* Sigue la violación sistemática a los derechos: Abel Barrera

Contra el Ejército, la mayoría de las denuncias ante Amnistía Internacional

Maribel Gutiérrez * Tres funcionarios de Amnistía Internacional del equipo para América Latina: Rupert Knox, Kerrie Howard e Ignacio Saiz, recabaron ayer en Acapulco denuncias y testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos que trataron cinco casos, de los cuales cuatro tienen como autoridad responsable de las violaciones a efectivos del Ejército y una a ex directores y ex comandantes y agentes de la Policía Judicial del Estado.

Este martes, primer día de trabajo en Guerrero, acudieron a presentar sus quejas campesinos de Petatlán, indígenas de Ayutla y familiares de presos políticos, de ecologistas perseguidos y de desaparecidos recientemente. Los asistentes informaron sobre sus denuncias antes de exponer sus historias, a puerta cerrada, ante los representantes de Amnistía Internacional y miembros de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, encabezados por el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

La dirección de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, por medio de su presidente, Juan Bautista Valle, habló del hostigamiento a las comunidades por tropas del Ejército, que protegen la explotación de los bosques y a los caciques. Dijo que desde hace una semana las tropas se encuentran en El Rincón del Refugio, ejido de San José de los Olivos, donde habitan cinco campesinos ecologistas que tienen órdenes de aprehensión, y temen ser detenidos por los soldados.

También acudieron familiares de presos ecologistas, de miembros del Comité de Presos Políticos y de Conciencia de Acapulco, y de perseguidos por el Ejército en la sierra de Petatlán.

Acudieron cuatro de las vuidas de la masacre de El Charco, acompañadas por dirigentes de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos.

De la misma Organización se presentaron las indígenas me’paa que fueron violadas por soldados, Velentina Rosendo Cantú, de la comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, e Inés Fernández Ortega, de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres.

Las jóvenes estuvieron acmpañadas por el dirigente de la Organización, Arturo Campos Herrera, y por la coordinadora de la región me’paa, Otilia Eugenio, que igual que las mujeres violadas ha sido amenazada por militares a raíz de las denuncias.

Asimismo, el comisario de Barranca Bejuco, Ezequiel Sierra Morales, llevó el caso de su comunidad, amenazada por el ayuntamiento de Acatepec con desconocerla y retirar el sello a las autoridades con motivo de las mismas denuncias contra el Ejército.

“El presidente municipal de Acatepec (Jerónimo Godoy) dijo en una reunión de cabildo el 27 de mayo que no es cierto que violaron a Valentina y que nosotros nada más andamos calumniando a los militares”, explicó.

Informó que la comunidad, compuesta por 287 habitantes, demanda que se respete su existencia, y exige castigo a los militares que violaron a las mujeres y la salida de las tropas de la región, que actualmente se encuentran en un retén en Mesoncillo.

De los casos de nueve desaparecidos recientes asistieron los familiares de Faustino Jiménez Alvarez, desaparecido desde el 17 de junio de 2001 en Tierra Colorada, y la esposa de José Rodríguez Román, Patricia Acaraz, desaparecido en Tixtla el 6 de julio de 2000.

Abel Barrera informó que Amnistía Internacional determinó venir a Guerrero (además del DF, Oaxaca y Chiapas) porque aquí se mantiene un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, hostigamiento a las comunidades indígenas y amenazas a defensores de derechos humanos.

Este miércoles, los represnetantes de Amnistía Internacional y de la Red Guerrerense darán una conferencia de prensa sobre los trabajos.

Amenazas contra mujeres me´paa

Otilia Eugenio, de 18 años, coordina el trabajo de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos (OIPMT) en la región me’paa (tlapaneca). A raíz de las denuncias contra soldados del 41 Batallón de Infantería, por violaciones sexuales a Valentina Rosendo Cantú y a Inés Fernández Ortega, ha sido amenazada por soldados y por un agente de inteligencia militar.

Estas amenazas se suman al hostigamiento del Ejército y policías judiciales del estado contra su comunidad, Barranca de Guadalupe, desde el año 2000, que no han parado.

“Por las denuncias que hicimos de Inés andan atrás de nosotros, vigilándonos, y desde el 7 de junio me han llegado anóminos, me citan a un lugar, me amenazan de muerte, dicen que van a acabar conmigo, y si no me entrego yo van contra mi familia”.

Informa que los últimos días de mayo, un agente de inteligencia militar, que el 7 de junio fue localizado en El Charco, en el cuarto aniversario de la masacre, subió a su comunidad, en la región me’paa, y le dijo que los militares denunciados como responsables de las violaciones a Valentina y a Inés se iban a vengar de las tres. Otilia ha sido la traductora de los testimonios de las mujeres violadas del idioma me’paa al español.

Castigo a los militares responsables de la masacre de El Charco

Cuatro vuidas de la masacre de El Charco: Juana Morales Guadalupe, esposa de Honorio García Lorenzo y madre de cinco hijos; María Abarca Modesto, viuda de Mauro Morales Castro, madre de 8 hijos; Caltalina Leobardo Aurelia, esposa de Fernando Félix Guadalupe, con seis hijos y Margarita Joaquina Castro Morales, viuda de Mario Chávez Morales, con seis hijos, vinieron a exponer su demanda de justicia.

En idioma mixteco, expuso María Abarca: “Queremos que se castigue a los responsables de los asesinatos de El Charco, porque a los cuatro años no se ha hecho nada, ni se ha dicho quiénes son los culpables”.

Las cuatro viudas explican que en cuatro años, el gobierno no ha dado una indemnización a las familias afectadas, sólo les ha dado algunas migajas, de 3 mil o 5 mil pesos, que no les sirven para las necesidades de sus hijos que se quedaron huérfanos.

María dice que las familias de los muertos han sufrido en estos cuatro años, y también las familias de los presos.

Juana Morales dice que vino a la reunión con Amnistía Internacional porque tiene confianza en que sí se puede hacer justicia, si ellos (las ONG) exigen al gobierno federal que se retome el caso de El Charco.

Hostiga el Ejército a las comunidades ecologistas de la sierra de Petatlán

El presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Juan Bautista Valle, dijo: “Venimos a dar a conocer el hostigamiento del gobierno (el Ejército) a las comunidades de la parte media de la sierra, y también los casos de los presos y los perseguidos que tienen órdenes de aprehensión”.

Señaló que también habló del asesinato de la abogada Digna Ochoa, y le preguntaron si sabía quién es el autor del crimen, y contestó que no sabe, pero que piensa que el responsable está en el gobierno, que es como la matanza del 68, y otros casos de defensores, porque a los que defienden al pueblo los matan.

Afirmó que en la sierra sigue la alianza de los madereros con el Ejército, y que las tropas protegen la salida de la madera, como en Vallecitos de Zaragoza, donde siguen sacando mucha madera con protección de militares.

Dijo que nueve campesinos ecologistas tienen orden de aprehensión; “por defender los bosques los caciques los acusan de que son tapados”, es decir guerrilleros, “cuando en esas comunidades no hay guerrilla y la lucha de los ecologistas siempre ha sido legal”.

“Los militares llegan con el pretexto de destruir enervantes, pero se pasan cerca de las casas, porque en esa región, de los ejidos de La Botella y San José de los Olivos, no hay narcotráfico. Señaló que actualmente hay tropas en El Rincón del Refugio, a donde llegaron hace diez días, y preocupa a los habitantes porque en ese lugar vive la mayoría de los que tienen orden de aprehensión.

Asistieron también a la reunión con Amnistía Internacional familiares de los presos ecologistas y presos políticos, Julia Ayala Arellano, esposa de Alfredo García Torres; Gloria Vida Santana, de Omar Guerrero Solís; Amada Landeros, de Pilar Martínez Pérez; Lucía Villaseñor, de Moisés Martínez Torres, y el papá de Francisco Ramírez Santana. Además, Praxedis Torres Chavarría, mamá de Roberto Cabrera Torres, uno de los ecologistas perseguidos.

Judiciales en desapariciones forzadas

Enedina Cervantes Salgado y Enedina Alvarez González, esposa y madre del desaparecido Faustino Jiménez Alvarez, llevaron la denuncia en la que aparecen como responsables de la desaparición forzada directamente el comandante de la Policía Judicial del Estado Fidel Morales Vargas y el jefe de grupo Manuel de Jesús Noriega.

Con su abogada, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Matilde Pérez, expusieron que a pesar de las denuncias en las procuradurías del estado y federal no se ha investigado para determinar quiénes son los responsables de esta desaparición, desde el 17 de junio de 2001, relacionada con el secuestro del empresario y líder cetemista en Acapulco José Valle Alvarez, y en la que tuvieron que ver los hermanos del plagiado, entre ellos Raúl Valle, informan.

Patricia Alcaraz Abarca es esposa del desaparecido José Rodríguez Román, comerciante de Tixtla que fue detenido el 6 de julio de 2000 por agentes de la PJE al mando del comandante Fortunato zamora paz, actualmente prófugo.

En un primer momento, explica, ella pensó que era un secuestro, y los supuestos plagiarios la hicieron pagar 200 mil pesos por el rescate. pero después se supo que había sido detenido por la udicial del Estado, con el pretexto de que era sospechoso de ser secuestrador del empresario Raúl Astudillo.

Dice que desde el principio, el la procuraduría de Justicia del Estado sabían que José Rodríguez Román estaba detenido, y le ocultaron la información a la familia.

“No investigan nada, no agarran a nadie, hay corrupción, porque están involucrados”, afirma Patricia Alcaraz, como síntesis de la actuación de las autoridades en dos años.