* Conclusión del foro estatal para la tipificación de ese delito

 Seguirá la impunidad si no hay una ley especial contra la desaparición forzada

 * Familiares, organismos civiles y la Codehum dieron testimonios de hechos que constituyen ese ilícito y no han sido castigados en Guerrero  

Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo Ante el riesgo de que los responsables de desapariciones forzadas “queden en la impunidad” los asistentes al Foro Estatal para la Tipificación de la Desaparición Forzada de Personas como Delito, concluyeron que “es imprescindible aprobar una ley especial en este asunto, y no sólo hacer algunas modificaciones al Código Penal”.

Cerca de la 10 de la mañana en la sala de los gobernadores del  Instituto Guerrerense de la Cultura (IGC) dio inició el Foro, en el que participaron organismos civiles de derechos humanos y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum).

Ahí el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, dijo que con los organismos civiles de derechos humanos “nos hemos unido para promover la tipificación del delito, ya que hay un vagaje en los documentos que han sido aceptados por nuestro país y que han sido recogidos de los organismos internacionales como la Comisión Interamericna de Derechos Humanos”.

Alarcón Hernández se refirió luego a la iniciativa de ley que recién entregaron  en conjunto con la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez así como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan “para pedir que se incluya como delito la desaparición forzada en el Código Penal.

Recordó que el organismo que preside emitió en 2002 una recomendación, la 19, a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por la desaparición de nueve personas en la que se vieron involucrados policías judiciales y comandantes.

Insistió el ombudsman en que es necesaria la aprobación de la iniciativa de ley sobre la desapariciones forzadas porque en el “pasado Guerrero fue un prodigio de este delito y hoy la justicia es reclamada todos los días por el pueblo”.

Ese delito, dijo Alarcón Hernández, debe “estar destinado a los servidores públicos, agentes, jefes y comandantes  de la Policía Judicial, por que son ellos quienes participan en la detención”.

En el foro se encontraban la representante de la Red Guerrerense, Silvia Castillo Salgado; del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera; del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Aurora de la Riva Copete; los consejeros de la Codehum, Leoncio Domínguez Covarruvias, Paulino Varlverde; en representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez, Miguel Barreto Cedeño; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado,  Rómulo Reza. 

También estuvieron el dirigente del Movimiento Estudiantil del 68, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca; el consejero nacional del PRD, Ramón Sosamontes; el ex desaparecido Antonio Hernández; así como el ex militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Mario Ramírez.

Testimonios de familiares

Luego de la inauguración del foro por el presidente de la Codehum, familiares de desaparecidos dieron su testimonio. Comenzó la esposa de Faustino Jiménez Álvarez, Enedina Cervantes Álvarez –originarios de Tierra Colorada– quien relató que “mi esposo fue detenido la madrugada del 17 de junio del 2001, por elementos de la Policía Judicial”.

Entre lágrimas, con un nudo en la garganta y ante la presencia del ahora magistrado Miguel Barreto Cedeño –quien fungía como subprocurador de Justicia de la PGJE cuando la Codehum emitió la recomendación 019/2002–, Cervantes Alvarez señaló que “se lo llevaron, y desde entonces ni mis hijas, ni yo sabemos nada, y ante la incertidumbre en que vivimos hemos llegado al momento en que hemos intentado quitarnos la vida”.

Denunció ante unos 100 asistentes que debido a su constante exigencia de justicia y por la aparición de su esposo, “hemos recibido llamadas de intimidación, pero creo que es urgente que se tipifique la desaparición forzada como delito, quiero justicia”.

Luego tocó el turno a Rogaciano Rojas  Ciprés, padre de Joel Rojas Rojas, de quien dijo que fue detenido el 28 de noviembre de 1999, por un grupo de judiciales en Atoyac acusado de secuestro y desde entonces “no sabemos nada de él, hemos acudido a diferentes instancias judiciales pero nadie nos dice nada, al contrario recibimos maltrato”.

Rojas Ciprés pidió “justicia” para el caso de su hijo y “si no, que nos den la oportunidad a nosotros para resolverlo”.

Hay un vacío legal: Tlachinollan

Enseguida iniciaron las ponencias con el Abogado Especialista, Robert Varenik quien dijo que la desaparición forzada “es un delito grave considerado de lesa humanidad”, por lo que si no se le legisla en esta materia advirtió “vamos a tener una puerta abierta a los abusos, es imprescindible aprobar una ley especial”.

Pidió que se acorten los plazos para la presentación de presuntos responsables de algún delito –que es de 72 horas–, ya que eso “es un factor de riesgo para la desaparición forzada, el cual es un crimen integral, complejo y continuo”. 

En su participación el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, dijo que la detención arbitraria se ha considerado hasta hoy como “un delito impune” por lo que indicó que “es necesario volver la mirada hacia las víctimas, ya que hay una evidente violación a los derechos humanos”.

Lugo Cortés señaló que dentro de la Codehum existe un Comité para la desaparición involuntaria de personas que preside él y tres consejeros de ese organismo, con el objetivo de “localizar a las personas desaparecidas” y precisó que a la fecha “hemos detectado 17 casos de personas que fueron desaparecidas, entre ellas Mauro Díaz Cevallos –policía judicial de Zihuatanejo– y Santana Poblete Nieves de Coyuca de Benítez”.

Por su parte el coordinador del Programa de Defensa Integral de los Derechos del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Mario Ernesto Patrón Sánchez, aseguró que en cuanto a la desapariciones forzadas “existe un vacío legal”.

Destacó que debido a las desapariciones forzadas que de inicio “son arbitrarias y se violan los derechos humanos, se necesita una regulación especial en donde se considere la continuidad del delito, ya que no sólo se requieren algunas reformas al Código Penal”.

La segunda ronda de ponencias se abrió con la representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Aurora de la Riva Copete, quien resaltó  que “si no se tipifica el delito –de desaparición forzada– seguirá la impunidad” en Guerrero e insistió también en que “no existe una legislación adecuada”.