Ordenó torturas y desapariciones tras choques entre policías y
EPR, dicen
Loxichas
denuncian al ex gobernador Diódoro Carrasco ante fiscalía
especial
GUSTAVO
CASTILLO GARCIA
Habitantes
de la región Loxicha, en Oaxaca, acusaron ante la Fiscalía
Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado al ex
gobernador de esa entidad y ex secretario de Gobernación Diódoro
Carrasco Altamirano por su presunta responsabilidad en delitos
contra la humanidad, tortura, desaparición forzada temporal de
personas y abuso de autoridad.
Otros
ex funcionarios del gobierno de Oaxaca que fueron señalados
como copartícipes son Roberto Pedro Martínez, quien ocupó el
cargo de procurador de justicia, y José Trinidad Rodríguez
Ballesteros, ex titular de la Policía Judicial de esa entidad.
La
fiscalía especial dio entrada a la denuncia, que de manera
directa interpusieron Marcelino Santiago Pacheco y Juan Sosa
Maldonado, quienes aseguraron haber sido detenidos, torturados y
mantenidos en calidad de dasaparecidos durante 6 meses y 25 días,
respectivamente, por funcionarios del gobierno de Oaxaca.
De
acuerdo con el texto de la denuncia, a consecuencia del
enfrentamiento ocurrido el 28 de agosto de 1996 entre efectivos
militares y policiacos con integrantes del grupo armado Ejército
Popular Revolucionario, desde el gobierno estatal que encabezaba
Diódoro Carrasco se ''dirigieron una serie de operativos policiacos-militares
en diversas partes del estado de Oaxaca, pero especialmente en
la región de los Loxicha, lo que derivó en la detención y el
encarcelamiento de más de 150 personas".
Además,
puntualiza el documento entregado en la fiscalía que dirige
Ignacio Carrillo Prieto, en el periodo comprendido entre agosto
de 1996 y diciembre del año 2000 ''se cometieron los secuestros
y la desaparición de seis personas", entre ellas los
denunciantes.
Juan
Sosa Maldonado es vicepresidente de la Organización de Pueblos
Indígenas Zapotecos, grupo que mantiene un plantón en la Cámara
de Diputados en demanda de que el Congreso de la Unión elabore
y decrete una ley de amnistía para los integrantes de grupos
armados que permanecen encarcelados.
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