* Bloquean una calle del centro de Chilpancingo

 Denuncian sobrevivientes de Aguas Blancas persecución y amenazas

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Viudas, familiares y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas bloquearon ayer la calle Ignacio Ramírez, atrás del Palacio de Gobierno, para exigir una audiencia con el gobernador René Juárez para denunciar el “clima de hostigamiento, persecución y amenazas” que han sufrido en los últimos días.

Encabezados por su abogado José Sánchez, responsabilizaron de esas amenazas al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer “quien ha sido designado coordinador del PRI en la Zona Norte y en Tierra Caliente y en cualquier momento puede dar el zarpazo”, dijo el abogado Sánchez.

Pero además, al conocer que se reabrirán las investigaciones de la masacre del Vado de Aguas Blancas, sobrevivientes y deudos de las 17 víctimas, exigieron ayer aquí que se retome el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se responsabiliza al ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer y en el que esa instancia reconoce que se trató de una ejecución.

Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas entregaron el sábado 15 en Atoyac un documento al fiscal especial para la atención de delitos federales cometidos por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales políticos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, en donde insisten que quien ordenó la masacre fue el ex gobernador Figueroa Alcocer.

Recuerdan que en la masacre participaron más de 500 policías motorizados, judiciales, agentes del ministerio público, agentes de gobernación estatal “y miembros del Ejército como el ex general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro entre otros funcionarios de primer nivel como el entonces secretario de Gobierno de Guerrero, Rubén Robles Catalán, el director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy, el secretario de Seguridad Pública, Rosendo Armijo de los Santos y el procurador Antonio Alcocer Salazar.

También denuncian ante el fiscal especial que “desde que iniciaron las investigaciones estas fueron manipuladas por los ex fiscales Elías Riachi Sandoval, Adrián Vega Cornejo y Alejandro Varela Vidales”, denuncian las víctimas y sobrevivientes.

“Consideramos de suma importancia que se nos tome la declaración sobre los hechos que nos constan y que vivimos el pasado 28 de junio de 1995, cuando como agraviados y testigos presenciales de los hechos, observamos a funcionarios y policías que dieron el tiro de gracia a algunos heridos sobrevivientes”, dicen en su escrito.

El documento lo firman 41 sobrevivientes, viudas y deudos de la masacre de Aguas Blancas quienes exigen que “se consigne la indagatoria al rubro señalada al juez pertinente y se castigue de manera ejemplar tanto a los funcionarios de alto nivel como a Rubén Figueroa Alcocer, así como a otros funcionarios que gozan de impunidad y que han sido premiados con puestos de primer nivel en la actual administración gubernamental”.

Piden, asimismo, “que en esta etapa de investigación le de la importancia a la recomendación de fecha 26 de abril de 1996 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la recomendación del informe 49/97 del caso 11.520 publicado el pasado 30  de septiembre de 1997 por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”.

Los familiares de las víctimas, encabezados por el abogado José Sánchez bloquearon la calle atrás del Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el gobernador René Juárez, para pedirle garantías toda vez que, según denunció el abogado, han sufrido persecución y amenazas en los últimos días.