* Le atribuye
la OIPMT el asesinato de ocho de sus miembros
Descubren
un grupo paramilitar en la región indígena
de Ayutla
*
Representantes de la Organización Independiente de Pueblos
Mixtecos Tlapanecos y de la Organización de Pueblos Indígenas
Me’phaa informaron que el grupo paramilitar opera coordinado
con el Ejército en 20 comunidades para reprimir a los pueblos *
Piden la intervención de la CNDH y la Codehum y del gobierno
federal y estatal para frenar la persecución
Zacarías
Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * La violencia, la represión
y el hostigamiento del Ejército mexicano y grupos de
paramilitares en la región mixteca y tlapaneca de los
municipios de Ayutla y Acatepec, después de la masacre de El
Charco, (el 7 de junio de 1998), ha dejado un resultado de nueve
asesinatos, dos indígenas violadas y decenas de detenciones
arbitrarias, amenazas, así como vigilancia permanente a los
dirigentes.
Un
grupo de indígenas de esa zona que pertenecen a la Organización
Independiente de Pueblos Mixtecos-Tlapanecos (OIPMT) y a la
Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa pidieron ayer en
esta capital la intervención de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), así como del Gobierno
estatal y federal para frenar la persecución en contra de los
indígenas de esta zona.
En
conferencia de prensa, los dirigentes de las dos organizaciones
denunciaron que algunos de estos hechos son cometidos
directamente por efectivos del Ejército mexicano y otros por
miembros de grupos de paramilitares que existen en el municipio
de Ayutla y Acatepec.
Los
dirigentes de la OIPMT, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, Arturo
Campos Herrera y Cutberto Viviano Rodríguez ofrecieron ayer una
conferencia de prensa en donde denunciaron que tras la masacre
de El Charco, la zona indígena mixteca y tlapaneca viene
padeciendo una de las más crudas persecuciones.
Uno
de los últimos acontecimientos fue el ocurrido los días 16,
17, 18 y 19 de enero cuando un grupo de militares irrumpieron en
la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla, en donde
pretendieron obligar a Fortunato Prisciliano Sierra a que
retirara la demanda en contra de los militares que violaron a su
esposa, Inés Fernández Ortega, en marzo del 2002 en esa misma
comunidad,
Pero
la violencia contra los indígenas va más allá; después de la
masacre de El Charco han sido asesinados los indígenas
Donaciano Morales Lorenzo en la comunidad de Ocote Amarillo,
Andrés Marcelino Patrona de El Charco, Catalino Rodríguez de
La Concordia, Severiano Lucas Petra de La Fátima, Francisco
Castro Morales de Coaxtlán San Pedro, Eugenio Librado de
Ocotitlán, Esteban Leobardo de Platanar, Víctor García de
Paraíso y Toribio Morales de Ojo de Agua.
De
todos estos indígenas asesinados, con excepción de Catalino
Rodríguez quien fue muerto a balazos por militares en su casa
de La Concordia, el resto, según los dirigentes indígenas
fueron victimados por integrantes de grupos paramilitares que
operan en la zona.
Los
dirigentes indígenas dijeron que durante las actividades por el
cuarto aniversario de la masacre de El Charco, descubrieron a un
agente de inteligencia militar que se hacía pasar por reportero
en los eventos de su organización. El individuo que firmaba sus
reportes enviados a sus superiores como “Baluarte” y a quien
le recogieron un cuaderno que evidencia sus actividades de
“informante del gobierno”, después fue relacionado con el
soldado del 48 Batallón con sede en Cruz Grande, Onésimo Rendón
Cornelio.
Ambos,
según los dirigentes indígenas, han constituido un grupo de
paramilitares que son los que hostigan a los indígenas,
“sabemos que existen dos paramilitares por cada comunidad y ya
se han constituido en unas 20 de ellas”, dijo el asesor de la
organización Ramírez Rodríguez.
Indicó
que estas personas reciben entrenamiento, dinero y armas y que
son miembros de este grupo quienes están hostigando, amenazando
y en ocasiones asesinando a los indígenas.
Incluso
denunciaron que Onésimo Rendón Cornelio estuvo como soldado
del 48 Batallón en la agresión a los indígenas de Barranca
Tecoani el mes pasado.
Pero
el hostigamiento hacia los indígenas no es solamente a través
del grupo paramilitar, los dirigentes denunciaron que “existe
un patrullaje permanente en las comunidades indígenas por parte
de efectivos del Ejército mexicano quienes han cometido una
serie de arbitrariedades”.
Algunos
de ellos los enumeraron en la misma conferencia de prensa: en el
2000 los militares envenenaron el agua del río de La Concordia;
En ese mismo año en Barranca de Guadalupe detuvieron
arbitrariamente a indígenas, robaron y destruyeron cosechas,
frutas y destruyeron mangueras de riego.
Los
soldados tienen en su poder una “lista negra” en la que se
encuentran los nombres de 15 indígenas tlapanecos de Barranca
de Guadalupe y nueve de Barranca Bejuco, esta última comunidad
del municipio de Acatepec. En sus recorridos por las
comunidades, los militares preguntan por los indígenas e
incluso ha habido amenazas de muerte en contra de ocho de los
indígenas de Barranca de Guadalupe del 2000 al 2002.
Entre
las arbitrariedades de los militares los dirigentes indígenas
mencionaron también la violación de la indígena me’phaa
(tlapaneca) Valentina Rosendo Cantú en Barranca Bejuco,
municipio de Acatepec, en febrero del 2002 y de Inés Fernández
Ortega en Barranca Tecoani en marzo del 2002.
Los
dirigentes de la OIPMT también denunciaron que paramilitares,
policías judiciales del estado y federales mantienen una
vigilancia permanente a Arturo Campos Herrera y Antonio García
Albina, sobre todo en tiempos electorales.
Campos
Herrera dijo que “puntualmente hemos estado denunciando a las
instancias legales correspondientes y ante la opinión pública
estos hechos sin ningún resultado positivo, por el contrario,
el Ejército mexicano ante la resistencia organizada de los indígenas
para que les sean respetados sus derechos humanos ha iniciado
desde hace dos años la restructuración de grupos paramilitares
y son los que han estado hostigando, amenazando, asesinando y,
consecuentemente llegar a la destrucción de la organización
indígena que lucha por el respeto a los derechos humanos”.
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