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Más
militares y hostigamiento que hace cinco años:
OIPMT
El
ambiente de miedo se reflejó en el aniversario
de la masacre de El Charco
Maribel
Gutiérrez, Ayutla * Muchos campesinos,
entre ellos algunos sobrevivientes de la
masacre de E Charco, no quisieron acercarse
este año a los actos conmemorativos del
asesinato de 11 jóvenes –10 indígenas y
un estudiante–, muertos en el ataque de
tropas del Ejército a la escuela bilingüe
de esa comunidad, en la que se encontraban
representantes de diversos poblados de la
región mixteca de Ayutla y guerrilleros del
Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente (ERPI).
Aún
así, a la marcha realizada en esta ciudad
asistieron más de 300 personas. La mayoría
bajó de las comunidades de la región indígena,
y otros, miembros de organizaciones
sociales, llegaron de otras regiones, como
los sobrevivientes de la masacre de Aguas
Blancas, los niños del albergue de huérfanos
de la Organización Campesina de la Sierra
del Sur, un contingente bien ordenado del
Frente Popular Revolucionario, otro de la
Organización Revolucionaria Emiliano
Zapata, estudiantes de la normal rural de
Ayotzinapa y dirigentes del PRD local.
Los
visitantes y los dirigentes de la Organización
de Pueblos Indígenas Me´phaa y de la
Organización Independiente de Pueblos
Mixtecos Tlapanecos –a la que pertenecían
los campesinos muertos en El Charco–, se
formaron atrás de las viudas y
sobrevivientes de la masacre, y marcharon
por las calles de Ayutla.
Fue
una manifestación política en demanda de
justicia y castigo a los militares
responsables de las ejecuciones de 11
personas, de indemnización a las viudas y
becas para los niños huérfanos.
También
por la salida del Ejército de la región
indígena, cuya presencia es frecuente en
las comunidades desde hace cinco años.
Las
demandas recorrieron las calles, escritas en
las mantas y pancartas y en las consignas
que gritaban a coro los grupos que
concluyeron la manifestación en la plaza
frente al Palacio Municipal sin discursos.
El
coordinador de la Organización
Independiente de Pueblos Mixtecos
Tlapanecos, Arturo Campos Herrera, dice que
el quinto aniversario de la masacre de El
Charco está marcado por la persecución a
los dirigentes indígenas de Ayutla, y una
mayor militarización y represión en la
zona.
Señaló
como muestra de esto la intimidación a los
pueblos que desde febrero y marzo de 2002
denuncian las violaciones a dos indígenas
me´phaa, la irrupción intimidatoria de
militares en pueblos como Barranca Tecoani,
la infiltración de paramilitares en las
comunidades para espiar y crear conflictos,
y el asesinato de uno de los sobrevivientes
de la masacre, y ex preso político, Esteban
Leobardo Epitacio, el 19 de febrero, en
condiciones que no se han investigado.
También,
la vigilancia constante y amenazas a los
dirigentes de las organizaciones indígenas
con motivo de los cateos y detenciones
hechas por policías de la Agencia Federal
de Investigaciones (AFI) hace dos semanas en
Ayutla y Tecoanapa.
“Hay
temor de que pueda haber detenciones y de
que se fabriquen delitos”, dice el
dirigente mixteco.
Afirma
que el ambiente de temor creado desde hace
dos semanas por las acciones de la AFI
empeora las condiciones de vida en las
comunidades indígenas, ya difíciles desde
la masacre de El Charco, por la presencia
militar y el hostigamiento a los dirigentes
y a los pueblos.
Informó
que hace 15 días entró un convoy militar a
El Charco, sin una actividad precisa, con
aparentes propósitos intimidatorios, y
antes el Ejército estuvo en La Angostura, y
hubo retenes en La Concordia y en La Palma.
Una
demanda de todos los años es que se
investiguen los sucesos del 7 de junio de
1998 en El Charco y que se castigue a los
militeres responsables de 11 ejecuciones, de
los cinco heridos y de las torturas a los 22
detenidos. Pero tampoco en esto se ha
avanzado, dice el dirigente, como pasa con
otros crímenes cometidos por el Ejército.
Después
de cinco años, afirma que la masacre de El
Charco fue planeada para detener la lucha de
los pueblos indígenas, y esa política del
gobierno federal continúa en esta región,
aún con el gobierno de Vicente Fox,
mediante las acciones de militares y
paramilitares en la región mixteca y
tlapaneca de Aytula.