México
D.F. Jueves 18 de septiembre de 2003
Culminaron cuatro meses y medio de cárcel
y 21 días de ayuno
Llona
quedó libre; se hizo un poquito de
justicia, dice
Defender a los ciudadanos mexicanos,
pide al presidente Vicente Fox
Después
de cuatro meses y medio de permanecer
detenido en el Reclusorio Sur con
fines de extradición a España por
sus presuntos vínculos con la
organización vasca ETA, y su supuesta
participación en un atentado ocurrido
el 24 de junio de 1981, en el pueblo
guipuzcoano de Tolosa, ayer Lorenzo
Llona Olalde recuperó su libertad
luego de que la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) negó su
entrega al país ibérico.
Acompañado
por sus familiares y abogados, el
ciudadano mexicano de origen vasco,
con 10 kilos menos de peso a causa de
los 21 días que pasó en huelga de
hambre, abandonó la cárcel a las 16
horas con la convicción de que en su
caso el gobierno federal finalmente
hizo ''un poquito de justicia''.
Visiblemente
cansado y ''aturdido por el hambre'',
Llona aprovechó el encuentro con los
reporteros para enviar un mensaje al
presidente Vicente Fox Quesada: ''Sin
rencor le digo que antes de creer en
las opiniones o peticiones que
cualquier gobierno le pueda presentar,
primero está la defensa de un
ciudadano mexicano. El Presidente no
debe permitir que se cometan más
injusticias, como lo fue en mi caso.
Le pido que no anteponga los intereses
económicos de empresarios de otros países
a los derechos y dignidad de los
mexicanos''.
Solidaridad
con vascos
Asimismo
pidió al mandatario ''que se dé
cuenta de todas las injusticias que
está cometiendo (el país ibérico)
con mis compañeros de origen vasco
que están en España. Entiendo que el
gobierno español le tiene un enorme
coraje a los ciudadanos de origen
vasco, pero Fox no debe permitir que
ese coraje se transmita a México, que
siempre ha sido un país solidario con
las causas justas''.
Desde
el pasado 27 de abril, Llona Olalde
permanecía en el Reclusorio Sur en
espera de que concluyera su proceso de
extradición a España, país que le
imputa haber participado en un
atentado de la ETA ocurrido el 24 de
junio de 1981, en el pueblo
guipuzcoano de Tolosa, que dejó tres
personas muertas.
Su
abogada, Bárbara Zamora, presentó en
tiempo y forma varias pruebas de
descargo, entre las que destaca el que
su cliente se encontraba en México el
día en que ocurrió el triple
homicidio que España le atribuye. Sin
embargo, el juez 15 de distrito en
materia penal, Ranulfo Castillo
Mendoza, opinó en su momento que sí
pr
ocedía
la extradición, porque supuestamente
el país ibérico cumplió con todos
los requisitos del tratado en la
materia firmado entre ambas naciones.
Al
salir del reclusorio, Llona Olalde
también tuvo una opinión respecto al
proceder del juzgador: ''Aunque al
final se hizo un poquito de justicia
conmigo, tengo que decir que empecé a
sentir desconfianza de las autoridades
mexicanas desde el momento en que
descubrí las hipocresías del juez,
quien primero me dijo que haría
justicia, y luego (el 27 de agosto) me
notificaron que había aceptado mi
extradición. Tres días antes de que
emitiera su opinión jurídica, mi
esposa fue a platicar con él y (el
juzgador) le dio ánimos y se
solidarizó con ella, todo para que al
final, de la manera más arbitraria,
determinara que sí procedía mi
extradición''.
Un
día después de que Llona se enteró
que el juez notificó a la SRE que era
legal su extradición, el mexicano
inició una huelga de hambre en
protesta por ''tanta injusticia en mi
contra''. Ayer, al recuperar su
libertad, Llona destacó el apoyo que
le dieron varios sectores de la
sociedad y algunos medios de
comunicación. ''Cuando notas que la
injusticia existe, que te sientes
solo, aunque también notas el apoyo
de la gente, te queda hacer algo para
sumarte a ese esfuerzo y no quedarte
esperando en una celda sin hacer
nada''.
Por
su parte, su abogada, Bárbara Zamora,
indicó que está analizando
interponer una demanda ante instancias
internacionales contra el gobierno de
España.
-¿Cuándo
la interpondrán y contra quién? -se
le preguntó a la abogada.
-Todavía
lo estamos analizando y sería contra
el presidente José María Aznar y el
juez español que ordenó la aprehensión
y luego solicitó la extradición. Por
los caprichos de esas autoridades
Lorenzo Llona estuvo en prisión casi
cinco meses sin ningún motivo, sin
ninguna razón jurídica. Además,
tenemos el aval de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, que sí analizó
las excepciones que en su momento no
tomó en cuenta el juez Castillo
Mendoza. Eso demuestra que nunca hubo
motivos fundados para que Llona Olalde
fuera privado de su libertad, y mucho
menos extraditado a España; en ese
sentido vamos a proceder jurídicamente.
Llona,
quien tiene esposa e hijos mexicanos,
refirió que hubo momentos dentro de
la cárcel en los que se arrepintió
de haber llegado al país, a
principios de los 80, cuando el
presidente López Portillo lo apoyó a
él y a un centenar de vascos para que
recibieran visas FM-2 y pudieran
conseguir empleos en territorio
nacional.
''Fue
totalmente injusto que después de
vivir en México durante 23 años,
luego que me apoyó López Portillo
para que viviera y trabajara aquí, y
sentir ese orgullo de ser mexicano, me
hayan tomado como si fuera un perro,
sin darme derecho a nada y
encarcelarme sólo porque el gobierno
español dijo que yo era un
delincuente. Por eso, estando
encarcelado llegué a pensar que si
salía me iría a Argentina, donde
nació mi padre, porque uno se siente
hundido luego de que ve que las
autoridades mexicanas no toman en
cuenta el tiempo que llevaba
trabajando aquí sin interferir en
temas políticos. Desde que llegué a
México se me aconsejó que me
mantuviera al margen de los asuntos
políticos del país, y fue lo que
hice. Y todo para que al final me
paguen con la cárcel sólo por quedar
bien con España, pues no se vale'',
puntualizó.
Recordó
que, desde febrero pasado, dos
personas vestidas de civil y con
acento español acudieron a su
domicilio para proponerle que ''por
las buenas colaborara con España''
para localizar a ciudadanos vascos
integrantes de ETA, de lo contrario
''me iba a arrepentir porque ya tenía
allá una orden de aprehensión''. A
cambio le ofrecieron becas para sus
hijos y apoyos económicos. Ante la
negativa de Llona, después de la
visita de los españoles ''sentía que
alguien vigilaba mis pasos. Después,
la policía mexicana me agarró de la
forma más fea. Yo percibía (al
personal de) la PGR como que eran mis
enemigos naturales''. Sin embargo
asegura que ''después de esta amarga
experiencia'' seguirá viviendo en México,
pues así lo decidió con sus
familiares.
Sabe
que no será fácil ''volver a
empezar'' y dice que continuará
luchando por mantener una familia
integrada y feliz. ''Seguiré
trabajando como siempre lo he hecho
desde que llegué, hace más de 20 años''.
Terminó
la pesadilla
Tomados
de sus brazos, la esposa y uno de los
tres hijos de Lorenzo Llona señalaron:
''Este es uno de los momentos más
felices de nuestras vidas'', y añadieron
que seguirán apoyando al padre de
familia a quien calificaron de ''un
gran ser humano con sólidos
principios y virtudes''.
Guadalupe
Orozco, esposa de Llona, aseguró no
sentir rencor contra las autoridades
mexicanas. ''Espero que a partir de la
situación de mi esposo el gobierno de
México no vuelva a hacerle caso a países
como España respecto a casos de
extradición, sobre todo sin recibir
pruebas fundamentadas que comprueben
la presunta culpabilidad de quien sea
solicitado. La injusticia que se
cometió con mi marido debe ser un
antecedente bien fuerte para que el
Presidente se dé cuenta de que antes
que nada debe apoyar y querer a los
mexicanos'', concluyó.
ALFREDO
MENDEZ ORTIZ
Podrían haberse violado sus derechos
básicos, explica
Niega
la SRE a España la extradición de
Llona
Pruebas desechadas por el juez 15,
base para esa decisión
ROSA
ELVIRA VARGAS Y GUSTAVO CASTILLO
GARCIA
La
Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) negó ayer la extradición a
España de Lorenzo Llona Olalde, por
considerar que con su entrega podrían
violarse garantías fundamentales que
la Constitución otorga al ciudadano
naturalizado mexicano.
En
un comunicado de prensa, la
dependencia informó que la decisión
del canciller Luis Ernesto Derbez fue
producto ''de un profundo y detallado
análisis'' tanto de documentos que
presentaron las autoridades españolas
como de ''elementos supervenientes'' a
los que la SRE tuvo acceso ''en fecha
muy reciente''.
Sin
embargo, fuentes oficiales revelaron
que la base para negar la extradición
se sustentó en el análisis de las
pruebas que no quiso valorar el juez
15 de distrito, Ranulfo Castillo
Mendoza, con las cuales se demostraría
que Llona estaba en México el día de
los hechos que se le imputan.
Según
las fuentes consultadas, la cancillería
consideró que ''había dudas
razonables que favorecen a Llona sobre
su presencia en España en la fecha en
que se realizó el atentado, ya que se
exhibieron documentos que acreditan su
presencia en México el día de los
hechos, y la SRE los consideró lo
suficientemente válidos para negar la
extradición''.
En
tanto, en su comunicado de prensa,
Relaciones Exteriores estableció un
deslinde con la que denominó una
''acertada opinión'' del juez 15 de
distrito en materia penal, Ranulfo
Castillo Mendoza, quien el pasado 27
de agosto emitió una declaración
favorable a la extradición.
La
secretaría ''consideró y valoró
detenidamente'' la opinión del
juzgador, la cual -en su opinión- se
apegó estricta y fundadamente en los
términos del tratado bilateral entre
México y España, pero negó la
extradición luego de analizar
disposiciones constitucionales,
legales y de los acuerdos en cuestión.
Asimismo
remarca que atendió -para negar el
pedido de la justicia española- ''los
criterios jurisprudenciales aplicables
y los elementos que potencialmente
pudieran interferir con las garantías
consagradas en nuestra Constitución''.
De manera específica, precisa, se
atendió el principio de ''jerarquía
de las normas'' que, aunque no lo
menciona, era uno de los elementos
fundamentales a los que apeló la
defensa de Lorenzo Llona.
Así,
mientras Relaciones Exteriores insiste
en que si bien la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha decretado la
constitucionalidad del tratado
bilateral entre México y España, y
que la solicitud de extradición en
los términos acordados entre ambos países
es válida, algunas ''garantías
constitucionales fundamentales del
reclamado podrían haberse violado con
su entrega'' a las autoridades españolas.
Llona
Olalde fue notificado ayer a las 13
horas de esta determinación.
Por
último, la cancillería apunta en el
último párrafo de su comunicado que
este proceso no guarda vinculación
con la petición que también ha
formulado el gobierno de España en
contra de seis presuntos miembros
''del grupo denominado ETA'', apenas
en junio pasado, el cual se analiza en
un juzgado de distrito de esta
capital.
Un
vasco en México
Llona
Olalde llegó a México en diciembre
de 1980, con un grupo de vascos. El,
como sus compañeros de viaje, fueron
asilados por el gobierno de José López
Portillo. El se nacionalizó mexicano
en 1993; sin embargo, los problemas
comenzaron en febrero de este año,
cuando policías españoles llegaron a
su domicilio en la ciudad de Zacatecas
para presionarlo y exigirle, a cambio
de no extraditarlo, que les
proporcionara datos de otros vascos
residentes en territorio mexicano.
Durante la visita fue advertido
de no avisar a nadie o en caso
contrario él y su familia sufrirían
las consecuencias.
Dos
meses transcurrieron y a las 11 de la
mañana del 3 de abril, el mexicano de
origen vasco fue detenido por ocho
elementos de la Agencia Federal de
Investigación (AFI) cuando salía de
su casa. Su esposa, Guadalupe Orozco,
nada pudo hacer para impedir la
aprehensión y el cumplimiento de la
orden de detención provisional con
fines de extradición, que giró el
juzgado 15 de distrito, con sede en la
ciudad de México.
Inclusive,
según los testimonios recabados en
aquellos días, Asier Llona, de 19 años,
hijo de Lorenzo, fue encañonado para
impedir que a bordo de su vehículo
siguiera la camioneta Suburban en la
que su padre fue conducido hasta el
aeropuerto de Zacatecas.
Para
lograr su extradición, sin considerar
si era mexicano o no, y sin las
pruebas suficientes sobre su estadía
en España en la fecha que se asegura
estuvo allá, el gobierno ibérico lo
acusó de haber participado en un
atentado cometido por la organización
vasca ETA, que se cometió el 24 de
julio de 1981, en el poblado de
Tolosa, en Guipúzcoa.
Desde
el principio de su encarcelamiento,
Llona Olalde, su familia y su abogada,
Bárbara Zamora, aseguraron que en la
fecha en la que se habría cometido el
atentado el vasco nacionalizado
mexicano estaba en México, y tenía
pruebas documentales que demostraban
que había realizado trámites ante el
Instituto Nacional de Migración
(INM).
Desde
el inicio del proceso judicial en el
cual el juez 15 de distrito emitiría
una opinión técnico jurídica en
torno a si era válido o no otorgar la
extradición de Llona Olalde, el caso
estuvo plagado de irregularidades,
pues a pesar de que su defensa solicitó
al INM el expediente migratorio y se
acordó que éste sería entregado en
un plazo de tres días, los documentos
fueron proporcionados por lo menos
cuatro días después.
Asimismo,
en el juzgado se aceptó la petición
de extradición a pesar de que carecía
de los requisitos mínimos para
solicitarla, ya que contenía ''copias
simples'', y ni siquiera adjuntaba
fotografías del reclamado, indicó en
mayo la defensa de Llona. Sin embargo,
Guadalupe Orozco entregó a Bárbara
Zamora no sólo los documentos del INM
que muestran a Llona Olalde en México
en las fechas que se le imputaba haber
participado en el atentado, sino también
recibos de pago del primero de junio
de 1981, que demuestran que su marido
estaba laborando en la empresa
maderera El Bajío, así como
documentos de los trámites que en
esas fechas realizó en el Instituto
Mexicano del Seguro Social y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El
5 de junio de este año, el juez 15 de
distrito, Ranulfo Castillo, notificó
a Llona la solicitud formal para
extraditarlo. Según la abogada
Zamora, la acusación se sustentaba en
''la declaración de una persona que
en ningún momento nombra a Lorenzo en
esos hechos''.
Fue
hasta el 6 de agosto cuando el juez
Ranulfo Castillo Mendoza recibió de
la Procuraduría General de la República
(PGR) las fotografías originales en
las que supuestamente aparece Llona
Olalde, como prueba para conseguir la
extradición. La defensa alegó que éstas
fueron aceptadas fuera de tiempo. Su
queja en nada cambió la decisión del
juez.
Tampoco
valieron las protestas que la defensa
realizó, porque las pruebas a favor
de Llona no fueron analizadas por el
juez Castillo Mendoza.
El
27 de agosto, Ranulfo Castillo notificó
a Llona que procedía su extradición.
Un día después, el mexicano de
origen vasco inició una huelga de
hambre que duró 21 días.
Hasta
ayer por la mañana, Llona continuaba
con su protesta; su defensa había
entregado a la cancillería las
pruebas que el juez Castillo no había
valorado, y estaba a la espera de la
resolución.
Hoy,
Lorenzo Llona Olalde está libre y de
regreso en su negocio, dedicado a la
comercialización de queso menonita en
Zacatecas.
''Abuso
de autoridad''
El
juez decimoquinto de distrito en
materia penal, Ranulfo Castillo
Mendoza, quien se manifestó por la
procedencia de la extradición de
Lorenzo Llona Olalde, ignoró en su
momento ''documentales públicas''
-documentación certificada del
Instituto Nacional de Migración
(INM)- que demostraban que el vasco
naturalizado mexicano había realizado
personalmente los trámites para la
obtención del documento FM 3 los días
24, 25 y 26 de junio de 1981, por lo
que era imposible que cometiera el
asesinato que le imputa la justicia
española.
De
acuerdo con juristas consultados, el
que Castillo Mendoza no haya tomado en
cuenta la documentación oficial a la
hora de emitir su opinión favorable a
la entrega del ciudadano mexicano de
origen vasco a las autoridades españolas,
sería suficiente para denunciarlo
penalmente por ''abuso de autoridad''.
Esta
conducta del juzgador contrasta con
las distinciones que ha recibido en su
carrera profesional que son:
reconocimiento al servidor público
por probidad en la impartición de
justicia en 1996, y reconocimiento
académico en los años 1994 y 1995.
Nacido
el 12 de marzo de 1957, el juez
decimoquinto de distrito en materia
penal se inició en el Poder Judicial
de la Federación como oficial
administrativo y actuario judicial;
posteriormente pasó a ser actuario
judicial y secretario de juzgado en
materia penal y laboral en diversos
juzgados y tribunales. Como resultado
de los exámenes ''de opción múltiple'',
fue designado por el Consejo de la
Judicatura Federal juez octavo de
distrito en materia penal en el estado
de Jalisco, y recientemente juez
decimoquinto de distrito en materia
penal.
JESUS
ARANDA