero ahí
la sociedad
civil tiene
dudas de que
haya un juicio
justo y se tiene
más confianza
en las
autoridades
civiles”.
Explicó
que de acuerdo
con el artículo
13 de la
Constitución
federal, al
fuero militar
compete la
investigación
en casos de
delitos de
guerra y para
delitos y faltas
contra la
disciplina
militar.
El
caso de la indígena
violada durante
un patrullaje
militar refuerza
la tesis de que
en tiempo de paz
el Ejército
debe estar en
los cuarteles, aún
cuando ahora
cumple funciones
policiacas. Esto
se ha dado,
explicó, por el
abandono de los
gobiernos en la
seguridad pública,
lo que ha sido
suplido por el
Ejército, y en
regiones como la
Costa
Chica-Montaña
por las policías
comunitarias.
“Por
eso las
comunidades están
creando sistemas
de defensa como
las policías
comunitarias,
porque
consideran que sólo
así darán
seguridad a las
comunidades indígenas
y en la zona de
la sierra. Ahí
la gente se
queja de cuando
van los policías
judiciales o los
militares lo que
cometen son
atropellos,
entonces ante la
falta de la
confianza y
compromiso de
las policías de
erradicar los
delitos en esa
zona es que
entra el Ejército
para ocupar el
lugar de la
policías, pero
eso se tiene que
corregir”.
