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Política
Gilberto López y Rivas ¡Presos políticos y de conciencia, libertad! El gobierno foxista no sólo no llevó a cabo las reformas del Poder Judicial incluidas en la ya olvidada transición democrática, sino que la corrupción, inoperancia y manejo faccioso de la ley sitúan a la actual administración de justicia en México en las peores condiciones que se tiene memoria del régimen de partido de Estado. En este tema, como en muchos otros, el doble lenguaje y la incongruencia entre los discursos y la realidad constituyen una de las características distintivas del "gobierno del cambio". Este diagnóstico queda demostrado con la sobrevivencia de un lastre nacional que se arrastra desde los años sesenta: la existencia de numerosos presos políticos recluidos en las mazmorras penitenciarias que el gobierno federal mantiene como centros de castigos inhumanos e infamantes. Purgando largas condenas se encuentran los militantes de los distintos grupos armados revolucionarios y también quienes fueron asociados sin pruebas con acciones que el Estado considera "terroristas". Tal es el caso de los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, así como del indígena náhuatl Pablo Alvarado Flores, cautivos desde hace dos años y nueve meses y mantenidos ilegalmente desde entonces en el penal federal de La Palma, Almoloya de Juárez, en el estado de México, donde las condiciones carcelarias son un atentado contra los derechos humanos y se utiliza la siquiatría como instrumento adicional de castigo y manipulación mental. Fueron detenidos ilegalmente a raíz de los atentados en sucursales de Banamex el 8 de agosto de 2001. Participó en su captura, de manera inconstitucional, el Ejército federal y fueron sometidos a crueles torturas físicas y sicológicas (bolsas de plástico en la cabeza, golpes en diversas partes del cuerpo, jalones de cabello, amenazas de muerte, que incluían a la familia; intimidación de violación y castración, mientras permanecían vendados y esposados), todo lo cual irrespetó sus garantías individuales y los derechos amparados en la Constitución, así como en las convenciones y tratados internacionales firmados y ratificados por México. Se les impuso un proceso judicial amañado que no demostró que los inculpados participaron en los atentados. Aún más: en total incoherencia jurídica se exoneró a estos jóvenes de cuatro de los siete delitos por los cuales inicialmente fueron acusados, entre ellos los de posesión de armas de fuego, cartuchos y artificios, daño en propiedad ajena y terrorismo, que según las autoridades judiciales se relacionaban con las explosiones que justifican la detención, pero inexplicablemente se mantiene el de "delincuencia organizada". Los detenidos no ocultan sus ideas revolucionarias, pero niegan haber participado en los hechos referidos. Incluso, en un esfuerzo por mantenerse activos y combatiendo al Estado opresor, aun en cautiverio, mantienen una modesta, pero digna revista, llamada Revuelta, en la que escriben artículos que analizan la situación nacional, en uno de los cuales podemos leer, entre otros temas, un diagnóstico sobre la guerra sucia del foxismo: "Estamos ante un fenómeno que intenta doblegar por temor a aquellos que no estamos dispuestos a quedarnos pasivos ante la injusticia, la tortura, la existencia de presos políticos y de conciencia, la apropiación por parte de las trasnacionales de nuestros recursos naturales y humanos a precios irrisorios, la miseria, el hambre, los asesinatos en Ciudad Juárez" (Francisco Cerezo Contreras, "Acerca de la guerra de baja intensidad", Revuelta, año 2, número 5, febrero-mayo de 2004). El panismo hecho gobierno ha demostrado que no es el "bien común" precisamente lo que fundamenta su práctica cotidiana, sino la represión brutal que en días pasados se llevó a cabo en Jalisco, la complicidad con el narcotráfico y la persecución a la protesta pública en Morelos, la impunidad de personajes como Diego Fernández de Cevallos, quien al amparo de su curul hace negocios millonarios y maquina conspiraciones contra el Gobierno del Distrito Federal, la violación permanente al estado de derecho por Vicente Fox y su esposa, en connivencia con el peor entre los pésimos procuradores generales de la República, quien utiliza la institución a su cargo como instrumento político y de persecución de los opositores. En los comentarios del "hombre de la calle" se escucha que si el gobierno de Fox y sus allegados son capaces de montar un complot político, jurídico y mediático en contra del jefe de Gobierno de la capital, ¿qué puede esperar un militante de las organizaciones políticas que por diversos medios manifiestan su inconformidad ante el desgobierno actual? La primera ocasión que participé en una manifestación pública en los inicios de los sesenta, la consigna más reiterada era "libertad a los presos políticos". Cuarenta años después debemos asumir que mientras exista un preso político en México, todos somos responsables por su liberación. "La libertad de los presos no es sólo un deseo, es un compromiso con nosotros mismos, con nuestro presente, con nuestro futuro, sin olvidar el pasado que nos alimenta. La lucha por la libertad es hoy y siempre." (Revuelta). ¡Presos políticos y de conciencia, libertad!
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