* Envía carta
a Fox sobre el caso de Barranca Tecoani
Pide
Amnistía Internacional garantías para
indígenas hostigados por militares
*
Demanda que las autoridades civiles investiguen la violación a
una mujer me’phaa el año pasado y los hechos denunciados
contra el Ejército en esa comunidad de Ayutla en enero de este
año
Amnistía
Internacional envió una carta al presidente Vicente Fox, al
procurador Rafael Macedo de la Concha, al secretario de la
Defensa, Gerardo Ricardo Clemente Vega García y al presidente
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Luis
Soberanes, en la que expresa su preocupación por la seguridad
de los indígenas me’phaa Inés Fernández Ortega, su esposo
Fortunato Prisciliano Sierra y otros habitantes de Barranca
Tecoani, municipio de Ayutla, que de acuerdo con sus
testimonios, han sido intimidados por efectivos del Ejército, y
pide que garanticen su seguridad.
En
la carta, que la organización no gubernamental con sede en
Londres envió a otras organizaciones para que se sumen a la
petición, insta a las autoridades a que investiguen los
informes que indican que el 16 de enero, miembros del Ejército
intimidaron y presionaron a Fortunato Prisciliano para que
retirara la denuncia contra soldados que el año pasado violaron
a Inés Fernández.
Asimismo,
instó a que las autoridades civiles, y no las militares, lleven
a cabo una investigación exhaustiva e inmediata sobre la
presunta agresión sufrida por Inés Fernández el 22 de marzo
de 2002, hagan públicos sus resultados y lleven a los
responsables ante la justicia.
Finalmente,
pide a las autoridades del gobierno de México que garanticen
que todas las violaciones graves de derechos humanos cometidas
por las fuerzas armadas sean investigadas por autoridades
civiles.
Según
los informes que recibió Amnistía Internacional (AI), el 16 de
enero de 2003, 22 soldados del 48 Batallón de Infantería
entraron, en Barranca Tecoani.
Cuatro
soldados armados fueron a la casa de Fortunato Prisciliano e Inés
Fernández y, al parecer, durante más de media hora pidieron
reiteradamente que Fortunato Prisciliano retirara la denuncia de
violación que presentaron hace casi un año. El se negó a
hacerlo.
Dos
días después, el 18 de enero, esos mismos soldados se
dirigieron de nuevo a Fortunato Prisciliano, pero éste insistió
en que no iba a retirar la denuncia. Los soldados entonces
acamparon cerca de la comunidad durante diez días, intimidando
y acosando, según los informes, a los habitantes.
Justicia
civil, no militar
Amnistía
Internacional señala que “la presunta violación tuvo lugar
el 22 de marzo de 2002, cuando, según indican los informes,
tres soldados entraron en la casa de Inés Fernández y
Fortunato Prisciliano en Barranca Tecoani. Los informes indican
que los soldados apuntaron con sus armas a Inés Fernández y le
dijeron que buscaban a su esposo. Al no encontrarlo, parece ser
que los tres soldados violaron a Inés.
“Desde
que denunciaron la violación ante el Ministerio Público en
marzo de 2002, Fortunato Prisciliano e Inés Fernández no han
sido informados de ninguna acción emprendida por las
autoridades. Los médicos que examinaron a Inés Fernández aún
no han entregado su informe.
Según
los informes, la Procuraduría General de Justicia Militar ha
asumido la investigación de esta denuncia.
AIplantea
que “lleva muchos años haciendo campaña para que las
violaciones graves de derechos humanos presuntamente cometidas
por el Ejército sean juzgadas por los tribunales civiles, pues
considera que es la única manera efectiva de garantizar que se
llevan a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales e
inmediatas y que los responsables comparezcan ante la
justicia”.
Fuerte
presencia militar en Guerrero
En
el documento se indica que no es el primer caso de intimidación
y presunta agresión sexual por parte de personal del Ejército
en el estado de Guerrero que AI ha documentado en el último año.
En
marzo de 2002, la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú
fue golpeada y agredida sexualmente, según los informes, por
miembros del Ejército mexicano cerca de su casa en el pueblo de
Barranca Bejuco, municipio de Acatepec.
La
Procuraduría de Justicia Militar también se hizo cargo de la
investigación, pero según los informes, no ha habido ningún
progreso.
Informa
AI que “en muchas partes del estado de Guerrero existe una
fuerte presencia militar, teóricamente destinada a combatir a
los grupos armados de oposición y a los narcotraficantes. Esto,
junto con la presencia de grupos armados de oposición, ha
contribuido a la grave situación de los derechos humanos
existente en el estado.
“A
lo largo de los años se han recibido informes constantes sobre
violaciones de derechos humanos, incluidas tortura y ejecuciones
extrajudiciales, cometidas por soldados.
“El
sistema de justicia militar que investiga y juzga estos casos prácticamente
garantiza la impunidad de los responsables.
“En
la última década ha habido varios informes de agresión
sexual, especialmente contra mujeres indígenas, por parte de
personal militar. En prácticamente todos los casos, las
autoridades militares mantienen la jurisdicción y los
responsables gozan de impunidad”.
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