BOLETÍN
DE PRENSA
Coalición
de Maestros y Promotores Indígenas de
Oaxaca, A.C. (CMPIO,A.C.)
Oaxaca,
Oaxaca, a 10 de noviembre del 2003
El
23 de octubre salieron de la ciudad de México
120 representantes de organizaciones
como Serapaz, el Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad, Comité Cerezo,
Agencia de Prensa India (APIN)Liga
Mexicana por la defensa de los derechos
humanos, Serpaj, el Frente de Lucha
Estudiantil Julio Antonio Mella
(FLEJAM), estudiantes de la ENAH, UNAM,
CCH-Vallejo, UAM-Xochimilco, Escuela
Nacional de Música, Comunidad
Franciscana, Comité por la Liberación
de Carlos Manzo, Sindicato de
Trabajadores de Transportistas del DF,
Alianza Mexicana por la Autodeterminación
de los Pueblos (AMAP), Coordinadora
Nacional por la Liberación de Presos
Políticos y de Conciencia, la Red
Mexicana de Acción Frente al Libre
Comercio (RMALC), CENCOS, Ce- Acatl
A.C., Frente Popular Francisco Villa,
Perfil Urbano, Indymedia, Promotora por
la Unidad Nacional contra el
Neoliberalismo y Sociedad Civil para
conformar la Primera Caravana de
Observación de los Derechos de los
Pueblos indios y por la libertad de los
presos políticos y de conciencia de
Oaxaca.
Llegamos
a la capital de Oaxaca desde la mañana
del viernes 24 de octubre. Encontramos
un ambiente fúnebre; de mucha
solemnidad y tensión, en donde estaban
a indígenas del CIPO-RFM y de otras
organizaciones como del Sindicato de los
Tres Poderes, en un plantón frente al
palacio de gobierno haciendo una guardia
de honor alrededor del féretro que
simboliza la muerte de Bartolomé Salas
Chávez, muerto por la balas de
paramilitares del CROCUT el 16 de
octubre en Santa María Yaviche.
Constatamos
irregularidades, entre ellas la
dificultad para ingresar al penal de
Ixcotel, ya que tuvimos que esperar más
de tres horas para que el Director del
Penal, Mayor Juventino Sánchez Gaytan,
nos permitiera tan solo a 6 observadores
entrar, negándole de manera arbitraria
el paso a la prensa nacional. Nos
entrevistamos con el líder sindical de
los 3 poderes, Oliverio Neri; con los 12
presos de los Loxichas quienes denuncian
que llevan 7 años presos y que el
gobierno les había prometido revisar
sus casos a nivel federal y liberarlos;
con Norberta Torres y Teresa Morán del
Comité de Defensa Ciudadana (CODECI);
con Pedro Castillo, estudiante de la
UABJO, acusado de guerrillero, quien
denunció que durante su detención fue
llevado a una cárcel clandestina, donde
fue torturado e interrogado por
militares. En el penal de Tehuantepec, a
diferencia de Ixcotel, el director del
penal permitió el acceso de dos
diligencias de 15 observadores, quienes
entrevistamos a Carlos Manzo y Luis
Alberto Marín del Concejo Ciudadano
Unihidalguense, y a Leopoldo Alvarez Díaz,
Amado Castro López, Nicasio Zaragoza
Santana y Edmundo Espinoza Guzmán de la
comunidad Guevea de Humboldt.
Ratificamos
que todos ellos son presos de
conciencia, de acuerdo con los marcos
internacionales de los organismos de los
derechos humanos, que a la letra dicen:
El
Preso de Conciencia según Amnistía
Internacional, es una persona
encarcelada a causa de sus creencias o
de su origen étnico, sexo, color,
idioma, origen nacional o social,
situación económica, nacimiento u
otras circunstancias, siempre que tales
personas no hayan recurrido a la
violencia ni propugnado su uso.
Se
considera Preso Político a aquella
persona que busca la transformación de
la sociedad y que con base en
convicciones políticas, intenta
mediante la violencia, alterar o
modificar la forma de su gobierno y por
ello es acusada por delitos contra la
seguridad de la Nación y/o otros, y
debe de tratarse con arreglo al Derecho
Internacional Humanitario. Se considera
Preso injustamente a aquella persona que
se encuentra en prisión por la
fabricación de delitos, que pueden
estar asociados o no a motivos políticos.
Observamos
entonces, que existe un vacío jurídico,
que no se va a llenar por razones obvias
y limita determinar a quien se le
considera preso político o de
conciencia. Tal acepción es asignada
por el mismo preso, su organización o
por las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos, que
conforme a lo que se ha documentado se
le define como tal, basándose en la
existencia de elementos para fundamentar
la falsa acusación o irregularidades en
el proceso aunque se le acuse de otros
delitos.
El
viernes 24 de octubre, los integrantes
de la Caravana realizamos una
conferencia de prensa en el Instituto de
Artes Gráficas (IAGO) y por la tarde el
foro "Contra la Represión Todas
las Voces" en el que escuchamos
atentos a las comunidades de SANTA MARIA
YAVICHE, SANTA CRUZ HUATULCO, PUERTO
ESCONDIDO, SAN ISIDRO ALOAPAM, CRISTOBAL
DE AMOLTEPEC (Distrito de Tlaxiaco), SAN
ISIDRO REFORMA, SANTA CATARINA YOSONOTU,
SAN MIGUEL CHIMALAPA, PLAN DE
ZARAGOZA, TUTUTEPEC (costa de Oaxaca)
y YOSOTATO, entre otros
testimonios, así como a las
organizaciones como CIPO-RFM, SINDICATO
DE LOS TRES PODERES, COMITÉ DE DEFENSA
CIUDADANA (CODECI), COORDINADORA
DEMOCRATICA DE PUEBLOS DE LA REGION DEL
ISTMO, COLECTIVO CORTAMORTAJA, CENTRO DE
ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO, Organización
de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ de
los Loxichas), quienes se pronunciaron
por la libertad de los presos políticos
y alto a la represión.
La
problemática que denunciaron se centró
en el hostigamiento y la difamación
contra dirigentes sociales, opositores
políticos, líderes sindicales,
comunicadores, dirigentes indígenas,
sacerdotes y defensores de los derechos
humanos, tales como Wilfredo
Mallen Pelaez “Padre UVI” (Centro
Regional de Derechos Humanos Bartolomé
Carrasco Briceño); Raúl Gatica
(CIPO-RFM), Juan Sosa Maldonado (OPIZ)
Oliverio Neri (Sindicato de los 3
poderes) y Carlos Manzo del (CCU).
Denunciaron los conflictos agrarios y de
límites de tierras, la actuación del
narcotráfico en las comunidades y
paramilitares. Subrayaron las graves
violaciones a los derechos de los
pueblos por la construcción de la
supercarretera Oaxaca-Huatulco-Istmo del
Plan Puebla Panamá, así como de la
posible reubicación de la comunidad de
Jalapa del Marqués para la instalación
de una hidroeléctrica en la presa de
Benito Juárez en el Istmo. El Centro de
acompañamiento comunitario expuso que
14 radios comunitarias han sido acusadas
por Gobernación como difusoras de
movimientos guerrilleros, y exigen
respeto al derecho de las comunidades a
dirigir y administrar sus propios medios
de comunicación, tal y como lo
establecen Los Acuerdos de San Andrés.
Conocimos el testimonio de indígenas de
Santa Maria Yaviche, de los directamente
agredidos, quienes mostraron ante los
observadores heridas de bala. A raíz de
la petición de la comunidad de Yaviche
hecha pública a los miembros de la
Caravana, los observadores decidimos que
una comisión acudiera a esta comunidad.
Es así como el sábado 25 los
observadores nos repartimos en tres
brigadas: Santa María Yaviche, San
Isidro Aloapam, en la Sierra Juárez, y
Unión Hidalgo, en el istmo de
Tehuantepec, Oaxaca, en donde recabamos
la información con relación a las
situaciones del conflicto y represión,
quienes denuncian los testimonios de
presos y perseguidos políticos, de los
directamente afectados, heridos,
familiares de presos y muertos (algunos
claramente por asesinato). En la situación
observada en las tres comunidades
constatamos una violación masiva de los
derechos humanos, que implican derechos
económicos, sociales, culturales,
ambientales, civiles y políticos, y nos
llama la atención que la Comisión
Estatal de Derechos Humanos no haya
enviado de manera oportuna un visitador
constatando los hechos. Asimismo, a
pesar de que las comunidades identifican
a los agresores nos percatamos de que no
han sido consignados y ni siquiera han
sido abiertas averiguaciones previas;
por el contrario, como saldo de las
agresiones hay heridos, muertos,
encarcelados, perseguidos, hostigados e
incluso desaparecidos, como el caso de
Marcelino Santiago Pacheco de la OPIZ.
Como
resultado preliminar de la Caravana de
Observación de los Derechos de los
Pueblos Indios y por la Libertad de los
Presos Políticos y de Conciencia de
Oaxaca, fueron liberados Norberta Torres
Pereda del Comité de Defensa Ciudadana
(Codeci), arrestada el pasado 12 de
junio en el marco de una manifestación
por la libertad del dirigente sindical
Oliverio Neri, fue liberada del penal de
Ixcotel el 26 de octubre. Dos días
después, fue puesto en libertad el indígena
zapoteco Leopoldo Alvarez Díaz de 68 años
de edad, quien estuvo injustamente preso
en la cárcel de Tehuantepec cerca de
cuatro años.
En
este momento nos informan que también
han sido liberados Teresa Morán Olmedo,
Ciro Mendoza Lupe y Flavio Reyes Matía,
de CODECI, el 7 de noviembre, sin cargos
algunos.
A
los observadores que integramos la
Caravana nos preocupa la situación de
violación de derechos humanos en el
estado de Oaxaca, el daño psicológico
y el miedo que existe en las comunidades
indígenas, la desintegración familiar
a raíz del encarcelamiento de indígenas.
Nos preocupa la forma en que responden
frente a esta situación el gobierno del
Estado Mexicano y el Gobierno Estatal.
Por lo anterior, como caravana lanzamos
las primeras ACCIONES URGENTES.
La
primera, una Acción Urgente por la
libertad de Luis Alberto Marín del
Concejo Ciudadano Unihidalguense preso
en Tehuantepec desde el 15 de mayo del
2003. El juez de Juchitán le fijó una
fianza por $37,000, suma que la
comunidad juntó rápidamente, al
momento de presentarse para pagarla el
juez le negó la fianza y le puso la
categoría de "alta peligrosidad
social", no existiendo ningún
fundamento jurídico para que siga
privado de su libertad.
La
segunda Acción Urgente que lanzamos es
por la libertad de los presos de Guevea
de Humboldt, dos de ellos sentenciados a
80 años acusados de homicidio, quienes
son monolingües zapotecos, no saben
leer y escribir, no les presentaron
ordenes de aprehensión, fueron
torturados y obligados a firmar papeles
que no sabían de que se trataban y
nunca tuvieron un traductor, además de
que no se ha podido comprobar que ellos
hayan sido los responsables del
homicidio.
La
tercera Acción Urgente por la
investigación de los extraños
accidentes ocurridos ante los “extraños
accidentes” que sufrieran familiares
de francisco de la rosa, integrante del
CCU, Unión hidalgo, Juchitan, Oaxaca Y
La Inacción De Procuraduría General De
Justicia Del Estado De Oaxaca.
A
nombre de los 120 compañeros y compañeros
que participamos, queremos comunicarles
que los objetivos de esta caravana han
sido cumplidos ampliamente y que nos
sentimos honrados, porque este espacio
permitió que se expresaran la muchas
voces que aman la vida, que defienden a
la naturaleza, a los derechos de los
pueblos, de las mujeres, de los
ancianos, de los niños, a los derechos
fundamentales enmarcados en la Carta
Universal de los Derechos Humanos y que
apelan por las libertades civiles y políticas
con el ánimo de construir una real
democracia.
Invitamos
a los medios de comunicación a
continuar difundiendo esta información
y a acompañarnos en la conferencia de
prensa que daremos en el mes de
diciembre en la ciudad de México para
presentar el informe final que
entregaremos a los organismos nacionales
e internacionales de Derechos Humanos, a
la sociedad civil nacional e
internacional y especialmente a las
comunidades y organizaciones que
compartieron con nosotros sus
testimonios del estado de Oaxaca.
Por
su atención muchas gracias,
¡Por
el respeto a los derechos de los pueblos
indios!
¡Por
la libertad de los presos políticos y
de conciencia de Oaxaca y del país!
CARAVANA
DE OBSERVACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDIOS Y POR LA LIBERTAD DE LOS
PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DE
OAXACA
