* Injustificada presencia del Ejército en zonas indígenas, dice la ONG

Ante el Barco de la Paz, de Japón, la masacre de El Charco y Aguas Blancas

* Unos 250 jóvenes japoneses llegaron ayer a Acapulco, por mar, y asistieron a un foro con organizaciones sociales que denunciaron violaciones a los derechos humanos en Guerrero

Ossiel Pacheco * La organización no gubernamental japonesa El Barco de la Paz culpó al gobierno de México de la violación sistemática de los derechos humanos en las comunidades indígenas pues mantiene de manera injustificada la presencia del Ejército federal, de los cuerpos policiacos y de grupos paramilitares en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Ante unos 250 jóvenes que conforman esta ONG que llegaron la mañana de ayer al puerto de Acapulco en el buque Peace Boat, dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT) expusieron los casos de las matanzas de Aguas Blancas y El Charco.

Provenientes de Japón, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Venezuela, Corea del Sur y Nueva Zelanda, los integrantes de la ONG Barco de la Paz, en un salón del hotel Las Hamacas, escucharon testimonios de los sobrevivientes de las matanzas de Aguas Blancas, de El Charco y de los ex presos políticos Ericka Zamora Pardo, Efrén Cortés Chávez, Virginia Montes, Benigno Guzmán Martínez, Bertoldo Martínez, Arturo Gallegos y José Sánchez.

El Barco de la Paz, es una ONG fundada en 1983 por un grupo de estudiantes japoneses, que promueve la paz, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo sustentable y la protección al medio ambiente, mediante la educación y el intercambio de experiencias con personas de todo el mundo y la cooperación con las ONG de los cinco continentes.

En abril de este año, esta ONG obtuvo el estatus consultativo del Comité Económico y Social (Ecosoc, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que le permite atender como observador en las conferencias que lleva a cabo este organismo mundial.

En un manifiesto, los intetgrantes de esta ONG dicen estar preocupados por la situación de pobreza y marginación en que viven los pueblos indígenas de México y reconocen la lucha que estos pueblos han emprendido para mejorar sus condiciones de vida por el reconocimiento de sus derechos como pueblos indígenas.

Asumen el compromiso de mantenerse atentos a lo que ocurra en la lucha por el reconocimiento de los pueblos indios de México y a llevar las denuncias y testimonios a todos los foros posibles para que sean conocidos por los ciudadanos y gobiernos de los diversos países.

Con el lema Paz con justicia y dignidad para todos los pueblos indios de México llevaron a cabo un foro en Acapulco, puerto al que arribaron ayer en el barco que transporta 650 pasajeros para conocer los testimonios de la violación sistemática de los derechos humanos en diversas comunidades de la entidad, en presencia de organizaciones sociales locales.

De acuerdo al itinerario, hoy visitarán el municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica, donde escucharán los testimonios de las viudas y sobrevivientes de la masacre de El Charco, de los mixtecos esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud y de las indígenas me´paa violadas por militares.

El integrante del Comité Ejecutivo del Barco de la Paz, Nohira Shinsaku, primero en intervenir en el foro, dijo que esta ONG vino a Guerrero para conocer sobre todo la violación de los derechos humanos en las comunidades indígenas, “testimoniar sobre la situación que están viviendo los indígenas para cambiarla, con la solidaridad de la comunidad internacional”.

Y expuso que en Japón, la tribu Ainus era discriminada, pues hasta 1996 ese país asiático tenía una ley discriminatoria hacia ese pueblo, pero con la solidaridad internacional lograron cambiar las leyes para la preservación de las culturas y costumbres de esa tribu.

Shinsaku, traducido al español por la también integrante del Comité Ejecutivo de la ONG japonesa Namy Yamamoto, reconoció que todavía el gobierno de Japón no reconoce todos los derechos de esa tribu, por lo que todavía “están en condiciones vulnerables”.

Sostuvo que al tener conocimiento de las masacres de Aguas Blancas y El Charco, “nos ha sorprendido mucho”, así como la situación que se vive en Chiapas, donde los indígenas han tomado un paso más por el movimiento iniciado por el EZLN, aunque lamentó que todavía no están en ejecución los acuerdos de San Andrés Larrainzar.

El coordinador de la OIPMT, Arturo Campos Herrera, dijo que la masacre de El Charco fue la respuesta del gobierno a la organización de los pueblos indígenas y que no hay la voluntad política del presidente de la República, Vicente Fox Quesada, para hacer justicia y castigar a los responsables del asesinato de 11 mixtecos perpetrado por el Ejército la mañana del 7 de junio de 1998.

“Estamos exigiendo que se haga justicia, castigo a los culpables, indemnización para los familiares de las víctimas. Hemos visto que después de la masacre de El Charco el Ejército ha aplicado un plan de contrainsurgencia, se desencadenó una serie de asesinatos políticos en contra de dirigentes sociales a manos de grupos paramilitares”, expuso.

Denunció que hay una campaña de exterminio por parte del gobierno en contra de los indígenas, pues hay 200 casos de mixtecos que fueron esterilizados de manera forzada y bajo engaños por la Secretaría de Salud, aunque sólo han sido denunciados 18 casos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Dio a conocer los casos de las indígenas me’paa (tlapanecas) Valentina Rosendo Cantú, de la comunidad de Barranca Bejuco e Inés Fernández Ortega, de Barranca Tecuani, violadas por militares, así como la represión y hostigamiento de que son objeto dirigentes sociales por parte del Ejército y cuerpos policiacos a raíz de la denuncia de estos casos.

Ejemplificó con el caso de la dirigente de la OIPMT, Otilia Eugenio Manuel, a quien han llegado anónimos con amenazas de que va a ser aprendida, inclusive citándola en el restaurante El Salto, por lo cual se dieron cuenta de que las amenazas provenían de agentes de la Policía Judicial del Estado, “unos esperándola dentro del restaurante, otros afuera en vehículos con vidrios polarizados y sin placas”.

Campos Herrera dijo que la OIPMT está exigiendo que la matanza de El Charco la investigue la justicia civil y no un Ministerio Público Militar, como sucede en este momento porque nunca se van a castigar ellos mismos.

Un testimonio de la matanza de El Charco

En tanto, el sobreviviente de la masacre de El Charco, Alfonso Oliva Morales, originario de El Platanar, municipio de Ayutla de los Libres, narró los sucesos ocurridos la madrugada del 7 de junio de 1998, mientras pernoctaban en la escuela primaria de la localidad, “fuimos despertados por las balas y las granadas que los militares del Ejército nos tiraron”.

“Nos encontrábamos ahí después de una reunión donde tratamos formas que nos permitieran mejorar nuestro nivel de vida que es de extrema pobreza en el más criticable olvido en que nos ha mantenido el gobierno mexicano, se nos informaba de programas como son el Progresa, Procampo, porque buscábamos programas de obra social, así como formas para prevenir enfermedades que son curables y que por falta de atención médica mueren muchos hermanos”, recordó.

Dijo que estos fueron los temas tratados en la asamblea que llevaron a cabo el 6 de junio de 1998, un día antes de la matanza, pero que la razón por la cual decidieron pernoctar ahí se debió a que muchos de los participantes provenían de comunidades retiradas.

“Eran las 6:30 de la mañana, el claro del día empezaba, nosotros les gritábamos que no nos tiraran más balas ni granadas, que no estábamos armados y que íbamos a salir con las manos arriba. Inmediatamente después que salimos nos pidieron que nos tiráramos al suelo y empezaron a matar a los primeros sólo por levantar la cara. Al mismo tiempo mataron a los que apenas se tiraban al suelo boca abajo”, contó.

Esta acción “vil y cobarde” del Ejército –dijo– dio como saldo 11 mixtecos muertos, así como cinco heridos, “los demás fuimos detenidos, primero nos trasladaron a los cuarteles militares de Cruz Grande y Acapulco, donde nos torturaron, nos taparon los ojos, nos golpearon, nos dieron toques eléctricos y nos taparon la cara con bolsas de plástico para obligarnos a decir que éramos del grupo armado y después nos trasladaron al Cereso de Acapulco”.

La masacre de Aguas Blancas y más represión

Por su parte la indígena Andrea Eugenio, de la comunidad de Barranca de Guadalupe, en la región me’paa (tlapaneca de Ayutla de los Libres) expuso de manera breve los casos de Valentina Rosendo Cantú, de la comunidad de Barranca Bejuco e Inés Fernández Ortega de Barranca Tecuani, violadas por militares.

* Aboga por la autonomía de los pueblos indígenas

El Barco de la Paz difundirá en Japón las violaciones a las garantías en Guerrero

Ossiel Pacheco * El integrante del Comité Ejecutivo de la ONG El Barco de la Paz Nohira Shinsaku informó que de los testimonios que recaben en Guerrero van a integrar un reporte que darán a conocer en Japón mediante la publicación en medios impresos, así también lo van a difundir en la página web de esta organización.

Shinsaku entrevistado ayer durante el foro Paz con justicia y dignidad para todos los pueblos indios de México, en el hotel Las Hamacas, adelantó que Peace Boat también va celebrar un acto para difundir de manera internacional estos casos en los diversos países que recorren.

Traducida por la también integrante del Comité Ejecutivo de esta ONG, Namy Yamamoto, Shinsaku descartó hacer algún planteamiento al gobierno mexicano sino que sería consultando a los jóvenes como se tomaría esta decisión, pero que lo importante “es dar a conocer lo que estamos haciendo por medio de este foro”.

Señaló que Peace Boat tiene conocimiento de dos casos como las matanzas de El Charco y de Aguas Blancas, pero que además vienen a Guerrero a escuchar los casos de las detenciones injustas y también de tensiones políticas que hay.

“Nosotros consideramos un problema el que las comunidades indígenas no tengan la autonomía para poder decidir las reglas y la justicia entre los mismo pobladores de las comunidades que ellos habitan”, dijo.

Dijo tener un panorama amplio sobre la violación de derechos humanos en México como para comparar bien el caso de Japón, “en el caso de Japón el gobierno considera a las tribus como una cultura no viva, sino como algo que se tiene que mantener como museo para mostrarse ante otros”.

“En Peace Boat creemos que la cultura indígena debe estar viva, según lo que ellos viven, el gobierno tiene la obligación de mantener viva su cultura para poder reflejarse en la vida propia de todos los japoneses, que no este considerando a sus indígenas es un gran problema, así nosotros los consideramos”, opinó.

Shinsaku informó que en Japón hay 25 mil personas de una tribu la Ainus, pero no son tomadas en cuenta, no hay cifra no se conoce como la situación de indígenas pero son discriminados sobre todo en los casos para buscar una oferta laboral.

“Los casos en Guerrero a mí me gustaría estar siempre atento, acerca de ellos, mediante las conferencias que nos ha dado Higinio Muñoz, mañana (hoy) iremos a visitar otra comunidad en Ayutla de los Libres y este foro es importante. Nosotros vamos a tener una información correcta, esperamos seguir trabajando y estar atentos”, finalizó.