*
Benigno, Marino, Hilario Mesino y José
Sánchez
No
creen que el fiscal especial resuelva
la demanda de
justicia en Aguas Blancas
*
La reapertura del caso, una exigencia en
el octavo aniversario de la masacre,
como si el expediente no estuviera
abierto
Maribel
Gutiérrez * Dirigentes de los dos
grupos de la Organización Campesina de
la Sierra del Sur (OCSS) y el abogado de
los sobrevivientes de la masacre de
Aguas Blancas, José Sánchez, coinciden
en que la Fiscalía Especial, que hace
casi un año reabrió el expediente, no
resolverá la demanda de justicia.
Una
demanda reiterada de las organizaciones
sociales y de los afectados por la
masacre es que se reabra el expediente
para que se castigue a los responsables.
Esa demanda se escuchó nuevamente en el
acto por el octavo aniversario de la
matanza de 17 campesinos, este 28 de
junio, a pesar de que formalmente el
caso Aguas Blancas ya se reabrió,
primero en la Procuraduría General de
la República, en octubre de 2001, y en
julio de 2002 en la Fiscalía Especial
para crímenes relacionados con
movimientos políticos y sociales del
pasado reciente.
Aun
con sus divisiones, los tres grupos
vinculados al caso Aguas Blancas, que
participaron en la movilización por el
octavo aniversario tienen la misma
posición: la Fiscalía que encabeza
Ignacio Carrillo Prieto, en la que se
radicó el expediente de la masacre, no
está resolviendo la demanda de
justicia.
La
posición inicial de esos tres grupos
frente a la Fiscalía fue diferente: El
abogado Sánchez y 40 sobrevivientes,
viudas y madres de los muertos se
acercaron a la Fiscalía para apoyar la
denuncia de la ex alcaldesa de Atoyac,
María de la Luz Núñez Ramos. Hilario
Mesino y Marino Sánchez quienes
presentaron denuncias ante la PGR, donde
no hubo resultado, y rechazaron
cualquier acercamiento a la Fiscalía
Especial. Mientras, Benigno Guzmán no
ha hecho trámite alguno porque no tiene
ninguna confianza, y dice que “no se
espera justicia de parte del
gobierno”.
En
este momento, a ocho años de la masacre
de Aguas Blancas y a un año de que
reabrió la investigación la Fiscalía
Especial, los tres opinan que esa
instancia no resolverá la demanda de
justica, y sobre las posibles salidas
hay tres posiciones: Marino Sánchez e
Hilario Mesino insisten en que se
conforme una Comisión de la Verdad; José
Sánchez plantea enviar el caso a
instancias internacionales como la Corte
Penal Internacional, y Benigno Guzmán
dice la justicia se tendrá cuando el
pueblo se organice.
Los
tres coinciden en que no se ve a corto
plazo que el caso Aguas Blancas se
encamine hacia la justicia.
Hilario
Mesino y Marino Sánchez: Ni la PGR ni
la Fiscalía, una Comisión de la Verdad
Cuando
el nuevo gobierno de Vicente Fox en sus
inicios abría esperanzas o al menos
curiosidad de un cambio, el 21 de
octubre de 2001 dos dirigentes y
fundadores de la OCSS, Hilario Mesino y
Marino Sánchez, presentaron ante la
Procuraduría General de la República
una denuncia por la masacre de Aguas
Blancas, con la petición de que esta
Procuraduría cumpliera con la
recomendación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que
indica que continúe la investigación,
que se incluya a los responsables señalados
por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (el entonces gobernador Rubén
Figueroa y los principales funcionarios
de su gobierno)
y se dé la atención médica y
se repare el daño a los sobrevivientes
y a las familias de los deudos.
Al
poco tiempo, los dirigentes vieron que
en lugar de avanzar, la PGR retrocedía
al enviar el caso a la Delegación
Guerrero, donde no hay garantía de
imparcialidad.
A
mediados de 2002, cuando se informó que
la Fiscalía Especial podía hacerse
cargo de la investigación, los dos
dirigentes se manifestaron en contra, e
insistían en que la PGR es la instancia
responsable.
A
la fecha están convencidos de que la
PGR no va a investigar, y tampoco la
Fiscalía Especial.
Marino
Sánchez, uno de los principales
testigos de la masacre de Aguas Blancas,
que iba al frente de los campesinos que
bajaban en camionetas de la sierra de
Coyuca de Benítez para tarsladarse a
una manifestación en Atoyac, el 28 de
junio de 1995, que vio de cerca los
hechos pero su testimonio no fue
considerado, dice:
“Hemos
luchado porque no sea la Fiscalía
Especial la que retome el caso; pedíamos
que lo hiciera la PGR, pero tampoco
avanzó nada. Ya no confiamos en fiscalías
y en la PGR, vemos que el gobierno de
Fox no tiene voluntad de hacer justicia.
Ahora pedimos que sea una Comisión de
la Verdad.
“Vamos
a buscar otros medios para hacer
justicia, porque la investigación ya la
hizo la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, y lo que se necesita es que se
cumpla la recomendación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos”.
Hilario
Mesino opina que el gobierno de Fox
maniobró para eviar el caso Aguas
Blancas a la Fiscalía Especial con el
propósito de que no se haga justicia;
afirma que se ve que hay un acuerdo
entre el PRI y el PAN para que siga la
impunidad.
“La
demanda que presentamos no sirvió de
nada, se ve que hay un acuerdo para
proteger a los responsables”, dice el
dirigente, y agrega que ahora queda
recurrir a instancias internacionales, y
en México insistie en que se forme una
Comisión de la Verdad.
Dice
que ahora, si la Fiscalía lo llama a
declarar, no va a acudir. Pone un
ejemplo de que la Fiscalía no busca la
verdad ni la justicia, sino mediatizar a
los involucrados y señala que en Atoyac
los funcionarios de la Fiscalía le
pidieron que los acompañara a las
comunidades para proponer financiamiento
a proyectos productivos, lo que no es
una función de la Fiscalía, ni es lo
que los familiares le demandan, sino la
justicia.
El
abogado de los sobrevivientes: La Fiscalía,
un paso para llegar a la Corte Penal
Internacional
El
abogado José Sánchez explica que después
de que la Fiscalía Especial abrió el
expediente del caso Aguas Blancas, hace
un año, dos de los sobrevivientes,
Mauro Hernández Lozano, el dueño de la
camioneta que fue baleada por policías
motorizados, y su hijo, Abimael Hernández,
recurrieron a esa instancia con la
esperanza de que se haga justicia y se
les repare el daño. A a esa denuncia se
sumaron 40 sobrevivientes y Sánchez,
que es su abogado.
–¿Creen
que la Fiscalía pueda hacer justicia?
–Los
sobrevivientes buscan plantear sus
demandas donde se pueda, ellos buscan
justicia, que se castigue a los
culpables y la reparación del daño, y
no tienen una posición determinada
sobre la Fiscalía. Y yo lo que busco es
agotar las instancias nacionales, para
estar en posibilidad posteriormente de
mandar el expediente a la Corte Penal
Internacional.
Sánchez
opina que la Fiscalía ha demostrado que
no va a investigar, porque tiene ya un año
con el expediente abierto y no ha
avanzado, y señala que con esto Fox se
exhibe “como un mentiroso”.
Aparte,
pone un ejemplo de cómo la Fiscalía
trata de “enganchar” a los afectados
por el caso Aguas Blancas. Relata que en
noviembre de 2002, el equipo del fiscal
Carrillo Prieto habló ante los
sobrevivientes de la reparación del daño,
pero, dice que la manejó “como un
gancho, como un espejismo”, pues les
dijo que a nivel nacional se iba a
formar una comisión, encabezada por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
para atender esa demanda. Ya pasaron
ocho meses y no hay ningún avance, dice
el abogado.
Benigno
Guzmán: son puras falsedades
A
otro de los fundadores y dirigente de
otra corriente de la OCSS, Benigno Guzmán
Martínez, dice sobre la reapertura del
caso Aguas Blancas en la Fiscalía
Especial:
“No
le creemos al fiscal; son puras
falsedades para entretener al pueblo,
para ganar tiempo, que el pueblo pierda
la esperanza y que se olvide la demanda
de justicia”.
Dice
que no confía en la PGR, que es lo
mismo, y agrega. “La justicia la va a
hacer el pueblo cuando se organice para
cambiar las cosas. Ya tenemos ocho años
y no ha habido nada, todo sigue igual,
con Fox y con la Fiscalía no hay
justicia. No vemos que se pueda resolver
pronto, pero no decimos que ya se
olvide; tenemos que seguir insistiendo
en las demandas del pueblo y
organizarnos; por eso nosotros decimos
ni perdón ni olvido”.