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Visitan seis municipios y reciben
amenazas, dicen
En
Guerrero, “graves” violaciones a
derechos humanos: ONG de Canadá
Zacarías
Cervantes, corresponsal, Chilpancingo
* Miembros de una delegación del
Proyecto de Observadores de Derechos
Humanos “Construyendo Puentes”
provenientes de Canadá, declararon
ayer que en Guerrero existen
“graves” violaciones a los
derechos humanos y que no existe
voluntad política de parte de las
autoridades mexicanas para cambiar
esta situación.
Los
representantes de ese organismo
terminaron ayer un recorrido que
iniciaron el 22 de septiembre pasado
por los municipios de Coyuca de Benítez,
Atoyac de Alvarez, Ayutla de los
Libres, Tlapa, Zapotitlán Tablas y
Chilpancingo, en donde se reunieron
con dirigentes de 10 organizaciones
sociales, políticas y organismos de
derechos humanos, para recabar
testimonios de violaciones a los
derechos humanos.
Los
cinco miembros de la delegación del
Proyecto de Observadores de Derechos
Humanos “Construyendo Puentes”
ofrecieron ayer en Chilpancingo una
conferencia de prensa en donde no
permitieron que se tomaran fotografías
y pidieron que se mantuviera en el
anonimato su identidad, ya que durante
su recorrido por algunos municipios
fueron víctimas de amenazas,
persecución y hostigamiento por parte
de policías y militares, así como
por desconocidos.
El
informe señala que la violencia en
esta entidad se ve reflejada en
desapariciones, secuestros,
esterilizaciones forzadas, violación
y abuso sexual de mujeres, intimidación,
asesinatos y tortura; mientras que la
ocupación militar se manifiesta con
retenes, cateos ilegales e intimidación
y asesinatos de las y los
organizadores, miembros y familiares
de las organizaciones sociales.
Asimismo
explica que las detenciones
arbitrarias se manifiestan con la
fabricación de evidencias de delito,
juicios irregulares y fallos largos,
asimismo, confesiones forzadas bajo
amenazas y torturas. También
denunciaron que es evidente la falta
de investigación de las
desapariciones, falta de acceso a los
abogados, corrupción, la compra de
justicia y la impunidad.
“El
Ejército Mexicano sigue invadiendo
las comunidades, allanando las casas
en forma ilegal y robando a los
miembros de las comunidades. Algunos líderes
comunitarios han sido amenazados,
torturados y encarcelados mientras
otros han sido asesinados y
desaparecidos. Las autoridades
militares y civiles no castigan a los
responsables de las violaciones de
derechos humanos”, señala el
documento.
“El
caso de Valentina Cantú, una mujer
tlapaneca violada por soldados del Ejército
Mexicano ilustra la impunidad completa
gozada por las fuerzas armadas”, señala
en su informe el organismo extranjero
que este caso fue transferido del
tribunal civil al tribunal militar
donde fue cerrado bajo el pretexto de
que no hubo violación sexual.
El
informe también señala que las
corporaciones policiacas municipales,
estatales y federales actúan en
coordinación con los caciques y sus
guardias blancas, “atacando y
perpetuando las violaciones de
derechos humanos contra las
comunidades y los individuos que no
obedecen a sus intereses económicos y
políticos”.
Refiere
el organismo que en la cárceles de
Guerrero existen 39 presos políticos
y cita los casos de Miguel Angel
Mesino y Tomás de Jesús Barranco
quienes ayer cumplieron 24 días en
huelga de hambre en el penal de esta
capital en demanda de su libertad.
“El
caso del señor Tomás de Jesús
Barranco sobresale porque en los últimos
23 días –la conferencia de prensa
la ofrecieron el sábado– ha estado
junto con Miguel Angel Mesino en una
huelga de hambre para traer atención
ante la falta de voluntad política de
parte de las autoridades mexicanas
para resolver sus casos”.
La
delegación canadiense hace mención
también de la “extrema pobreza en
que vive la mayor parte de la población
guerrerense”, las deficiencias en
alimentación, vivienda, atención médica
y educación, “que son los derechos
universales y fundamentales”.
Observaron
también que por esta pobreza en que
viven los campesinos “se ven
obligados a sembrar enervantes”.
Cuestionan, asimismo
la tala clandestina de la
madera y los “violentos
conflictos agrarios por la falta de
respeto a los derechos indígenas,
demarcando territorios políticos y
administrativos sin consulta previa
por lo cual ha habido muchos
muertos”.
Los
resultados de las observaciones de
dicha organización serán dadas a
conocer a organismos civiles no
gubernamentales este 6 de octubre en
la ciudad de México, cuando termina
la visita a México de los integrantes
de la delegación, mientras que en
Canadá será difundido a través de
los medios de comunicación. Asimismo,
se informó, el organismo enviará sus
puntos de vista al Gobierno mexicano y
guerrerense a fin de que se corrija
esta situación.
Durante
la presentación de su informe los
miembros de la citada delegación
denunciaron que en su recorrido fueron
permanentemente vigilados, hostigados
y perseguidos por miembros de
corporaciones policiacas y militares,
“nos detenían hasta por más de dos
horas en los retenes y nos revisaban
muy bien los vehículos”.
Denunciaron que en el municipio de
Atoyac, dos camiones militares los
vigilaron por más de dos horas,
mientras que un individuo que primero
les pidió información por una
papelería, se presentó después como
periodista y les exigió información
del trabajo que realizaban, y que el
25 de septiembre recibieron un mensaje
telefónico celular con la palabra
grabada “putos”, mientras que
durante su recorrido por los penales
de Acapulco fueron vigilados “de
manera obvia” por un anciano de ojos
azules que llevaba una gorra.
Las
recomendaciones que al final de su
informe realiza el organismo
extranjero es, otorgar amnistía a
todos los presos políticos; respetar
el estado de derecho, el proceso
justo, y todos los acuerdos firmados
sobre derechos humanos e indígenas;
respetar el derecho a la libertad de
expresión, de tránsito y de asociación;
respetar el derecho a organizarse para
el desarrollo comunitario
y la autodeterminación;
implementar todas las recomendaciones
de las comisiones nacionales e
interamericanas de derechos humanos,
así como respetar e implementar el
derecho a la alimentación, vivienda,
educación y salud.