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Apoya la propuesta de la Codehum y la Red
Deficiencia
grave, la falta de ley contra la
desaparición: Amnistía Internacional
Amnistía
Internacional, organización no gubernamental con sede en
Londes, se manifestó por la aprobación en Guerrero de una ley
especial contra la desaparición forzada, como la propusieron al
Congreso del Estado la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos de Guerrero (Codehum) y la Red Guerrerense de Derechos
Humanos.
En
una carta dirigira al gobernador, René Juárez Cisneros, con
fecha 12 de marzo, la directora del Programa Regional para América,
Susan Lee, plantea que “Amnistía Internacional ha documentado
casos de desaparición forzada
en
el estado de Guerrero desde los años 70 hasta los últimos
tiempos” y que en este trabajo, “ha identificado la falta de
legislación adecuada a nivel federal o estatal para prevenir o
sancionar tales delitos como una deficiencia grave que ha dejado
casi la totalidad de estos delitos en la impunidad, y ha
favorecido la continuación de esta práctica aberrante por
parte de algunos funcionarios públicos, así como de otros
individuos que actuaron con la autorización, apoyo o
aquiescencia de aquellos”.
En
particular, se refiere al caso de la desaparición del señor
Faustino Jiménez Alvarez, documentado en la recomendación de
la Codehum 19/2002, y en el informe de junio 2002 de Amnistía
Internacional titulado La desaparición: un delito permanente.
En
la carta, se hace un reconocimiento a la iniciativa del
gobernador de reformar el artículo 133 bis del Código Penal de
Guerrero, para tipificar el delito de la desaparición forzada.
Sin
embargo, la organización considera que la penalización de la
desaparición forzada en el estado de Guerrero debería llevarse
a cabo mediante una ley especial y no con reformas limitadas a
algunos artículos del Código Penal.
Plantea
la necesidad de que la penalización de esta grave violación de
los derechos humanos, sea conforme a las normas internacionales
contraídas por el Estado mexicano a través de la ratificación
de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas y que resulte congruente con la Declaración sobre la
protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante resolución 47/133 de 18 de diciembre de 1992.
Advierte
que si la ley contra la desaparición forzada no se apega a
estas disposiciones, se corre el riesgo de que las víctimas de
este crimen y los afectados no gocen de una apropiada protección
y que la impunidad se mantenga.
Señala
las características que de acuerdo con los instrumentos
internacionales debe tener la ley, entre las que destacan que
debe penalizar la desaparición forzada como un delito autónomo
e independiente; debe señalar, en cuanto a la autoría del
delito, a servidores y autoridades públicos así como a otro
tipo de personas o grupos de personas que actúen directa o
indirectamente con la autorización, apoyo o aquiescencia de
aquellos; debe establecer sanciones no sólo a los autores, sino
a los cómplices y encubridores.
Otra
característica es que las acciones penales por el delito de
desaparición forzada y las penas que se impongan no están
sujetas a prescripción, y que toda desaparición forzada sea
considerada delito continuado o permanente mientras no se
establezca el destino o el paradero de la víctima.
También,
que el delito sea juzgado por tribunales ordinarios, con exclusión
de toda jurisdicción militar, y que no admita como eximente a
la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores, pues
toda persona que reciba órdenes de desaparecer a una persona
tiene el derecho y el deber de no obedecerlas.
Señala
que la ley debe asegurar que las víctimas de la desaparición
forzada y sus familiares obtengan la debida reparación, lo cual
supone el derecho a ser indemnizadas de una manera adecuada.
Amnistía
Internacional sugiere al gobernador que apoye el proyecto de ley
propuesto por la Codehum y las organizaciones de la Red, porque
considera que esta propuesta recoge los principios normas
internacionales en la materia.
Responsabiliza
al gobierno de la desaparición de su esposo
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Exige Enedina Cervantes castigo a judiciales y a Raúl y Arturo
Valle Álvarez
Zacarías
Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Para Enedina Cervantes
Salgado, esposa del desaparecido Faustino Jiménez Álvarez, el
responsable es el gobierno estatal ,“y tiene el deber de
entregármelo y de castigar a quienes se lo llevaron”, y señala
a policías judiciales del estado y a Raúl y Arturo Valle Álvarez.
Recordó
que su esposo fue detenido la madrugada del 17 de junio de 2001
por agentes de la Policía Judicial en Acapulco. Se lo llevaron
poco después de las 4 de la madrugada, tras irrumpir
violentamente en su casa, de Tierra Colorada, donde dormían.
Se
presume que los agentes investigaban el secuestro del primo de
Jiménez Alvarez, el empresario camionero José Valle Alvarez.
Sin embargo, después del 17 de junio no se volvió a saber nada
de él.
Entre
sollozos por el dolor que le causa el recuerdo de su esposo
desaparecido desde hace dos años nueve meses, Enedina Cervantes
señala que no es posible que en Guerrero haya tanta impunidad,
“en Guerrero no hay justicia, pero aún así voy a seguir
exigiendo que me regresen a mi esposo, por mis dos hijos y por mí
misma, seguiré tocando puertas”.
La
mujer, de mediana edad, luego de narrar de nuevo cómo se
llevaron a su marido la madrugada del 17 de junio del 2001,
reclamó al gobierno estatal que entreguen a Jiménez Alvarez,
“no puedo creer que nadie sepa dónde está, alguien debe
tenerlo, alguien debe saber dónde está”, suplicó la mujer.
Enedina
Cervantes estuvo ayer en la conferencia de prensa donde
representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro-Juárez, que llevan el caso, pidieron al Poder Judicial que
la resolución del juez que en breve emitirá una sentencia se
apegue a derecho y sin presiones.
Enedina
Cervantes señaló que los acontecimientos de la madrugada del
17 de junio, en su domicilio particular de Tierra Colorada
–cuando se llevaron a su esposo– la han marcado para toda su
vida porque ha dejado secuelas sicológicas en sus dos hijos
menores de edad.
“Si
supieran cuánto sufro al ver a mis hijos que me preguntan por
él, me preguntan si algún día volverá, porque lo quieren ver
y hasta me reclaman que si él estuviera tal vez no estaríamos
en esta situación”, declara mientras sin ponerse contener
irrumpe en llanto.
Y
es que señala que ahora no solamente sufre por la desaparición
de su esposo, sino que también teme “porque hay personas que
no es de su agrado que yo exija justicia. Yo responsabilizo al
gobernador René Juárez de lo que pueda pasarme a mí y a mis
hijos”, denunció.
Cervantes
Salgado explicó que ha recibido llamadas telefónicas que le
dicen que su esposo no está desaparecido, “que anda por ahí
y eso es todavía un dolor mucho más grande”.
Por
ello pidió al gobernador “que haga algo por encontrar a mi
marido, pero también que se ejecuten las otras órdenes de
aprehensión, no es posible que haya tanta impunidad”.
Denunció
que los hermanos Raúl y Arturo Valle Álvarez, quienes
estuvieron presentes la madrugada que se llevaron a su esposo,
“gozan de libertad, como si nada hubieran hecho, andan libres,
son intocables”.
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