* Persecución
al EPR, El Charco, Barrio Nuevo San José y ecologistas
Digna
Ochoa en Guerrero: cuatro casos de
combate a la impunidad del Ejército
*
La directora del Centro de Derechos Humanos La Voz de los Sin
Voz, Hilda Navarrete, que colaboró con la abogada, habla de los
asuntos que trabajó en el estado
Maribel
Gutiérrez * En su trabajo en el estado de Guerrero, la abogada
Digna Ochoa combatió en cuatro casos de resonancia nacional e
internacional la impunidad de efectivos del Ejército,
involucrados en ejecuciones detenciones ilegales, torturas,
desaparición forzada y violaciones de mujeres indígenas.
Además
de que intervino en la elaboración de la denuncia de la masacre
de Aguas Blancas que se presentó ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Digna Ochoa trabajó
en la elaboración de varias de las 23 quejas contra efectivos
del Ejército en 1996 y 1997, con motivo de la presunta
persecución al EPR. Las denuncias dieron lugar a dos
recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), la 96/97 y la 100/97, enviadas al procurador militar,
Rafael Macedo de la Concha, actual procurador general de la República.
Participó
en defensa de los primeros detenidos por el Ejército cuando
ocurrió la masacre de El Charco del 7 de junio de 1998, en
Ayutla.
También,
en el caso de tres campesinos asesinados por militares y dos
mujeres mixtecas violadas en Barrio Nuevo San José, en
Tlacoachistlahuaca, el 20 de abril de 1999.
El
caso más conocido fue la defensa de los campesinos ecologistas
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en la que Digna Ochoa
interrogó a los militares que los arrestaron y torturaron en la
sierra de Ajuchitlán del Progreso y en el cuartel de ciudad
Altamirano.
Poco
antes de su asesinato, el 19 de octubre de 2001 en la ciudad de
México, Digna Ochoa había comenzado a encargarse de la defensa
de los dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente (ERPI) presos, Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas
Agís, que en el Juzgado Primero de Distrito en Chilpancingo
enfrentan un juicio por el ataque de un comando del EPR a un vehículo
militar, en la carretera a Tlapa, el 16 de julio de 1996.
También
había comenzado a ayudar a las comunidades ecologistas de la
sierra de Petatlán, las que visitó el 1 y 2 de octubre, en
respuesta a un llamado que le hicieron los dirigentes de la
Organización Ecologista para que apoyara la defensa de varios
de sus integrantes que son víctimas de la persecución del Ejército,
y tienen que vivir huyendo.
Hasta
el año 2000, cuando trabajó en el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro (Prodh), Digna Ochoa se apoyó para sus
labores de defensa en Guerrero en Hilda Navarrete, presidenta
del Comité de Derechos Humanos La Voz de los Sin Voz de Coyuca
de Benítez, organismo que igual que el Prodh forma parte de la
Red Nacional Todos los Derechos para Todos.
Digna
Ochoa no podía venir a hacer personalmente todos los trámites
en los juzgados derivados de su labor de defensora, y para eso
se apoyaba en la defensora de Coyuca.
Navarrete
conoció muy de cerca la labor profesional de Digna Ochoa en
Guerrero, excepto la visita que hizo el 1 y 2 de octubre de 2001
a la sierra de Petatlán, 17 días antes de su asesinato en la
ciudad de México.
En
el primer aniversario del crimen contra la abogada, el 19 de
octubre, Hilda Navarrete fue entrevistada acerca de esos cuatro
casos en los que apoyó a Digna Ochoa.
El
Charco
En
El Charco, Ayutla de los Libres, el 7 de junio de 1998 efectivos
del Ejército mataron a 10 indígenas mixtecos y un estudiante
de la UNAM, que se encontraban en la escuela a la que había
llegado una columna del ERPI. Los militares hirieron a cinco indígenas
y se llevaron detenidos a 22.
Al
día siguiente se trasladaron al lugar representantes de
organismos defensores de derechos humanos, entre ellos Digna
Ochoa, quien se hizo cargo del trabajo jurídico de las ONG.
Lo
primero que hizo fue solicitar un amparo contra la detención
ilegal de los indígenas, y 16 de ellos fueron liberados.
Después,
un juzgado federal en Acapulco giró la orden de reaprehensión
contra los 16.
En
las demandas de amparo, la abogada planteaba que la detención
de los indígenas en El Charco era inconstitucional, porque
todas las diligencias están hechas por militares, y no tienen
porqué hacerlo cuando los detenidos son civiles. Digna alegaba
violación de los derechos constitucionales de los indígenas
porque los interrogatorios fueron hechos sin intérpretes en
idioma mixteco, y hasta los presuntos abogados de oficio que
supuestamente les pusieron eran militares.
Contra
estas detenciones ilegales, informa Navarrete, con el trabajo de
Digna Ochoa se ganaron tres amparos en defensa de las garantías
de los indígenas que fueron violadas por el Ejército.
Barrio
Nuevo San José
El
20 de abril de 1999 fueron asesinados por soldados tres indígenas
mixtecos, dos de ellos en la comunidad de Barrio Nuevo San José
y uno en el Cerro de la Letra, municipio de Tlacoachistlahuaca,
y los militares violaron a dos mujeres indígenas, de 33 y 50 años.
Los
muertos son el niño Antonio Mendoza Olivero, de 12 años,
Evaristo Albino Téllez, de 27, que fueron trasladados al Semefo
de Acapulco, y Pedro Ramírez Santos, de 27 años, a quien
trasladaron a Oaxaca.
Cuando
las tropas llegaron a la región, los dos primeros campesinos
habían ido a su milpa, y no regresaron. Los familiares
encontraron sangre y otros indicios de violencia en la milpa.
Digna
Ochoa, como abogada del Prodh, tomo el caso. Explica Hilda
Navarrete que solicitó a la justicia federal la presentación
de los dos indígenas, hasta ese momento considerados
desaparecidos.
La
defensora cuenta: “Empezó Digna a tratar de tener la
coadyuvancia. Fui a la Delegación de la PGR en Acapulco a
promover la coadyuvancia porque traíamos firmado el
nombramiento que nos dieron los padres y los familiares. Cuando
en la PGR me iba a resolver la coadyuvancia, el caso se turnó
al Ministerio Público Militar.
“Digna
me pidió que fuera yo a saber el acuerdo a Cumbres de Llano
Largo (donde se localiza el cuartel de la Novena Región
Militar). Estuve yendo, casi un año, pero nunca encontré al
MP. Lo encontramos el día que vino Digna, el 30 de enero de
2000.
“Digna
había venido a Iguala por el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro
Cabrera (los campesinos ecologistas que estaban en prisión) a
una diligencia, y se pasó para Acapulco, con Jorge Fernández
(también abogado del Centro Prodh). Ella quería ir a Cumbres
de Lano Largo, porque tenía una entrevista con Macedo de la
Concha, y quería tener la mayor cantidad de datos para poder
discutir este caso de Barrio Nuevo San José.
“Ahí
nos dijeron que el caso hacía como un mes lo habían turnado a
Macedo de la Concha, que era el procurador de Justicia Militar,
que el caso estaba ya en México.
“Nunca
supe después si tuvo la entrevista con Macedo de la Concha y qué
le resolvió. Pero ese fue otro de los casos en que Digna estuvo
muy encima. Y hasta la vez continúa en la impunidad, la CNDH
fue al lugar de los hechos, recogió los testimonios, y no ha
hecho algún pronunciamiento.
“Nunca
nos dieron la coadyuvancia. Pero sí se denunció el caso ante
Amnistía Internacional, la ONU, el caso fue muy conocido, el
hecho de que no nos dieran la coadyuvancia no paró la
denuncia”.
–¿Cuál
era la intención de Digna al pedir la coadyuvancia?
–Que
se investigara y que se castigara a los militares. Es un caso
impune totalmente. Porque el parte informativo oficial dice que
los dos campesinos fueron muertos en un enfrentamiento, en un
sembrío de drogas, entre narcontraficantes y el Ejército.
Entonces nosotros buscamos la coadyuvancia para pedir peritajes
del terreno, porque nosotros fuimos al terreno y ahí no había
vestigios de que hubiera habido drogas sembradas, era una milpa,
queríamos con el peritaje constatar que ahí nunca hubo drogas
y que fue un exceso, una brutalidad del Ejército matar a esas
dos personas.
“Veíamos
que la impunidad de la que ha disfrutado el Ejército mexicano
ha sido uno de los obstáculos para la justicia. Digna trataba
de vencer este obstáculo, en eso fue muy perseverantre, para
que pasaran los casos a la justicia civil”.
Dos
recomendaciones de 1997 contra el Ejército
Hilda
Navarrete revela que Digna Ochoa, como abogada del Prodh,
documentó varias de las quejas por violaciones a los derechos
humanos que cometió el Ejército en Guerrero de junio de 1996
hasta 1997, presuntamente en la presecución del EPR, y algunas
otras las documentó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Tlachinollan, y otros organismos y familiares y víctimas.
La
CNDH emitió las recomendaciones 96/97 y 100/97, a finales de
ese año, dirigidas al produrador de Justcia Militar, Rafael
Macedo de la Concha, relacionadas con 23 expedientes de
torturas, detenciones, allanamientos y desapariciones de
campesinos acusados de pertenecer al EPR.
En
esas recomendaciones se encuentran la desaparición del joven de
El Cucuyachi, en la sierra de Atoyac, Fredy Nava, la desaparición
durante diez días y tortura del perredista de esa comunidad,
Martín Barrientos Cortés, y la desaparición en Acapulco del
combatiente del EPR Benito Bahena Maldonado.
Considera
Hilda Navarrete que esas dos recomendaciones de la CNDH, en las
que el trabajo de Digna Ochoa fue fundamental para sustentar las
quejas, “fueron de los primeros logros de las ONG”.
Los
ecologistas
Hilda
Navarrete cuenta que como parte de su labor de defensa en La Voz
de los Sin Voz conoció a Rodolfo Montiel en 1997, y su caso fue
planteado ante el relator de la ONU para tortura que vino a
Guerrero en ese año, Nigel Rodley, quien conoció personalmente
cien personas torturadas por militares en Guerrero.
“A
Rodolfo Montiel le había caído a su casa en El Mameyal (sierra
de Petatlán) una partida de militrares, en julio de 97; los
soldados se quedaron a vivir en su casa una semana, y a él lo
obligaban a irse a trabajar y ellos se quedaban. Rofolfo me mandó
un anónimo, que me llegó el 30 de julio, entonces yo lo fui a
ver el 7 de agosto y le pedí que denunciara ante el relator
para casos de tortura, porque era tortura psicológica.
“El
último día que estuvieron los soldados lo obligaron a beber, y
ya borracho lo obligaron a firmar papeles en blanco y a dar el
nombre de mucha gente, que no se acuerda”.
–¿A
qué se debían estas acciones de los militares?
–A
la persecución, porque ya andaban ellos en la lucha como
ecologistas.
“Después
de ocho días de que fue con Rodley me mandó un recado verbal,
que ya se iba de El Mameyal, que le había caído el Ejército
de nuevo y ahora lo había amenazado con matarlo, así que mejor
se iba con su familia. Yo ya no supe de él hasta el 99, no lo
volví a ver hasta la cárcel en Iguala.
El
2 de mayo de 1999, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron
detenidos por militares en Pizotla, sierra de Ajuchitlán,
torturados y acusados de portación de armas y drogas. En la
misma operación los militares mataron al campesino Salomé
Bartolo Sánchez Ortiz. Digna Ochoa se hizo cargo de la defensa.
–¿Cómo
veía Digna el caso?
–Lo
veía muy fácil de ganarse si se hace justicia, lo que no ha
habido hasta ahora. Porque hay inconstitucionalidad. Además
Digna logró que los militares aceptaran la tortura que hicieron
a los ecologistas con las preguntas que hizo. También la
presunta abogada de ellos reconoció que había habido ocho
militares en el interrogatorio ante autoridad civil. Digna Ochoa
pidió al juez integrar la denuncia contra los militares por
tortura.
|