Ocupa la Policía Judicial el primer lugar en violación de derechos humanos: Tlachinollan

 Adelanto del décimo informe de actividades de la ONG de la Montaña. Anuncian la formación de una red de defensores comunitarios en los 17 municipios de esa región

 Redacción

El organismo no gubernamental de Defensa de los Derechos Humanos, Tlachinollan, informó que la Policía Judicial del Estado es la autoridad que se ubica en primer lugar en la violación de derechos humanos, seguida del Ejército, la policía del estado, y la policía municipal.

En un boletín de prensa, que anuncia la celebración de su décimo aniversario, este organismo denuncia que también son responsables de violaciones a los derechos humanos, “los residentes municipales, síndicos procuradores, directores de los centros de readaptación social, médicos legistas, defensores de oficio, personal médico y regidores”.

Este organismo presentará  su décimo informe de actividades el próximo sábado en la ciudad de Tlapa de Comonfort, y en el mismo boletín informó que se busca conformar una red de promotores comunitarios de Derechos Humanos en los 17 municipios de la Montaña “para coadyuvar en la construcción de una cultura de la diversidad, la tolerancia y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, además de fortalecer alianzas de coordinación estratégica de los pueblos y organizaciones indígenas de la Montaña, “para generar un poder ciudadano alternativo”.

También se indicó que existe el propósito de procesar y sistematizar información sobre la situación de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas de Guerrero con el fin de difundirla, “para prevenir situaciones graves que atenten contra la dignidad humana, denunciar las violaciones a los Derechos Humanos y defender los casos ante las instancias nacionales e internacionales para restituir a las víctimas los derechos que les fueron violados”.

Tlachinollan comenzará hoy el festejo de su décimo aniversario en la ciudad de Tlapa de Comonfort, con un Encuentro Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde se elaborará una agenda mínima de derechos indígenas “que pugnará para que las autoridades estatales implementen políticas públicas orientadas a proteger, respetar y promover estos derechos”.

El sábado, a las 20 horas presentará en el auditorio municipal su décimo informe titulado Contra el Silencio y el Olvido. Diez Años por los Derechos Humanos en la Montaña de Guerrero. Este documento consta de 5 capítulos “que ofrecen un recorrido por la situación de pobreza, olvido, marginación, violencia y falta de justicia que se vive en la región, factores que han sido una constantes durante la última década y se han perpetuado para perjuicio de sus habitantes”.

El primer capítulo del informe de Tlachinollan, denuncia la situación en la que se encuentran los habitantes de la Montaña, quienes son acosados por un frente militar “cuyas armas son el acoso, cerco e intimidación a la población”. Denuncian también detenciones injustificadas y violaciones sexuales comeditas por el Ejército en donde “la organización comunitaria independiente es fuerte”.

Además de que se busca excluir de los beneficios sociales y del presupuesto a las comunidades y organizaciones indígenas, que no comparten la ideología política, que denuncian la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, además de la vigilancia y el marcaje personal a los líderes o representantes de las comunidades.

En cuanto al tema de la “Militarización, narcotráfico y grupos armados”, se denuncia la presencia de militares en la región de la Montaña, que busca “contener el movimiento social, perseguir, reprimir y desmantelar a la guerrilla e imponer un estado de excepción para someter a la ciudadanía que se organiza y lucha por el respeto a sus derechos humanos”.

También expresan que ”se busca controlar a la población, a través de los programas PROCEDE, Oportunidades, Mano con Mano, PROCAMPO, Fertilizante, APV, entre otros “que en su implementación imponen reglas de juego político que son contrarias a las costumbres de las comunidades indígenas, las cuales ejercen violencia al implantar normatividades ajenas que implican sometimiento y se atreven a violar la intimidad de la conciencia”.

En cuanto al capítulo de la salud, se denuncia la ineficacia de la cobertura de los servicios médicos, la cual “está muy por debajo de la media nacional”, y agregaron que se mantiene un aparato de salud que no está orientado a brindar un servicio eficiente a la población pobre, sino a mantener una estructura burocrática que responda a los intereses políticos de los funcionarios de la salud”.

Finalmente, el informe de dicho organismo “deja constancia de la persistencia del mismo patrón de violaciones de los derechos humanos a lo largo de 10 años de trabajo, período en que Tlachinollan documentó 376 casos de violaciones a los derechos humanos”.

Es pertinente mencionar a los casos de Aguas Blancas y El Charco como ejemplos de acontecimientos lamentables que integran la lista incluida en este capítulo de cierre. Ambos casos son absolutamente representativos porque condensan las lecciones de la estrategia de una guerra contrainsurgente que apuesta al uso de la fuerza y a la destrucción de los adversarios como una medida “inevitable” para reestablecer el orden, lógica que ha sido una constante en los últimos 10 años en la Montaña de Guerrero.