* Exigen respeto a las garantías de seis arraigados

Piden diputados a la PGR información de los detenidos en Ayutla y Tecoanapa

 * Los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública y Derechos Humanos del Congreso, René Lobato y Rómulo Reza, enviaron una petición al delegado de la PGR en Guerrero, José Alberto Rodríguez Calderón

 Los diputados René Lobato Ramírez y Rómulo Reza Hurtado, presidentes de las comisiones de Seguridad Pública y Derechos Humanos del Congreso del Estado, pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que se respeten las garantías de seis ciudadanos guerrerenses arraigados en la ciudad de México, acusados de secuestro y de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), sometidos a una investigación por parte de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO).

En un escrito enviado el 20 de junio al delegado de la PGR en Guerrero, José Alberto Rodríguez Calderón, los diputados piden también información sobre la situación legal de los detenidos.

En el escrito de petición, dicen: “solicitamos a usted se respeten las garantías individuales y derechos humanos de los arraigados, CC. José Guadalupe Hernández, Eudocio Suástegui García, Bardomiano Ríos Espinoza, Doroteo Marín Cartagena, José Inés Jiménez Silva y Concepción Ramírez Ramírez, en la práctica de las diligencias”.

Hecen una segunda petición: “Asimismo, solicitamos nos informe la situación jurídica que guardan, la fecha en que se resolverá la misma, el lugar en que se encuentran arraigados y el estado procesal de la averiguación previa número PGR/UEDO/387/2002, iniciada en contra de una supuesta organización delictiva que operaba en los municipios de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, Guerrero”.

Manifiestan que dicha información servirá para dar cumplimiento al acuerdo del presidente del Congreso del Estado, tomado el 17 de junio, a propuesta de la diputada Virginia Navarro, que instruye a las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Pública a que se aboquen a la atención del caso de seis ciudadanos detenidos el 21 de mayo por policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en Ayutla y Tecoanapa.

Por otra parte, los diputados que integran las comisiones unidas de Seguridad Pública y Derechos Humanos del Congreso del Estado se reunirán hoy martes, para planificar los trabajos relativos a atender el caso de los seis detenidos de Ayutla y Tecoanapa.

Los avances en las gestiones de los diputados para atender el caso de los arraigados por la UEDO fueron dados a conocer este sábado 21 a familiares, vecinos y amigos de los detenidos de Tecoanapa, Concepción Ramírez Ramírez (conocido como don Chon o Chonquito) e Inés Jiménez Silva, que participaron en un foro al cumplirse un mes de las operaciones de la AFI.

Vecinos de Concepción Ramírez e Inés Jiménez se trasladan hoy a Chilpancingo

En el foro se denunció la ilegalidad y violencia en las detenciones y cateos que hizo la AFI el 21 de mayo, y se exigió la libertad de los arraigados porque quienes los conocen saben que son inocentes.

Asimismo, se acordó manifestar estas posiciones públicamente, con un plantón este martes en Chilpancingo, y crear un Comité de Derechos Humanos de Tecoanapa, para la defensa de los ciudadanos de ese municipio ante los atropellos y violaciones a sus garantías.

El punto de acuerdo propuesto por la diputada Navarro, que el 17 de junio fue turnado a las comisiones, menciona las irregularidades que la PGR ha cometido. destaca que las detenciones fueron hechas sin orden de aprehensión, flagrancia, o sin que se tratara de un caso urgente. Además, los detenidos estuvieron incomunicados durante tres días, y hasta el 26 de mayo, cinco días después, la UEDO hizo pública su detención.

Señala que ante la falta de pruebas para enjuiciar a los detenidos por los delitos de secuestro y asociación delictuosa, el juez federal dicta un arraigo por 90 días, para que el Ministerio Público federal pueda reunir pruebas para la acusación.

En el acuerdo se afirma que “contrariamenmte a la versión oficial, la descripción de los hechos por parte de los familiares da cuenta de una acción arbitraria y de abuso de autoridad, en tanto que no sólo nunca fueron exhibidas las órdenes de aprehensión, sino que incluso se denuncian acciones de amedrentamiento y robo, e inculpando a personas de reconocida solvencia moral por su participación ciudadana”.

El texto afirma: “Resulta inadmisible que en nuestra entidad se siga procediendo a la detención de presuntos responsables de la comisión de delitos, al margen de la legalidad y en flagrante violación de los derechos humanos de los guerrerenses. Las detenciones sin la existencia de órdenes de aprehensión, son violatorias de las garantías individuales expresadas en el artículo 16 de la Constitución y constituyen una clara detención arbitraria. Esta práctica, que no es privativa de los organismos policiales de carácter federal, crea un ambiente de desconfianza hacia los propios cuerpos de seguridad que nos conduce a un verdadero estado de terror”.

También cuestiona la legalidad del arraigo, pues significa que susbiste la práctica de detener y luego investigar para inculpar a alguien.

Exige que se investigue la legalidad de la actuación de la AFI en las detenciones del 21 de mayo en Guerrero, y critica que las instancias estatales se seguridad pública se mantengan al margen de esos acontecimientos, cuando la ley establece que debe haber coordinación.

Señala: “Resulta preocupante que las instancias estatales encargadas de la seguridad pública en Guerrero, particularmente en lo que se refiere a la Secretaría General de Gobierno y la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se mantengan al margen de los acontecimientos, abonando el clima de incertidumbre y desconfianza en el combate a la delincuencia organizada”. (Maribel Gutiérrez).