*
Solicitan
ayuda a la Codehum, Tlachinollan, la
Sedesol y Seder
Denuncian
la violencia de paramilitares
en la región
me’phaa y piden justicia
*
El sobreviviente de la emboscada del 4
de julio, Ricardo Eugenio Rufina, padre
de tres jóvenes asesinados y esposo de
la mujer, dijo: “Que en La Unificada
tienen contacto con los militares, que
los militares vienen protegiendo a esa
gente, que ayer los guachos estuvieron
con ellos”
Maribel
Gutiérrez, Barranca de Guadalupe *
Después de la ejecución de cuatro
personas de una familia el 4 de julio,
habitantes de esta comunidad indígena
me’phaa viven con el temor de que
regrese la violencia, que atribuyen a un
grupo paramlitar que tiene su sede en la
comunidad vecina de La Unificada, que
actúa protegido por el Ejército.
El
terror que les causó ver tirados en un
camino los cuerpos de los dos jóvenes
muertos con la cabeza deshecha por tiros
de gracia, y cerca de ellos los de su
hermana y su mamá, los hizo perder la
confianza de vivir en su propia
comunidad.
Los
miembros de la Organización de Pueblos
Indígenas Me’phaa, que en los últimos
cuatro años han denunciado la represión
del Ejército, temen que la violencia se
generalice y afecte a todos, sean o no
parte de la Organización.
Piensan
que las ejecuciones del 4 de julio son
un caso extremo de violencia, pues
alcanzaron también a dos mujeres: la señora
Fausta Neri Evaristo, de 48 años, y su
hija Marcelina Eugenio Neri, de 23, que
iban acompañando a los probables
destinatarios directos de las balas,
Eugenio Eugenio Neri, de 18 años, y
Antonino Eugenio Neri, de 20 años.
Dicen
que todo indica que las ejecuciones
fueron planeadas y hechas por hombres
bien entrenados para matar, porque después
de disparar con armas largas a
distancia, al parecer escopetas y AR-15,
se acercaron a los cuerpos de los jóvenes
para darles el tiro de gracia, y se
llevaron del lugar casi todos los
casquillos percutidos, para borrar
evidencias del tipo de armas que
utilizaron.
Según
el testigo, Ricardo Eugenio Rufina, de
53 años, padre y esposo de las víctimas,
en la emboscada participaron unos 12
hombres, de los que él reconoció a dos
líderes de La Unificada, el comisario,
Miguel Rendón Luciano, que fue detenido
pero inexplicablemente lo liberaron, y
su hermano, Doroteo Rendón Luciano, que
sigue preso en la cárcel de Ayutla.
La
recuperación de la confianza tras la
violencia que se dio en los últimos días,
es uno de los propósitos de la
Organización de Pueblos Indígenas
Me’phaa (Kambaxo Xuaji Guini
Me’phaa), dijo el presidente de esa
organización, Cuauhtémoc Ramírez,
quien presidió la asamblea junto al
representante de Barranca Bejuco,
Ezequiel Sierra Morales.
Por
eso, la Organización invitó al
coordinador general de la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos de
Guerrero (Codehum), Adelaido Memije, al
director del Centro de Derechos Humanos
de La Montaña Tlachinollan, Abel
Barrera, y a funcionarios de la Secretaría
de Desarrollo Social federal y de la
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder)
estatal.
Con
ellos, en la comisaría de Barranca de
Guadalupe, este lunes 21, se reunieron
hombres y mujeres de esta comunidad, así
como de Barranca Tecoani, Barranca
Bejuco y de Caxitepec.
A
los campesinos me’phaa les interesaba,
sobre todo, denunciar el hostigamiento,
la persecución, las amenazas de muerte,
la violencia, y el temor porque se
generalice la violencia de actos como
las ejecuciones del 4 de julio.
Pero
también les interesaba denunciar la
pobreza y abandono en que viven, porque
hasta esta comunidad y Barranca Tecoani,
en medio de las montañas, aisladas de
la cabecera municipal de Ayutla por una
carrereta con frecuencia intransitable,
no llegan los porgramas asistenciales
del gobierno ni las obras públicas, y
tampoco a Caxitepec y Barranca Bejuco
que pertenecen al municipio de Acatepec,
pero están tan lejos y aislados de la
cabecera municipal que para llegar
tardan 12 horas caminando.
Para
eso, pidieron ayuda a los visitantes,
aunque ya un poco incrédulos, porque
desde el año pasado presentaron 20
proyectos productivos para solicitar
financiamiento, y ninguno ha tenido
respuesta.
En
la reunión, los enviados de la Delegación
de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), Omar Vielma, y de la Secretaría
de Desarrollo Rural (Seder), Carlos
Partida, dieron a conocer los programas
de ayuda gubernamental que pueden llegar
a esta zona.
Rodeados
por tropas del Ejército
Aún
con la presencia de los funcionarios y
defensores de derechos humanos, los
pobladores de Barranca de Guadalupe y
los visitantes de las tres comunidades
se veían temerosos, y con insistencia
informaron que en el momento de la reunión,
el lugar estaba rodeado por soldados,
que unas horas antes se acercaron al
pueblo y se ocultaron en los alrededores
para vigilar la asamblea.
Informaron
que los soldados tienen su campamento a
unos 300 metros de la comunidad, en el
crucero que va a El Camalote, y desde ahí
se trasladan a vigilar Barranca de
Guadalupe, en la que desde 1999 hay
persecución militar contra campesinos a
quienes acusan de pertenecer a grupos
guerrilleros.
También,
señalaron que desde ese campamento, los
militares, o guachos como aquí les
llaman, se trasladan a la comunidad de
La Unificada, la más cercana, que
formaron hace cuatro años campesinos
que son acusados por la Organización de
pertenecer a un grupo paramilitar, que
vivían en Barranca de Guadalupe y que
se opusieron a la visita de cuatro
zapatistas del EZLN, que vinieron como
parte de la consulta nacional por los
derechos indígenas, en marzo de 1999.
Pide
investigar a militares y paramilitares
Ricardo
Eugenio Rufina, de 53 años, es papá y
esposo de los cuatro muertos.
El
4 de julio como a las 2 de la tarde él
iba con ellos, de regreso de su parcela
a su casa, caminando por una vereda,
cuando fueron emboscados. El es el único
sobreviviente y testigo directo.
En
la reunión, narró con detalle los
hechos en idioma me’phaa, y pidió
ayuda a los visitantes para que se haga
justicia y se castigue a los culpables.
En
particular, pidió que se investigue
como presuntos participantes en los
asesinatos a hombres de La Unificada que
trabajan en el Ejército: Onésimo Rendón
Cornelio, que trabaja en el 48 Batallón
de Infantería con sede en Cruz Grande,
y sus hermanos Ignacio y Daniel Rendón
Cornelio, que son soldados del Ejército.
También
pide que se investigue al comisario de
La Unificada, Miguel Rendón Luciano, y
a dos policías comunitarios del
comisario de la Unificada, Eleuterio Sánchez
Sierra y Fausto Francisco Sabino.
Relató
los antecedentes de los crímenes del 4
de julio, que se encuentran en un
conflicto con gente de La Unificada.
Dijo
que el 13 de junio, cuando su hijo
Eugenio estaba trabajando en la
construcción de la iglesia, vinieron
cuatro policías comunitarios de La
Unificada, se lo querían llevar para
hacerle preguntas. El dijo que no se iba
a ir solo, sino acompañado de su papá,
pero le dijeron que no, que tenía que
ir en ese momento a declarar lo que había
hecho.
Entonces
le dispararon a Eugenio pero no le
dieron, le dieron a la falda de su mamá
y a una mata de plátano, el que disparó
se llama Eleuterio Sánchez Sierra.
Asegura
que de ahí se viene que mataron a sus
hijos y a su esposa.
En
la asamblea, Ricardo Eugenio Rufina,
hizo una denuncia pública sobre los
nexos del Ejército con los
paramilitares de La Unificada, lo que
coincide con las denuncias que han hecho
los dirigentes de la Organización:
“Que
en La Unificada tienen contacto con los
militares, que los militares vienen
protegiendo a esa gente, que ayer los
guachos estuvieron con ellos”, dijo en
me’phaa.
En
respuesta a la petición de ayuda, el
coordinador general de la Codehum,
Adelaido Memije, planteó que esta
Comisión investigará qué ha hecho el
Ministerio Público, y vigilar la
averiguación previa para que se
castigue a los culpables.