La
Ultima Estrella
Boletín
del Grupo de
Familiares y
Amigos de Presos
Políticos en México
Volumen
1. No.1
Junio-Julio
de 2003
En
este boletín
usted encontrara
un análisis
sobre la situación
actual de
derechos humanos
en México, así
como la
actualización
del caso de
cuatro presos
políticos, un
resumen de los
eventos en los
que el GFAPPM
tuvo participación,
y un sumario de
noticias de
derechos humanos
en México.
Introducción
El
Grupo de
Familiares y
Amigos de Presos
Políticos en México
(GFAPPM), se
complace en dar
la bienvenida al
lector de
nuestro primer número
de este Boletín
Informativo.
Nos da
gusto poder
concretar este
proyecto que habíamos
planeado desde
hace tiempo, el
cual se propone
denunciar y
educar sobre la
situación de
derechos humanos
en México, en
particular, de
la existencia de
cientos de
presos políticos,
su lucha, sus
condiciones de
encarcelamiento,
su situación
jurídica, y la
impunidad y la
cerrazón del
estado mexicano.
También
buscamos
construir lazos
de solidaridad
entre nuestros
lectores y la
lucha por la
libertad de los
presos políticos
mexicanos.
Esperamos
que este boletín
pueda ser un
material de
referencia y
estudio que
sirva para
aquellas
personas que se
indignen ante
las violaciones
a los derechos
humanos
cometidas
globalmente.
El
GFAPPM se formo
a raíz de las
detenciones
arbitrarias,
secuestro y
tortura de
Jacobo Silva
Nogales, Gloria
Arenas Agis,
Fernando Gatica
Chino y
Felicitas
Padilla Nava.
Si bien
este proyecto
pondrá especial
atención en
estos cuatro
presos políticos,
nuestra aspiración
es crear un
espacio más en
donde quepa la
voz que ha
querido ser
acallada por el
sistema mexicano
y que grita:
¡
J u s t i c i a
!
Analisis
Ante
el alarmante
incremento de la
violencia
estructural en México,
nos proponemos
aportar al
entendimiento de
los procesos políticos
y sociales que
nos oprimen a
los mexicanos, y
con ello
buscamos
promover la
solidaridad
nacional e
internacional
para con el
pueblo mexicano.
A
pesar de la
fanfarroneante
voz del
presidente
Vicente Fox
quien grita a
los cuatro
vientos que en México
ya todo está
mejor y que en
quince años ya
no habrá
pobres,
la guerra
sucia que se está
viviendo en el
país sostiene
los procesos de
acumulación
capitalista en
su presente fase
neoliberal y
cobra cada día
más victimas.
La
militarización
se ha vuelto
parte de la vida
cotidiana en las
regiones más
pobres del país.
Se han
multiplicado las
denuncias de
acosos cometidos
por el ejército
mexicano en
retenes
militares
instalados en
caminos y
carreteras, en
donde la gente
es obligada a
bajarse de sus
transportes, se
les revisa, se
les pregunta a
donde van y a
que se dedican,
se les pide su
identificación,
y sus nombres
son buscados en
‘listas
negras’ que
tienen los
soldados. Los
campamentos
militares
instalados
principalmente
en comunidades
indígenas y en
aquellos lugares
donde existe
organización
independiente,
alteran la vida
cotidiana.
Las
mujeres no salen
ya solas a lavar
al río pues se
han suscitado
casos de
violaciones a
muchachas por
parte de los
militares.
Los
campesinos ya no
pueden ir a
trabajar por
temor a ser
desaparecidos,
detenidos o
torturados, con
el pretexto de
pertenecer a
grupos
guerrilleros.
La pequeña
niña indígena
frente a un
tanque militar
se ha vuelto una
escena muy
familiar en las
comunidades
campesinas de
nuestro país.
Esta
militarización
se pretende
esconder bajo
nuevos nombres y
nuevos
uniformes, ahora
se llaman
Agencia Federal
de
Investigaciones
(AFI –
cualquier
semejanza
con fuerzas
gringas es pura
coincidencia),
Policía Federal
Preventiva (PFP)
o Unidad
Especializada
contra la
Delincuencia
Organizada
(UEDO).
Ya lo
dice el dicho
popular:
“ahora nos
presentan al
mismo gato pero
revolcado”.
De
acuerdo al artículo
129 de la
constitución
mexicana, en
tiempos de paz,
ninguna
autoridad
militar puede
ejercer más
funciones que
las que tengan
exacta conexión
con la
disciplina
militar, y sólo
puede permanecer
en los
cuarteles, que
fuera de las
poblaciones,
establezca el
congreso de la
unión.
Esto nos
deja sólo dos
posibles
conclusiones:
primera, que
como dice el
Foxismo, estamos
en tiempos de
paz, y por lo
tanto el hecho
de que el ejército
esté en las
comunidades es
un acto
claramente
anticonstitucional
o, segunda, que
el ejército ha
declarado una
guerra al pueblo
mexicano, y esto
explicaría la
militarización.
El hecho es que
las
autodenominadas
‘fuerzas de
seguridad’
siguen
torturando,
despareciendo
personas y
hostigando a
luchadores
sociales, y
lejos de
salvaguardar la
soberanía
nacional cumplen
la función de
policía política.
En los últimos
meses, numerosas
organizaciones
civiles han
registrado un
incremento en
las violaciones
a los derechos
humanos.
La Liga
Mexicana de
Promoción y
Defensa de los
Derechos Humanos
(Limeddh) reportó
en su más
reciente informe
290 casos de
detenciones
arbitrarias.
La
organización
Acción de los
Cristianos para
la Abolición de
la Tortura
(ACAT) reportó
27 casos de
desapariciones
forzadas y más
de 200 casos de
tortura en lo
que va de la
administración
de Fox.
Las
organizaciones
De la Montaña
Tlachinollan y
el Centro Miguel
Agustín Pro Juárez
indicaron que en
México primero
se detiene y
luego se
investiga.
Uno de
los casos
recientes más
sobresalientes
es el del
secuestro y
tortura de seis
adultos mayores
de setenta años,
detenidos
arbitrariamente
por la UEDO en
Tecoanapa y
Ayutla,
Guerrero,
quienes
actualmente se
encuentran
arraigados,
acusados de ser
secuestradores y
militantes del
Ejército
Revolucionario
del Pueblo
Insurgente
(ERPI).
Si la
avanzada edad de
los seis
detenidos no
fuera suficiente
prueba de la
ridiculez de los
delitos
imputados, el
ERPI enseguida
emitió un
comunicado
desmintiendo la
versión de las
autoridades.
Otro
ejemplo claro es
el desalojo
violento,
ordenado por el
gobernador José
Murat en la
ciudad de
Oaxaca, de un
contingente de
trabajadores que
exigía la
libertad de su líder
Oliverio Neri,
el cual dejó un
saldo de 21
desaparecidos,
21 heridos, y
cuatro
detenidos.
La ley
del garrote ha
sido la
respuesta
favorita del
estado mexicano
(cualquiera que
sea el color del
partido en el
poder).
La lucha
social del
pueblo mexicano
es criminalizada
mediante leyes
absurdas como la
recién aprobada
‘ley
antibloqueos’
en Guerrero, que
castiga con dos
a diez años de
cárcel a
quienes
obstruyan las vías
de comunicación,
la cual ya está
siendo aplicada
selectivamente
para detener a
luchadores
sociales.
El
gobierno, en
lugar de darle
solución a los
problemas de la
población
–invirtiendo
en salud,
educación, o
apoyos
productivos para
el campo– le
apuesta a la
violencia de
estado, como si
el hambre se
quitara a
palazos. Una
clara muestra de
lo anterior, es
la existencia de
cientos de
luchadores
sociales
injustamente
encarcelados.
Sin
embargo, ya no
hay por qué
preocuparse, ya
que el gerente
de México
Vicente Fox,
asegura que hoy,
3 millones 400
mil mexicanos
han salido de
pobres.
El
discurso
mercantilista
que Fox nos
pretende vender
a los mexicanos
y al mundo se
aleja cada vez más
de la realidad
social mexicana,
creando una
construcción
imaginaria que
muchos han
atinado en
llamar
‘Foxilandia’
– un
paradisíaco
lugar en donde
no sólo hay
menos pobres,
sino que ya no
existen presos
políticos, se
respeta la
autonomía indígena
y ya no se
violan los
derechos
humanos.
Sin
embargo, la
realidad es
otra.
Mientras
que el gobierno
ya ha aprobado
leyes de amnistía
(amañadas) como
las de Guerrero
y Oaxaca, el número
de presos políticos
mexicanos va en
aumento.
Este tipo
de leyes
pretenden
confundir a la
opinión pública
ya que contienen
artículos que
hacen imposible
la liberación
de aquellos
presos a quienes
dicen
beneficiar, como
en el caso de
Guerrero en
donde dicha ley
no incluye a los
presos políticos
acusados de
delitos graves,
tales como
homicidio y
secuestro, es
decir, casi
ninguno de ellos
obtiene su
libertad porque
a la mayoria el
estado mexicano
les ha fabricado
esos delitos
mediante
tortura. Los
quince minutos
que prometió
Fox para
resolver el
conflicto en
Chiapas, todavía
no terminan, y
lo único que ha
visto el pueblo
es la aprobación
de una ley anti-indígena
con la que se
pretendía una
vez más darle
atole con el
dedo a los indígenas,
además del
escalamiento de
ataques
paramilitares y
desplazamientos
forzados.
Mucho se
celebró la
extradición del
genocida
argentino Miguel
Cavallo, la cual
fue calificada
como un
precedente para
la justicia
internacional,
sin embargo, los
genocidas
mexicanos siguen
gozando de la
impunidad y
algunos de ellos
hasta ejercen
puestos en el
poder.
Lejos de
ser un acto
congruente del
poder judicial
mexicano, este
evento ha sido
usado por el
estado para
legitimar la
impartición de
justicia, siendo
que ésta sigue
estando al
servicio del
capital global.
Para
muestra basta un
botón, el
reciente voto
mexicano ante la
ONU para no
llevar a
militares
estadounidenses
a la Corte Penal
Internacional
(CPI), demuestra
el manejo
discrecional de
la justicia de
acuerdo a
intereses políticos
que, una vez más,
cedieron ante la
presión de la
geopolítica
gringa, y en
este caso
derrumbaron el
discurso de
derechos humanos
del que tanto
habla Fox para
solapar la
impunidad de los
más grandes
criminales del
planeta.
Y por si
esto no fuera
poco para
desengañarnos
del sistema jurídico
mexicano, la
Comisión
Interamericana
de Derechos
Humanos (CIDH)
acaba de
manifestar su
preocupación
por la
negligencia que
ha caracterizado
a las
investigaciones
del asesinato de
la abogada Digna
Ochoa, al grado
que la fiscalía
insiste en
manejar la burda
e irrisoria
tesis del
suicidio que
pretende eximir
de culpa a los
verdaderos
asesinos.
Mientras
tanto, para el
pueblo, este
homicidio tiene
cada vez más
cara de crimen
de estado,
cometido
deliberadamente
desde el poder,
como parte de la
guerra sucia que
se vive en México.
Sin
embargo, la
guerra sucia que
nos aflige no es
un fenómeno
natural,
inherente a las
sociedades
humanas, sino
que tiene sus raíces
y su lógica en
función de los
intereses de la
burguesía
internacional.
Esta
guerra es la
punta de lanza y
soporte del
neoliberalismo,
que en su sed de
recursos
naturales,
materias primas
y nuevos
mercados no le
importa someter
y pisotear la
dignidad humana.
El
desplazamiento
de comunidades
indígenas en
Montes Azules,
por ejemplo, está
abriendo la
brecha para la
imposición del
Plan Puebla
Panamá (PPP),
que busca
expandir los
procesos de
mercantilización
de las tierras,
subsuelos, ríos,
bosques, sitios
arqueológicos,
playas, cultura
y sabiduría indígena,
en fin, todos
los aspectos de
la existencia
humana.
Estos
desplazamientos
que ahora se
pretenden
justificar con
la conservación
del medio
ambiente, buscan
además romper
el tejido social
comunitario y
desarticular la
lucha social.
Un
aspecto más de
esta
mercantilización
son las
privatizaciones
de la industria
eléctrica y
petrolera, que
se pretenden
consumar sin el
consentimiento
del pueblo ni de
los
trabajadores;
mientras Fox las
anda ofreciendo
a los
representantes
de la iniciativa
privada
extranjera, el
Sindicato
Mexicano de
Electricistas
(SME) anuncia
que:
“solamente si
nos matan se va
a poder
privatizar”.
Queda
claro que la
guerra sucia que
se está
viviendo en México,
es un hecho que
está ligado a
los planes
neoliberales que
el capital
global está
imponiendo en el
país.
El
llamado
‘gobierno de
la
alternancia’,
al igual que los
gobiernos
anteriores,
privilegia los
intereses
capitalistas a
costa de la
soberanía
nacional, y por
eso carece de
legitimidad.
Pare esto
basta observar
las recientes
elecciones en
las que sólo el
26% de la
población acudió
a votar, y de
estos, cerca de
3 millones
anularon su
voto.
Aquí no
triunfó ningún
partido, fue el
abstencionismo,
y con ello el
pueblo el que
ganó al
evidenciar la
ilegitimidad del
gobierno
neoliberal.
Las
marchas, los
plantones, las
huelgas de
hambre, los
gritos de rebeldía
que se oyen detrás
de las rejas,
anuncian la
decadencia del
estado mexicano
que como bestia
moribunda
aprieta los
dientes en sus
últimos
esfuerzos por
asirse al poder
recurriendo a
esta guerra
sucia criminal.
La
resistencia del
pueblo, es la
que ahora, después
del desengaño,
construye una
sociedad mejor.
Actualización
del caso de
cuatro presos
políticos
A
casi 4 años del
secuestro y
tortura
de Jacobo Silva
Nogales, Gloria
Arenas Agis,
Felicitas
Padilla Nava y
Fernando Gatica
Chino, la
impunidad e
injusticia
continúan.
La
denuncia por
tortura
interpuesta ante
la Procuraduría
General de inJusticia
(PGJ) y la
Comisión
Nacional de
Derechos Humanos
(CNDH) en
diciembre de
1999, se
encuentra
actualmente
estancada. En
esta denuncia
Gloria Arenas
reconoce al, en
aquel entonces,
Zar Antidrogas
Mario Herrán
Salvati, como la
persona que iba
al mando del
operativo en el
que la
secuestraron y
torturaron
junto con
su esposo Jacobo
Silva. Irónicamente
Herrán
Salvati es el
actual
Procurador de
Justicia del
Estado de
Chiapas.
Las
condiciones
carcelarias en
que se
encuentran son
inhumanas.
Gloria y Felícitas
están presas en
el penal de
Neza-Bordo, en
donde se les
cobra por el
agua, la comida
y la ropa. Las
condiciones de
trabajo en esta
institución son
deplorables.
El
salario oscila
entre los 60 y
100 pesos
mensuales (
US$6.00 y
US$10.00).
Por lo
tanto, ellas se
han negado a
trabajar en
tales
condiciones y
han optado por
hacer arte,
bolsas de mano,
pinturas,
pulseras y
tarjetas navideñas,
entre otras
cosas, como
forma de
sostenerse. A la
fecha no se les
ha permitido la
visita de sus
esposos a
quienes no han
podido ver,
siendo esto uno
de los castigos
específicos
para presos políticos.
Fernando
y Felicitas han
sido
sentenciados a 5
años y 7 meses
de prisión por
rebelión.
Jacobo y Gloria
se encuentran
sentenciados a
46 años y 7
meses por los
delitos de
homicidio
calificado,
tentativa de
homicidio y daño
en propiedad
ajena; por el
delito de rebelión
se encuentran
sentenciados a 5
años y 7 meses.
Aún estamos en
espera de la
ratificación,
aquí puede ser
que los años de
cárcel aumenten
imputándoles
otros delitos
igualmente
prefabricados.
Esto le daría
continuidad al
Juicio Secreto y
a las
arbitrariedades
que se les han
impuesto desde
el día de su
detención.
Resumen
de Noticias
26
de mayo.
Guerrero:
“Atoyac no es
cuartel, fuera
el Ejército de
él”, “Ejército
asesino que
matas
campesinos”.
En un clima de
vigilancia
extrema, unos 75
familiares de
desaparecidos
marcharon a la
base de la 27
zona militar del
ejército
mexicano para
protestar por la
presencia del ejército
en las
comunidades.
La
manifestación
fue convocada
por la Asociación
de Familiares de
Desaparecidos de
México
(AFADEM). El
secretario de la
Afadem, Julio
Mata señaló
que los soldados
se llevaron a más
de 400 personas
tan sólo en
Atoyac, y que
siguen
desaparecidas, y
600 en todo
Guerrero y hay
alrededor de 130
mil desparecidos
en el mundo y en
México hay más
de mil 200
casos”.
27
de mayo.
Guerrero: Tres
presos políticos
recluidos en el
penal de
Chilpancingo,
Guerrero,
inician una
huelga de hambre
por tiempo
indefinido para
solicitar ser
beneficiados por
la ley de amnistía
estatal, ellos
son: Miguel Ángel
Mesino, hijo del
dirigente de la
Organización
Campesina de la
Sierra del Sur
(OCSS), Hilario
Mesino, Tomás
de Jesús
Barranco e
Isabel Fernández
Gómez. “Nos
mantendremos en
la huelga hasta
que se resuelvan
nuestras
demandas,
estamos
concientes del
riesgo que
corremos y si es
preciso dar
nuestra vida, la
daremos; es
mejor morir con
dignidad que
estar
encarcelados
injustamente”,
manifestaron los
presos en huelga
de hambre.
Se
denuncia que la
Unidad
–policiaca-
Especializada
contra la
Delincuencia
Organizada
(UEDO) irrumpe
en las
comunidades
Tecoanapa y
Ayutla de los
Libres, y
detiene -sin órdenes
de aprehensión
y con base en
las supuestas
declaraciones de
un testigo
protegido no
identificado- a
seis adultos
mayores y los
acusa de
secuestro,
terrorismo y de
ser integrantes
del Ejército
Revolucionario
del Pueblo
Insurgente
(ERPI). Los seis
detenidos son
José Guadalupe
Hernández,
Eudocio Suástegui,
Bardomiano Ríos,
Doroteo Marín,
Inés Jiménez y
Concepción Ramírez,
quienes al ser
presentados a
los medios de
comunicación
muestran huellas
visibles de
haber sido
torturados.
También se
realizaron
cateos ilegales
por parte de la
Agencia Federal
de
Investigaciones
(AFI) en la
comunidad de
Chacalapa, San
Marcos.
Chiapas:
En tanto, el Ejército
Mexicano siguió
hoy movilizando
tropas hacia
Ocosingo. Varios
convoyes,
compuestos por
diez camiones
transportando
tropas (unos 150
efectivos) y
abundante
equipo. Otro lo
conformaban
cinco vehículos
de campaña.
28
de mayo.
Guerrero: El Ejército
Revolucionario
del Pueblo
Insurgente
(ERPI) niega a
través de un
comunicado que
los seis
detenidos por la
Unidad
Especializada
contra la
Delincuencia
Organizada
(UEDO), sean
integrantes de
su organización.
Califica de
montaje
espectacular la
presentación
que hizo la UEDO
en la ciudad de
México, en
donde los seis
detenidos se
encuentran
arraigados. Y
pregunta: “¿Cómo
es posible que
los centros de
inteligencia
piensen que
ancianos de 70 y
80 años se
dediquen al
secuestro?”
29
de mayo.
Amnistía
Internacional en
su informe de
2003 sobre México,
deplora la
existencia de
detenciones
arbitrarias,
tortura y malos
tratos en todo
el país y acusa
al gobierno
mexicano de ser
incapaz de
salvaguardar los
derechos
humanos, al
tiempo que expresa
preocupación
por la
participación
del Ejército en
tareas de
seguridad pública.
Guerrero:
El campesino
Alejandro Cortés
Torres fue
asesinado el 23
de mayo, en la
comunidad de El
Camalote, en la
sierra de Petatlán.
Cortés Torres
era hermano de
Salvador Cortés,
asesinado en
febrero de 2000
en El Nogal, en
una incursión
de tropas del Ejército
y civiles
armados al mando
de Rogaciano
Alba, presidente
de la Asociación
Ganadera
Regional de
Guerrero.
En esta
ocasión también
fue arrestado
Alfredo García
Torres así como
los campesinos
presos en
Acapulco,
integrantes del
Comité de
Presos Políticos
de Acapulco, Álvaro
y Juan García
Ávila. García
Torres opinó:
“Es la misma
situación que
ha habido en la
sierra, la
represión de
Rogaciano Alba
contra los que
no están de
acuerdo con él,
y por eso quiere
acabar con
todos”. Desde
febrero de 1999,
familias que
habitan en la
parte alta de la
ruta de El
Camalote y Las
Humedades, en la
sierra de Petatlán,
viven recluidos
en esa área,
esquivando la
muerte, porque
están
amenazados por
Rogaciano Alba,
que los culpa
del homicidio de
su hermano. Sin
embargo, los
campesinos de la
familia Torres
afirman que el
origen del
conflicto fue la
defensa de los
bosques contra
la explotación
ilegal, a la que
se dedicaban los
seguidores de
Alba, lo mismo
que al narcotráfico,
apoyados por
efectivos del Ejército
y de la Policía
Judicial
Federal.
Oaxaca:
Heriberto Pazos
Ortíz,
dirigente del
movimiento
Unificado de
Lucha Triqui
recibe varias
amenazas de
muerte vía
telefónica.
30
de mayo.
Guerrero: Los
tres presos políticos
del penal de
Chilpancingo
cumplieron tres
días en huelga
de hambre sin
que alguna
autoridad los
haya visitado
para escuchar
sus demandas.
Desconocidos
tipo militar
piden información
sobre los
miembros de la
Organización de
Pueblos Indígenas
Me’phaa y de
la Organización
Independiente de
Pueblos Mixtecos
Tlapanecos.
Dirigentes de
organizaciones
sociales
demandaron la
intervención de
organismos de
derechos humanos
para frenar el
hostigamiento y
la persecución
que están
sufriendo indígenas
de los
municipios de
Ayutla y
Tecoanapa por
policías de la
Agencia Federal
de
Investigaciones
(AFI) y
paramilitares.
“Preguntan por
las actividades
que realizamos,
a qué nos
dedicamos y con
quién nos
reunimos”,
dijo Bibiano
Rodríguez,
quien señaló
que temen que se
realicen nuevas
detenciones y
cateos en contra
de dirigentes
indígenas y
sociales.
1
de junio.
Guerrero: Los
centros de
defensa de los
derechos humanos
De la Montaña
Tlachinollan y
el Miguel Agustín
Pro Juárez
acusaron a la
Unidad
Especializada
contra la
Delincuencia
Organizada
(UEDO) de
continuar con
detenciones
arbitrarias en
Guerrero.
Mediante un
comunicado,
lamentaron la
privación de la
libertad de José
Guadalupe Hernández,
Eudocio Suástegui
García,
Bardomiano Ríos,
Doroteo Marín,
Inés Jiménez
Silva y Concepción
Ramírez Ramírez,
ocurridas el 21
de mayo, por su
presunta
participación
en el delito de
secuestro.
"Si la UEDO
manifiesta tener
indicios que señalan
a los detenidos
como probables
responsables, lo
legalmente
procedente
hubiese sido
solicitar la
respectiva orden
de aprehensión
ante un juez
federal, pero
dadas las
características
del operativo,
estamos ante la
clara presencia
de una detención
arbitraria"
en donde, además,
a los inculpados
se les arraigó
durante un lapso
de 90 días.
Ello demuestra,
además
-sostuvieron las
agrupaciones no
gubernamentales-
que en México
subsiste la práctica
de detener y
luego
investigar.
Chihuahua:
Sólo
Guerrero supera
a Chihuahua en
saldo de la guerra
sucia.
La Asociación
de Familiares de
Detenidos y
Desaparecidos
(Afadem) de
Ciudad Juárez
tiene reportadas
a
aproximadamente
700 personas
perdidas en los
10 años
recientes,
incluyendo
mujeres y
hombres, además
de 32
estadounidenses
y 14 activistas
políticos que
fueron
capturados a
finales de los años
70. "En
Guerrero el
pretexto para
desaparecer fue
que la gente
estaba
involucrada con
la guerrilla y
en Ciudad Juárez
que son parte de
los cárteles
de la droga,
pero la
coincidencia es
la misma, son
grupos
policiacos los
que levantan
a la gente y
nadie investiga
los casos, por
eso se manejan
con total
impunidad los
escuadrones de
la muerte."
2
de junio.
Guerrero: La Red
Guerrerense de
Organismos
Civiles de
Derechos Humanos
presentó su
informe anual y
lo entregó a
representantes
de 12 embajadas
en México. A
continuación se
reproduce parte
de su contenido:
“Algo que se
practica de
manera sistemática
en Guerrero son
las detenciones
arbitrarias.
Este acto marca
el inicio de una
cadena de
violaciones a
otros derechos
relacionados con
la integridad
personal y las
garantías
judiciales. Este
tipo de
detenciones no
están
respaldadas por
una orden
judicial; se
acostumbra a
detener y luego
se procede a
investigar.
Muchas
detenciones
arbitrarias
tienen una
motivación política:
se detiene a
lideres o
miembros de
organizaciones
campesinas o indígenas
como la
Organización
Campesina de la
Sierra del Sur
(OCSS) o los del
Frente de
Organizaciones
Democráticas de
Guerrero
(FODEG), que por
su lucha social
y política son
catalogados como
gente que se
organiza para
cometer delitos.
Se les
criminaliza por
su activismo político.”
“La
tortura sigue
siendo una práctica
sistemática
para las
investigaciones
judiciales que
tiene como fin
someter a la víctima
y obligarla a
que se declare
culpable. A
pesar de la
normatividad
internacional y
el derecho
interno, en
Guerrero no
existe el delito
de tortura; por
lo tanto, no se
castiga a los
torturadores que
son un gran número
de expertos que
se estrenaron
con los
desparecidos de
la guerra
sucia”. Entre
los casos de
tortura que se
mencionan en el
informe están
los cometidos
por miembros del
Ejército. En el
informe se
destaca que por
estos crímenes
“no existe
ningún militar
sentenciado por
torturador”.
Las
organizaciones
de derechos
humanos señalan
que
“oficialmente
se maneja que el
Ejército está
en Guerrero para
combatir el
narcotráfico y
para aplicar la
ley de armas de
fuego y
explosivos; sin
embargo, es
notorio el
asedio a las
comunidades
donde existe
organización
independiente”.
En febrero y
marzo de 2002 en
las comunidades
tlapanecas de
Barranca Bejuco,
municipio de
Acatepec, y
Barranca
Tecoani, en
Ayutla, fueron
violadas por
miembros del Ejército
las indígenas
Valentina
Rosendo Cantú
de 17 años e Inés
Fernández
Ortega de 26 años.
A las dos
las interrogaron
sobre las
personas que
andan con los
encapuchados y
los que siembran
amapola. En el
documento se
afirma que estas
violaciones
“son actos
cobardes que
buscan provocar
la reacción
violenta de las
poblaciones indígenas
para reprimirlos
y
desmovilizarlos”.
Oaxaca:
Un contingente
de al menos 300
policías
estatales, de
operaciones
especiales y dos
unidades
militares con
100 soldados,
proveían de
vigilancia
especial a la
comunidad de
Santiago
Xochiltepec,
cuando este día,
se conmemora la
muerte de 26
campesinos
masacrados hace
un año en Agua
Fria. El convoy
de los militares
lleva consigo
vehículos
conocidos como
hummer y su
presencia
pretende pasar
inadvertida,
aunque están
demasiado cerca
del pueblo, para
lograrlo.
3
de junio.
Pierden
la vida tres
mujeres
indocumentadas
mexicanas en su
intento por
llegar a EU. En
Arizona,
Demetria Ramírez
Villegas, una
indígena
mixteca de 12 años
y su madre
fallecen en el
condado de
Maricopa, a
causa de la
deshidratación.
El otro caso es
el de María de
los Ángeles
Guerrero Rojas,
una mujer
originaria
de Zacatecas que
pretendió
cruzar el río
Bravo junto con
sus hijos
Braulio y
Priscila -de
tres y nueve años
de edad-, para
encontrarse en
Estados Unidos
con su esposo,
murió ahogada
cuando la soltó
el pollero
que la cruzaba a
nado.
Guerrero:
La integrante de
la Organización
Campesina de la
Sierra del Sur
(OCSS) Reyna
Avelino
Huizache,
denunció que
padece de una
etapa terminal
de cáncer en
columna e
intestino, a raíz
de la tortura
que le hicieron
agentes de la
Policía
Judicial del
Estado (PJE) en
1996. Reyna
Avelino perdió
totalmente la
vista a raíz de
la tortura que
le hicieron
agentes de la
PJE cuando fue
detenida en 1996
porque demandaba
al gobierno
insumos agrícolas,
láminas de cartón
entre otras
cosas y encabezó
los reclamos en
el primer
aniversario de
la matanza de
Aguas Blancas.
La integrante de
la OCSS dijo que
necesita apoyo
económico
debido a que
cada sesión de
quimioterapia
cuesta mil pesos
y un frasco de
cuatro pastillas
para el dolor
500 pesos y no
tiene ingresos
debido a que su
esposo está
preso.
4
de junio.
Guerrero: Luego
de siete días
en huelga de
hambre, los tres
presos políticos
del penal de
Chilpancingo
empezaron a
sentir mareos,
dolores de
cabeza y
calambres pero
no han logrado
atraer la atención
de las
autoridades, por
lo que continuarán
en el ayuno.
Frontera:
En el poblado
Bay Town,
situado a unos
45 minutos al
este de Houston,
las autoridades
descubrieron los
cuerpos de tres
inmigrantes
mexicanos que
fallecieron
dentro de un vagón
de tren de la línea
Pacific Union,
luego de
permanecer en su
interior por
tres días bajo
temperaturas de
extremo calor y
sin ventilación.
Chiapas:
Presionan
empresas para
desalojar a
poblados indígenas
de Montes
Azules. Desarrollan
proyectos ecoturísticos
para
"garantizar
la conservación"
de la selva. Los
proyectos
de Espacios
Naturales y
Desarrollo
Sustentable A.C.
en las
estaciones de
Chajul, Jalisco
y Tzendales, con
la participación
de Ford Motor
Company, de
Conservation
International,
World Wildlife
Fund y del
Instituto de
Historia Natural
y Ecología,
desataron una
ofensiva
declarativa en
agosto y
septiembre de
2001 para
promover el
desalojo,
"inclusive
violento"
se llegó a
decir, de los
poblados
tzotziles,
tzeltales y
choles ubicados
en Montes
Azules.
5
de junio.
Guerrero:
Familiares y
sobrevivientes
de la masacre de
Aguas Blancas
acudieron al
consulado de
Estados Unidos
para entregar un
documento en
donde piden
intervención
para que los
gobiernos
federal y
estatal acaten
la recomendación
49/47 de la
Comisión
Interamericana
de Derechos
Humanos (CIDH)
que exige
concluir las
investigaciones
para el castigo
a los autores
materiales e
intelectuales de
la masacre de
Aguas Blancas.
El
sobreviviente,
Mauro Hernández
Lozano, de
Atoyaquillo,
denunció que
está siendo
perseguido por
presuntos
paramilitares
sin que deba
nada. Precisó
que desconocidos
a bordo de un
automóvil negro
lo siguen y lo
vigilan
permanentemente.
6
de junio.
Querétaro: La
abogada Bárbara
Zamora afirmó
que por
"capricho y
revanchismo"
del gobernador
de Querétaro,
Ignacio Loyola
Vera, el
Zapatista Jerónimo
Sánchez Sáenz
sigue preso a
pesar de que ha
cubierto todos
los requisitos
para ser
beneficiario de
la liberación
anticipada.
Subrayó que su
cliente tiene un
amparo, pero el
mandatario se
niega a
otorgarle la
libertad.
7
de junio.
Guerrero: La
conmemoración
del quinto
aniversario de
la masacre de El
Charco se
desarrolló en
un ambiente de
particular tensión.
Primero, desde
principios de año
arreció la
persecución y
amenazas de
detención y de
muerte contra
miembros de la
Organización
Independiente de
Pueblos Mixtecos
Tlapanecos, y en
particular a los
de la Organización
de Pueblos Indígenas
Me’phaa.
“Sabemos que
nos están
vigilando, y no
sabemos para qué,
entre los
miembros de la
Organización
“sigue el
temor… el
temor viene de
que el Ejército
y la Procuraduría
General de la
República nos
ven como
enemigos, porque
hemos denunciado
las violaciones
que cometen”,
señaló el
dirigente de la
Organización
Independiente de
Pueblos Mixtecos
Tlapanecos
(OIPMT), Arturo
Campos Herrera.
Los
tres presos políticos
en huelga de
hambre en el
penal de
Chilpancingo
cumplieron 12 días
sin tomar
alimentos, para
demandar que se
agilice la
reforma a la Ley
de Amnistía
para la libertad
de los presos
políticos y que
se investiguen
las masacres de
Aguas Blancas,
El Charco, y
castigo a los
responsables de
las
desapariciones
forzadas. Los
huelguistas
informaron que
ningún
representante
gubernamental ha
atendido el
movimiento.
Miguel Ángel
Mesino, Tomás
de Jesús
Barranco e
Isabel Fernández
Gómez
comenzaron a
sufrir dolores
de cabeza,
desmayos,
calambres y
dolores
estomacales como
consecuencia de
la falta de
alimentos.
Durante
cinco años, la
masacre de El
Charco ha
permanecido en
la impunidad
dice el Centro
de Derechos
Humanos Miguel
Agustín Pro
(Prodh). El
Prodh afirma que
en El Charco
fueron
ejecutadas 11
personas y
detenidas más
de 20, la mayoría
indígenas que
además fueron
torturados por
miembros del Ejército
que participaron
en la agresión
efectuada en las
instalaciones de
le escuela rural
Caritino
Maldonado. El
Prodh plantea
que este caso es
una expresión
de que
“Guerrero
sigue siendo un
foco de
impunidad y
violaciones a
los derechos
humanos”.
Afirma que “El
Charco, junto
con las masacres
de Aguas
Blancas, la
impunidad en los
cientos de casos
de desaparecidos
durante la
llamada guerra
sucia, las
agresiones
sexuales a indígenas
por parte de
elementos
militares y la
represión a
ecologistas de
la sierra, son sólo
algunas muestras
de que se
requiere una
profunda
reestructuración
política y
social en el
estado, que
garantice el
acceso a la
justicia a las víctimas
y la existencia
de mecanismos
que combatan la
impunidad e
impulsen la
plena vigencia
de los derechos
fundamentales”.
En
nombre de las
comunidades y
los pueblos
originarios
mixtecos,
tlapanecos y
mestizos, la
Coordinadora
Regional de
Autoridades
Comunitarias de
la Montaña y
Costa Chica de
Guerrero -de la
que depende la
policía
comunitaria que
opera en cuatro
municipios de la
entidad- informó
al relator de la
ONU Rodolfo
Stavenhagen en
una misiva que
han venido
prestando a sus
pueblos y
comunidades
servicios tales
como la
seguridad pública
en los poblados
y caminos de la
Montaña
guerrerense, la
impartición de
justicia
conforme a sus
prácticas
comunitarias
"en las que
realmente se
observan los
principios de
prontitud,
equidad y
gratuidad, así
como también la
implementación
de un proceso de
reeducación de
los detenidos
acusados de
cometer alguna
falta o error,
con base en la
prestación de
trabajos en
favor de las
comunidades".
Lejos de ser
reconocidos y
apoyados por las
instancias de
gobierno,
"nos han
generado
conflicto,
enfrentamientos
constantes con
funcionarios de
toda índole,
desarme de
nuestros policías
comunitarias por
parte del Ejército
Mexicano,
encarcelamiento
de nuestras
autoridades
comunitarias que
imparten
justicia,
instrucción de
procesos
judiciales
contra varios de
nuestros
comisarios,
comandantes y
policías
comunitarios,
que sólo
cumplen con los
cargos que les
son conferidos
por sus
asambleas
comunitarias o
por la asamblea
regional de
autoridades, que
es nuestra máxima
instancia
decisoria”.
9
de junio.
Guerrero: Dos
ciudadanos de
Atoyac,
Francisco García
Camarillo y
Joaquín Pérez
Domínguez,
fueron detenidos
el sábado por
agentes de la
Policía
Judicial del
Estado,
encabezados por
el comandante
Salvador Castro
Magno, pero ayer
desaparecieron
de los separos
de esa corporación
en Atoyac, y el
comandante
judicial negaba
que los hubiera
detenido, a
pesar de que
varias personas
son testigos del
hecho. Después
de más de 24
horas
desaparecidos,
sin que ninguna
autoridad
reconociera su
detención, uno
de ellos,
Francisco García
Camarillo, fue
localizado en
los separos de
la Procuraduría
General de la
República en
Acapulco, donde
lo remitieron
acusado de
portar un fusil
AK-47, cuerno de
chivo. El
detenido tenía
en el rostro
huellas de
golpes.
Ericka
Zamora Pardo,
sobreviviente de
la masacre de El
Charco lamenta
que a cinco años
de los hechos aún
no se haya hecho
justicia y que
los responsables
sigan dentro del
Ejército, “y
peor aún, uno
de quienes
encabezaron la
incursión, el
general Alfredo
Oropeza Garnica,
ex comandante de
la 27 Zona
Militar,
graduado de la
Escuela de las
Américas en
Fort Benning,
EU, aún siga
reprimiendo a
los indígenas
aunque ahora en
la Huasteca
Potosina”.
Recuerda que esa
mañana los
soldados del Ejército
mexicano que
mantenían
rodeada la
escuela Caritino
Maldonado los
fueron sacando y
concentraron a
la mayoría en
la cancha,
“fue cuando
desde los bordos
algunos de ellos
empezaron a
disparar”.
Recuerda,
asimismo, que
uno de ellos,
Honorio García,
se hincó, alzó
los brazos y
pidió perdón
pero igual
dispararon
contra él. Dijo
que cuando habían
cesado los
disparos, un
militar le
preguntó si había
gente herida en
el interior de
las dos aulas en
donde se
encontraban y
ella le dijo que
sí pues recordó
al campesino
Fernando Félix
herido de un
pie, fue cuando
el militar rodeó
las dos aulas y
después se
escucharon
disparos.
Posteriormente
Fernando Félix
apareció en la
lista de los
muertos. Las 11
víctimas de la
masacre son
Fernando Félix,
Zeferino Damián,
Manuel
Francisco,
Fidencio
Morales,
Apolonio Jiménez,
Honorio García,
Mauro González,
Mario García,
Daniel Crisóforo,
José Rivera y
Ricardo Zavala,
este último
estudiante de la
Facultad de
Ciencias Políticas
de la UNAM,
integrante del
grupo de Zamora
Pardo que
alfabetizaba en
esa comunidad.
10
de junio.
Guerrero: Al
cumplir ayer 14
días en huelga
de hambre en el
interior del
penal de
Chilpancingo,
los tres presos
políticos
denunciaron que
un presunto
agente de
inteligencia
militar solicitó
información del
movimiento y de
ellos la semana
pasada.
11
de junio.
Oaxaca: El
pintor Francisco
Toledo se reunió
este día con
Rodolfo
Stavenhagen,
relator especial
de la Organización
de Naciones
Unidas (ONU), a
quien entregó
un informe sobre
la situación
jurídica de 14
zapotecos
acusados de
pertenecer al Ejército
Popular
Revolucionario
(EPR),
sentenciados a
25 y 30 años de
prisión.
Guerrero:
En el Juzgado
Segundo de
Distrito, el
detenido
Francisco García
Camarillo,
acusado de
portación de un
AK-47, cuerno de
chivo, negó el
cargo, y denunció
que fue
detenido,
desaparecido y
torturado
durante más de
24 horas por
agentes de la
Policía
Judicial del
Estado
encabezados por
el comandante
Salvador Castro
Magno, de
Atoyac. Informó
que después de
su detención,
el sábado 7 a
las 9 de la mañana,
fue
inmediatamente
vendado de los
ojos y
trasladado a un
sitio
desconocido,
aparentemente
una casa de
seguridad, donde
escuchaba gritos
de dolor de
otros detenidos
que estaban
siendo
torturados. Dice
que los
judiciales le
preguntaban por
un grupo armado,
y el detenido
los llevó a una
casa donde sólo
se encontraba
una mujer
afectada de sus
facultades
mentales. Los
judiciales se
enojaron más, y
uno de ellos le
quitó la venda
y le dijo que
conociera a
quien lo iba a
matar; era el
comandante
judicial
Salvador Castro
Magno, que simuló
una ejecución,
primero con un
disparo a un
costado del
detenido, y
después otro
muy cerca de la
oreja, que le
reventó el tímpano.
Además, señala
que tiene
lesiones en el
cuerpo, en los
brazos y pecho,
donde tiene la
marca de una
bota.
12
de junio.
La Suprema Corte
de Justicia de
la Nación
(SCJN) convalidó
la extradición
a España del
torturador
argentino
Ricardo Miguel
Cavallo.
Guerrero:
Miguel Ángel
Mesino, uno de
los tres presos
políticos que
se encuentran en
huelga de hambre
en el penal de
Chilpancingo
desde hace 17 días,
señaló que su
demanda de
reformas a la
ley de amnistía
es justa, ya que
la actual, que
fue producto de
otra huelga de
hambre anterior
realizada por
otros presos,
“sólo
benefició a
personas del
mismo sistema y
ha sido un
simulacro…
porque en su artículo
primero sólo
contempla cuatro
delitos; motín,
rebelión y
conspiración”.
Señala que
mientras no se
reforma dicha
ley ellos no
podrán ser
beneficiados,
“porque en mi
caso se me
fabricó un
delito como a
muchos”.
Autoridades
municipales del
poblado de San
Ignacio
denunciaron que
agentes de la
Policía
Judicial
apoyados por
“encapuchados”
catearon casas e
irrumpieron en
viviendas para
sacar con
violencia a
algunos
habitantes sin
mostrar órdenes
de aprehensión.
Salvador
Escobedo, uno de
los instructores
y ex agente del
FBI que imparte
el curso
regional Técnicas
Antisecuestros y
Negociación de
Rehenes a
agentes de la
Policía
Judicial y del
Ministerio Público,
dijo que “aquí
tienen mucho
talento, tienen
mucho, buenos
elementos”, en
referencia a los
agentes en
capacitación.
La
señora Onoria
Tapia Martínez,
esposa del
detenido
Francisco García
Camarillo,
acusado de
portación de un
arma AK-47, narró
cómo fue la
detención, y
dijo que le
consta que su
esposo no
portaba arma
alguna. Tapia
Martínez detalló
que la mañana
del 8 de junio
fue junto con su
esposo y el
amigo de ambos,
Joaquín Pérez
Domínguez
–quien se
encuentra
desaparecido–,
a la casa de éste.
Agregó que los
tres se
encontraban en
la parada del
Tamarindo cuando
del interior de
una camioneta
Windstar
descendieron dos
desconocidos y
en el interior
se quedó una
mujer de cabello
rubio. Añadió
que tanto a su
esposo y a su
amigo los
registraron y de
allí los
subieron a la
camioneta. Narró
que después
contactó al
abogado José Sánchez
con quien
acudieron a la
comandancia y
donde habló con
el comandante
Salvador Castro,
quien le dijo
molesto que no
había ningún
detenido. Dijo
que al hacerle
ver que afuera
de la
comandancia se
encontraba la
camioneta donde
los desconocidos
se llevaron a su
esposo, el
comandante la
corrió del
lugar.
Oaxaca:
Por órdenes del
gobernador José
Murat se desalojó
violentamente en
la ciudad de
Oaxaca a los
trabajadores que
demandaban la
libertad del
dirigente de burócratas
Oliverio Neri,
solución a las
demandas de
comunidades indígenas
y cese a las
agresiones a Raúl
Gatica -del
Consejo Indígena
Popular Ricardo
Flores Magón
(CIPO-RFM)-. El
desalojo dejó
un saldo de 21
desaparecidos,
21 heridos,
cuatro de ellos
de gravedad y
cuatro
detenidos, cuya
excarcelación
también
demandan.
13
de junio.
Guerrero: Poco
tienen en común
los seis
detenidos en
Tecoanapa y
Ayutla por la
Unidad
Especializada en
Delincuencia
Organizada
(UEDO), acusados
del secuestro
del ganadero
Miguel Flores y
de pertenecer al
Ejército
Revolucionario
del Pueblo
Insurgente
(ERPI). Quizás
en lo que más
se parecen es en
que son de edad
adulta, tres de
70 años o más,
y están
enfermos, de
diabetes,
hipertensión,
nervios y del
corazón. En la
averiguación
donde aparecen
como
responsables, se
encuentran
situaciones que
los familiares
califican de
absurdas, como
la acusación a
un ciudadano de
Tecoanapa, Jesús
Jiménez Ramos,
que había
muerto diez
meses antes de
que se cometiera
el delito, o la
presentación de
Inés Jiménez
Silva, de 80 años,
como el
dirigente del
grupo
guerrillero.
14
de junio.
Guerrero: Si
denuncia lo que
pasó, le vamos
a quitar a sus
niñas,
amenazaron los
de la AFI.
Catalina Antonio
Palma, vecina de
esta localidad
del municipio de
San Marcos,
esposa del
campesino
Eudocio Suástegui
García, uno de
los seis
detenidos, tiene
miedo a
denunciar los
atropellos que
cometieron policías
de la Agencia
Federal de
Investigaciones
(AFI). “Los
que vinieron me
dijeron que no
fuera a derechos
humanos y que no
denunciara nada
si alguien venía
a investigar, me
dijeron: si dice
algo le va a ir
muy mal, le
vamos a quitar a
sus niñas y a
ver qué hacemos
con usted”. Es
una de las
afectadas por
las operaciones
de la AFI de la
mañana del 21
de mayo, cuando
más de 50 policías
irrumpieron en
diez casas de
cinco
localidades de
la Costa Chica,
de las que se
llevaron
detenidos a seis
jefes de
familia.
Actuaron con
violencia,
aterrorizaron a
las familias,
encañonaron a
mujeres y
golpearon a un
niño, y se
llevaron dinero,
alhajas, armas
de fuego y
documentos.
En
Tecoanapa, en la
casa del
detenido Inés
Jiménez, su
hijo Adalberto
Jiménez se
queja de que la
Procuraduría
General de la
República sacó
en la televisión
a los detenidos
como si fueran
delincuentes,
pero no habló
de la violencia
con la que
actuaron los
policías
federales el 21
de mayo. “A mí
me tenían
tirado en el
piso, encañonado,
se pararon
encima de mí, y
me tomaban
fotos, ¿y por
qué esa foto no
aparece en la
televisión?
Dice cómo
entraron los
policías que se
llevaron a su
papá, Inés Jiménez,
el mayor de los
seis detenidos,
de 80 años.
“Llegaron
golpeando la
puerta, sin
hablar, sin
decir quiénes
eran, no se
identificaron.
Traían una
especie de marro
para golpear la
puerta de afuera
y la abrieron a
golpes. Entraron
los policías
con prepotencia,
el comandante
que venía al
mando me puso la
pistola en la
cabeza. A mi
sobrino, Pedro
Jiménez
Tabares, que
tiene 13 años,
lo tiraron al
piso. Nos
tiraron, se nos
pararon encima,
entonces el niño
levantó la
cabeza y uno de
los elementos le
pegó en la
cabeza con el
arma que traía,
el niño perdió
el conocimiento.
Nos pararon, nos
esposaron, el
comandante me
dio un golpe en
la cabeza por
atrás, me
pusieron de
frente a la
pared, ahí me
tuvieron
esposado. A mi
papá lo
tuvieron ahí a
un lado, él
padece de la
presión, los
nervios y la azúcar,
inmediatamente a
él se le subió
la presión por
el susto. Se
puso muy mal”.
15
de junio.
El 12 de junio
en el Consejo de
Seguridad de las
Naciones Unidas,
México votó a
favor de la
resolución 1422
que da inmunidad
en la Corte
Penal
Internacional a
soldados
estadounidenses
que participen
en
“operaciones
de paz”.
Guerrero:
El relator de la
ONU, Rodolfo
Stavenhagen
resumió sus
actividades en
nuestro país:
"he estado
desde Chihuahua
a Chiapas y
ahora Guerrero.
En diferentes
partes hay
problemas
distintos y en
todas partes hay
quejas y
denuncias sobre
violaciones a
los derechos
humanos de algún
tipo y otro
tanto de
violaciones
colectivas, todo
esto lo estoy
recogiendo. He
escuchado muchas
preocupaciones
sobre abusos de
derechos
humanos,
vinculados a
conflictos
agrarios, en
todo el país
hay esas
situaciones. Una
de las
recomendaciones
va a ser que se
le dé atención
a los llamados focos
rojos para
irlos
resolviendo, en
otras partes que
se creen las
instancias para
mesas de diálogo
para resolver
conflictos y
problemas que
tienen mucho
tiempo, no son
de ayer, ni de
anteayer, son de
muchos años".
Reconoció que
en México la
situación de
los pueblos indígenas
"es grave,
es seria; en términos
generales
podemos decir
que hay
violaciones
generalizadas de
los derechos
humanos de los
pueblos indígenas
del país, que
se expresan de
diferente manera
y que requieren
de atención
urgente".
16
de junio.
Guerrero:
Desde que
entraron los
judiciales el 10
y 11 de junio en
busca de los
secuestradores
del ganadero de
Pantla, los
habitantes de
San Ignacio no
salen de sus
casas por temor,
y piden que se
respeten sus
derechos.
Pidieron que se
investiguen las
arbitrariedades,
los golpes, las
torturas y los
robos en contra
de la gente del
poblado en la
presunta búsqueda
de
secuestradores.
Las casas
estaban cerradas
a raíz de las
incursiones de
los judiciales y
la gente está
indignada. Muy
cerca del caserío
está asentado
un campamento de
militares.
18
de junio.
Frontera: En los
pasados cinco días
fueron
encontrados los
cuerpos de tres
inmigrantes
mexicanos que
fallecieron por
deshidratación
el corredor
Naco-Douglas,
donde se
registran
temperaturas que
rebasan los 45
grados centígrados.
Guerrero:
Unas 200
personas del
FODEG y de la
OPCG arribaron
al Congreso
local con
familiares de
los presos políticos
que se
encuentran en
huelga de hambre
en el Cereso de
Chilpancingo.
Demandaban a los
diputados una
audiencia para
reformar el artículo
primero de la
Ley de Amnistía
y beneficiar a
sus familiares
que se
encuentran
recluidos en los
penales de
Chilpancingo y
Acapulco por
cuestiones políticas
y de conciencia.
19
de junio.
Guerrero:
Dirigentes de
organizaciones
sociales y de
organismos no
gubernamentales
de derechos
humanos se
reunieron con
los tres presos
políticos que
se encuentran en
huelga de hambre
desde hace 23 días,
para
solidarizarse
con su
movimiento.
“Ellos
realmente se
encuentran ya
muy mal, se han
sentido muy
mareados en los
últimos días y
ya tienen
diarrea, yo los
había visitado
anteriormente y
ahora ya se ven
muy delgados…
lo que tenemos
que hacer es
presionar a las
autoridades para
que en un
momento dado ya
resuelvan el
asunto, ya que a
todas luces están
presos pero por
delitos que no
cometieron”.
El
experto de la
Comisión
Interamericana
de Derechos
Humanos (CIDH),
Pedro Díaz
Romero, dio a
conocer el
informe
elaborado sobre
la investigación
de la muerte de
la abogada Digna
Ochoa, en el que
manifiesta que
resulta
altamente
preocupante el
estado que
guarda este
caso, afirma que
hay deficiencias
en varias
pruebas
importantes, que
las
investigaciones
en Guerrero no
se hicieron
adecuadamente, y
que el Ejército
no proporcionó
la información
que le fue
requerida.
Al
menos 14 de los
31 señalados
por la
Procuraduría
General República
como
narcotraficantes,
homicidas,
secuestradores y
ladrones de
autos, antes de
formar parte del
cártel del
Golfo se desempeñaron
en los llamados
Grupos Aeromóviles
de Fuerzas
Especiales
(Gafes), cuerpo
de elite del Ejército
Mexicano en el
cual la mayoría
de sus
integrantes
fueron
adiestrados en
Estados Unidos.
21
de junio.
Guerrero: Por
problemas serios
de salud a
consecuencia la
huelga de hambre
de 25 días, la
integrante del
Colectivo de
Presos Políticos
de Chilpancingo,
Isabel Fernández
Gómez, suspendió
su ayuno,
mientras que
continúan los
otros dos
huelguistas,
Miguel Ángel
Mesino y Tomás
de Jesús
Barranco.
22
de junio.
Chiapas:
Pobladores del
ejido Emiliano
Zapata,
municipio de
Tila,
denunciaron hoy
agresiones a
tiros sobre la
comunidad, así
como
hostigamiento
sexual a las jóvenes
indígenas, por
elementos del Ejército
federal.
23
de junio.
En México al
menos 290
personas han
sido sujetas a
procesos penales
mediante la
"fabricación
de delitos"
debido a
diferencias
ideológicas o
étnicas, según
consta en una
investigación
documentada que
realizó la Liga
Mexicana para la
Defensa y
Promoción de
los Derechos
Humanos
(Limeddh). El
escrito refiere
que en la mayoría
de los casos de
"presos políticos
y de
conciencia",
sus procesos jurídicos
se encuentran
"plagados
de
irregularidades",
tales como
detenciones
arbitrarias,
desapariciones
forzadas y
traslados a cárceles
clandestinas.
Agrega que la
mayoría de
ellos se
encuentran
recluidos en
Chiapas, Oaxaca
y Guerrero. Además,
indica que gran
parte de los
reclusos son de
origen indígena
o pertenecen a
alguna
organización
civil o política
antagónica al
gobierno estatal
donde se
encuentran
presos.
Asimismo, señala
que en materia
de derechos
humanos
persisten actos
de impunidad
debido a que
"cientos de
mexicanos
considerados
'presos o
perseguidos políticos'
han sufrido
torturas,
desapariciones
forzadas,
detenciones
arbitrarias,
fabricación de
delitos y
traslados a cárceles
clandestinas,
además de que
esta realidad
coexiste con una
persistente
militarización
en varias
entidades".
Guerrero:
Más de 300
vecinos de
Tecoanapa
marcharon por la
ciudad con
mantas y
pancartas para
exigir a la
Procuraduría
General de la
República (PGR)
la libertad de
Concepción Ramírez
Ramírez, de 70
años, e Inés
Jiménez Silva,
de 80, dos de
los seis
arraigados
actualmente en
la ciudad de México.
No sólo
estos seis
fueron afectados
por las
operaciones de
la AFI del 21 de
mayo.
El 21 de
mayo, el
transportista
Efigenio
Gallardo Ramírez,
de 44 años,
estaba afuera de
su casa, echando
a andar su vehículo
para empezar a
trabajar, cuando
a las 6:40 vio
que llegaban
muchos policías
federales.
Impresionado por
lo aparatoso de
la operación,
trató de
meterse a su
casa, pero unos
agentes se lo
impidieron,
cortaron
cartucho, lo
encañonaron y
lo pusieron
contra la pared,
mientras 15
agentes entraron
a catear su casa
sin ninguna
orden, “en
forma
salvaje”.
“Me golpearon
en la cabeza,
los pies y la
espalda. Me pedían
las armas. Como
15 se metieron a
mi casa,
violaron la
puerta, no tenían
orden de cateo.
Con las armas
levantaron a mi
mujer, a mis
tres niñas y
una muchacha,
les apuntaban
con las armas y
les decían que
se pararan.
Todas gritaban,
lloraban. Y a mí
no me dejaban
entrar a
ayudarlas, me
tenían encañonado
contra la pared,
en la calle”.
“Salió el
profe Lencho y
trató de
ayudarme, pero
no lo dejaron,
le dijeron con
palabras
groseras que se
callara, que si
no le iba a ir
mal”. “Yo
les pregunté a
quién buscan,
de qué se me
acusa, y me
golpearon y me
dijeron que me
callara. Cuando
trataba de
voltear me
golpeaban”.
Cuando los policías
terminaron el
cateo en su
casa, y no
encontraron las
armas que
buscaban, le
pidieron a
Efigenio
Gallardo su
identificación;
él la mostró y
les dijo que él
renta esa
vivienda, que no
es de su
propiedad. Uno
de los policías
dijo: “Ya la
regamos”, y
sin más
explicaciones se
fueron a catear
otras casas.
Yucatán:
La Comisión de
Derechos Humanos
de Yucatán
(Codhey)
investiga la
detención y
presunta tortura
del activista
Hernán Novelo
Sosa,
representante de
la organización
Unión Lésbica
Gay (ULG) en la
entidad. Novelo
Sosa fue
detenido la
semana pasada
por elementos de
la Agencia
Federal de
Investigación
bajo la supuesta
acusación de tráfico
de enervantes.
El defensor de
los derechos
humanos en Yucatán
fue remitido a
instalaciones de
la PGR, donde
presuntamente
fue torturado y
posteriormente
procesado
penalmente, no
obstante que los
policías no
mostraron
pruebas sobre el
tráfico de
drogas.
24
de junio.
Oaxaca: La
marcha Caminata
por la dignidad
y la esperanza
de los pueblos y
comunidades indígenas
del Istmo de
Tehuantepec
arribó a la
ciudad de Oaxaca
e instaló un
plantón frente
al Congreso
estatal. Al
mediodía cuatro
de los
dirigentes del
Consejo
Ciudadano
Unihidalguense
(CCU) y de la
Coordinadora de
Defensa de los
Pueblos-Coalición
Obrero Campesina
Estudiantil del
Istmo
(CDP-COCEI), así
como dos reos
indígenas del
CCU en
Tehuantepec,
iniciaron una
huelga de hambre
para exigir la
liberación de
tres presos políticos
del CCU.
25
de junio.
Guerrero: El
fundador de la
Organización
Campesina de la
Sierra del Sur
(OCSS), Benigno
Guzmán Martínez,
denunció que a
dos días de que
se conmemore el
octavo
aniversario de
la masacre de
Aguas Blancas
“hay mucho Ejército
por los
caminos”. Guzmán
Martínez señaló
que además del
Ejército hacen
rondines
patrullas de la
Policía
Judicial del
Estado y
Federal, quienes
se coordinan con
los militares.
En una
conferencia de
prensa, Guzmán
Martínez señaló
que los
habitantes están
siendo
hostigados.
Luego manifestó
que por ejemplo
en el camino a
San Juan de las
Flores, en la
sierra de
Atoyac, los
militares tiene
un campamento.
Allí, a los
campesinos les
piden
identificación
y sacan una
lista para ver
de quién se
trata. Además
preguntan a qué
van, de qué
familia son, a
quién van a
visitar, a qué
horas van a
regresar y cuál
es el objetivo
de la visita.
Consideró que
estas son
acciones de
hostigamiento,
ante la cercanía
del aniversario
de la masacre.
26
de junio.
Oaxaca: Este
mediodía se
cumplieron 48
horas de la
huelga de hambre
iniciada el
pasado día 23
por dirigentes
del CCU y de la
CDP-COCEI.
27
de junio.
Guerrero: Dos
presos en
Acapulco,
sobrevivientes
de la masacre
del vado de
Aguas Blancas,
Joviel Rafael
Ventura y Gerónimo
Hernández
Refugio,
exigieron al
gobierno federal
y estatal
castigo para los
responsables de
la muerte de 17
campesinos el 28
de junio de
1995. Rafael
Ventura, quien
se encuentra
desde 1998
acusado de
participar en el
Ejército
Revolucionario
del Pueblo
Insurgente
(ERPI) y en
secuestros y
emboscadas,
manifestó que a
ocho años de la
emboscada a los
campesinos de la
Organización
Campesina de la
Sierra del Sur
(OCSS), ordenada
por el entonces
gobernador, Rubén
Figueroa
Alcocer, no ha
habido justicia.
Manifestó que
quienes vivieron
en carne propia
ese desagradable
momento y que
sobrevivieron
levantan enérgicamente
la voz para
exigir justicia
y que el crimen
no quede impune
y se castiguen a
los culpables.
El sobreviviente
de Aguas Blancas
recordó que la
mañana del 28
de junio 1995
estuvieron
presentes
funcionarios de
primer nivel del
gobierno de ese
entonces como el
ex secretario
general de
Gobierno, José
Rubén Robles
Catalán; el
director de la
Policía
Judicial del
Estado, Gustavo
Olea Godoy y el
director de la
Policía
Motorizada,
mayor Manuel
Moreno González.
Dice que en el
vado de Aguas
Blancas
estuvieron cerca
de 500 elementos
de la fuerza pública
de la motorizada
y judiciales, y
que también de
esa masacre es
culpable el
actual senador,
Héctor Vicario
Castrejón. Los
sobrevivientes
se preguntan por
qué no se ha
castigado a
quien dio la
orden de llevar
a cabo ese
“proyecto
criminal” y
que saben fue
Rubén Figueroa
Alcocer; por qué
siguen libres
Gustavo Olea
Godoy y Rubén
Robles Catalán;
por qué no se
castiga a los
autores
intelectuales de
la masacre, además
de por qué no
están presos
los mandos
policiacos que
dieron la orden
de disparar.
28
de junio.
Guerrero: Los
presos políticos
en Chilpancingo,
Tomás de Jesús
Barranco y
Miguel Ángel
Mesino cumplen
33 días en
huelga de
hambre.
Chiapas:
De manera que
pareciera
"azarosa",
rebrotan los
controles
militares, policías
de la Agencia
Federal de
Investigación
(AFI) van por
delante en los
nuevos puestos
de revisión, en
los retenes se
presentan como
militares. Los
agentes de la
AFI bajan a los
pasajeros de sus
vehículos para
interrogarlos.
29
de junio.
"¡Asesino!
¡Asesino!",
fue el coro que
acompañó al
torturador
argentino
Ricardo Miguel
Cavallo, alias Sérpico,
desde que
apareció en el
hangar de la
Procuraduría
General de la
República
(PGR), en el
camino que lo
llevó a España
para ser juzgado
tras casi tres años
de permanencia
en México por
las acusaciones
de genocidio y
terrorismo. Las
mantas se
alzaron con un
pregón que se
repitió antes
de abordar el
avión: "No
perdonamos,
tampoco
olvidamos; sólo
queremos
justicia",
fue el grito de
sus víctimas y
los
descendientes de
éstas.
Guerrero:
Más de 2 mil
personas de
diversas
organizaciones
sociales
marcharon desde
las afueras de
Coyuca hasta el
vado de Aguas
Blancas, donde
hace ocho años,
más de 400
policías del
estado
detuvieron a
balazos el camión
en que decenas
de campesinos se
dirigían a
Atoyac para
participar en
una marcha, con
un saldo de 17
muertos y 23
heridos. El
fundador de la
OCSS, Benigno
Guzmán, ex
preso político
acusado de ser
el dirigente del
Ejército
Popular
Revolucionario
(EPR), cabeza de
un grueso
contingente
dijo: "con
nuestra
presencia en
este lugar
estamos
exigiendo
justicia".
Añadió,
“muchos compañeros
murieron con el
nombre de la
OCSS, y tenemos
también compañeros
desaparecidos,
como Gilberto
Romero Vázquez
y Benito Bahena
Maldonado,
desaparecidos el
20 de junio de
l997 y hasta
ahora no sabemos
nada de
ellos".
Poesía
Me
Engañaba
Creí
sufrir
creí
vivir
creí gozar
creí amar...
me engañaba.
Amé
sin volverme
fuego.
fui feliz
sin levantar el
vuelo
sufrí
sin morir por
dentro
¿Sentir? ¿Amar?...
me engañaba.
Sólo hoy
que morí por
dentro
al verte sufrir
a ti.
Que al verte
vivo,
viví.
Sólo hoy
que lloré
vertiendo el
alma.
Que sorbí tu
savia
con mis labios.
Sólo hoy
que no estás
aquí
pero que estás
conmigo.
Que morí
contigo
que renacimos
tú en mí
yo en ti
que somos uno.
Sólo hoy
que toqué tu
alma
con mi alma
tu dolor
con mi dolor
Sólo hoy sé:
lo que es sufrir
lo que es vivir
lo que es gozar
lo que es amar.
-
Gloria Arenas
Agis
abril
del 2000
Eventos
del Grupo de
Familiares y
Amigos de Presos
Políticos en México:
Domingo
22 de Junio
- 4to
Festival de la
Poesía
Latinoamericana
Leonor
Arenas,
integrante del
Grupo de
Familiares y
Amigos de Presos
Políticos en México,
e hija de los
presos políticos
Gloria Arenas y
Jacobo Silva,
participo en el
festival
declamando el
poema “Me Engañaba”
escrito por su
madre y el poema
“Sin
embargo”
escrito por su
padre, los dos
poemas fueron
escritos en
prisión.
El
Festival
de la Poesía
Latinoamericana
es organizado
por el programa
de radio hispano
Latino Soy, este
festival da
espacio a poetas
latinos de
declamar sus
poemas a la
comunidad latina
en Vancouver.
Una regla del
Festival es que
los
participantes
deben leer sus
propios poemas,
sin embargo los
organizadores
del Festival
aceptaron la
participación
de Leonor
presentando
poemas de sus
padres presos
políticos, en
el evento se
tuvo que hacer
creer que ella
era la autora de
los poemas y la
verdad fue
aclarada después
de su presentación,
el organizador
del evento
Eduardo Olivares
manifestó que
se mintió sobre
la autoría de
los poemas con
el propósito de
no ser cómplices
acallando la voz
de los presos
políticos. En
el festival de
poesía hubo
doce
participantes de
diferentes
puntos de
Latinoamérica.
Jueves
26 de junio
- Washington,
DC, Día
Internacional de
Acción Contra
la Tortura
Eva
Urrutia, miembra
de HIJOS, quien
participó en la
conferencia
anual de
sobrevivientes
de tortura,
organizada por
la organización
Torture
Abolition and
Survivors’
Support
Coalition,
exhibió las
pinturas “Lesa
Humanidad” y
“El Cristo del
Pie” del preso
político
mexicano Jacobo
Silva Nogales.
Viernes
27 de junio
- Café
Rebelde
Entre
música, discusión
política,
comida y arte,
se mantuvieron
prendidas 17
veladoras en
honor a los 17
compañeros
masacrados en el
Vado de Aguas
Blancas el 28 de
junio de 1995.
¡Porque el
color de la
sangre no se
olvida, los
masacrados serán
vengados!
Domingo
29 de
junio
- Videoproyección
en Video In
El
Grupo de
Familiares y
Amigos de Presos
Políticos en México
participó en
una
videoproyección
enfocada al
activismo político,
la resistencia
popular y las
telecomunicaciones
como herramienta
de denuncia, el
cual se llevó
acabo en los
estudios
“Video In”
de Vancouver.
Participaron
en este evento
las
organizaciones,
Environmental
Youth Alliance,
Global Justice,
ICTV,
SFPIRG-Gradicals
y otras.
Se
compartieron las
experiencias de
nuestro grupo en
la producción
del documental
“Hambre de
Justicia” y se
discutieron los
problemas que
enfrentan las
organizaciones
de base para
tener acceso a
la tecnología
de
video-producción
y para hacer los
resultados
accesibles a las
masas.
Se habló
también de los
paralelos que
existen en la
resistencia
popular en
Europa, Norteamérica
y América
Latina.
Al
concluir el
evento, se
anunciaron las
actividades
organizativas
que se están
promoviendo para
preparar la 2da
Conferencia
Internacional de
la Juventud Indígena.
Miércoles
2 de julio
- Justicia
Negada –La
Lucha de los
Presos Políticos
de México a
Palestina.
Emiliano
Velasco y Leonor
Arenas del
GFAPPM hablaron
sobre la situación
actual de los
presos políticos
en México,
partiendo desde
la visión
socioeconómica
de miseria y
marginación que
perméa en la
sociedad
mexicana.
Se trató
de proveer el
contexto político
y social en el
que se da la
criminalización
de la lucha
social en México.
También
participaron en
el evento Hanan
Elmasu de
Adameer quien
habló de los
5000 presos políticos
palestinos en cárceles
de Israel.
Denunció
también la
serie de
regulaciones
militares
impuestas por
Israel al pueblo
Palestino las
cuales tienen
como objetivo
criminalizar la
existencia del
pueblo ocupado.
Dennis
Easter habló
sobre el caso de
Leonard Peltier,
indígena
militante del
American Indian
Movement, preso
político en los
EEUU.
Dos indígenas
que acudieron al
evento, hicieron
notar la
existencia de
presos políticos
en BC y las políticas
sistemáticas de
exterminio
llevadas a cabo
por el gobierno
Canadiense.
Hablaron
también sobre
la unidad de la
resistencia indígena-americana.
Sábado
19 de julio
- Entrevista en
la radio
cooperativa de
Vancouver, CFRO
102.7 FM.
Integrantes
del GFAPPM,
Leonor Arenas y
Erika Fuchs
hablan sobre la
situación de
los presos políticos
en México en el
programa radial
América Latina
Al Día.
Próximos
Eventos del
GFAPPM:
Domingo
10 de agosto:
EL GFAPPM
participará en
el festival
anual de cultura
y lucha de clase
“Under the
Volcano”
el cual se
llevará a cabo
en el parque
Cates de North
Vancouver.
18
de septiembre al
2 de octubre:
Exhibición de
pinturas hechas
desde la cárcel
por el preso político
Jacobo Silva
Nogales, en la Universidad
Autónoma de
Chapingo (este
evento es en México).
Escribanos
a:
gfappm2@yahoo.ca
O
a:
GFAPPM
356-65
W. Cordova
Street
Vancouver,
BC V6B 8P6
Canadá.
