México
D.F. Lunes 1 de septiembre de 2003
Pedirán al Presidente que no permita
una injusticia contra el mexicano de
origen vasco
Protestarán
en el Zócalo por la "lectura
ciega" de pruebas en favor de
Llona Olalde
BLANCHE
PETRICH
Es
una prueba de descargo irrefutable. El
día en que en Tolosa, un pueblo del
país vasco, se cometía un asesinato
de tres personas -24 de junio de
1981-, el presunto responsable,
Lorenzo Llona Olalde, acudía a la
Secretaría de Gobernación, en el
Distrito Federal, atendiendo un
citatorio de la entonces comisionada
de inmigración, Diana Torres, para
tramitar la entrega de su visa como
residente. Como constancia, le fue
entregada una orden de pago.
El
vasco había ingresado a México seis
meses antes y radicaba en forma
permanente en Querétaro.
Dos
días después, con esa orden, se
presentó nuevamente a esas oficinas
para pagar los 2 mil 400 pesos que
entonces se cobraban por el trámite
de una visa de residente con permiso
para trabajar, la FM-3. Como
constancia recibió un oficio en papel
membretado, con sello del gobierno
federal, fotografía, firma y huellas
digitales de Llona Olalde.
El
juez 13 de distrito, Ranulfo Castillo,
a cargo de la petición de extradición
que hizo el gobierno español a México
para la entrega del sospechoso, tuvo
toda la documentación debidamente
certificada a la vista. Pero prefirió
no verla, hacer caso omiso de las
pruebas que favorecen al acusado y
hacer una "lectura ciega"
del polémico protocolo reformado de
2001 del tratado de extradición México-España,
para fallar en favor de la entrega de
Llona, quien es desde hace 10 años
ciudadano mexicano.
Para
llamar la atención del presidente
Vicente Fox sobre esta aberración jurídica,
la familia de Llona -tres hijos y su
esposa, Guadalupe Orozco- hará un
plantón en el Zócalo. Las doñas
del Comité Eureka, con Rosario Ibarra
a la cabeza, estarán ahí, para
apoyarlos.
"Estaremos
ahí, en el Zócalo, para que el
Presidente no pueda decir que no nos
ve ni nos oye. Esperamos que por la
tarde, durante su informe, nos dé
unas palabras de aliento, nos asegure
que no va a permitir que se cometa
esta injusticia contra un mexicano de
origen vasco", señaló Ibarra de
Piedra, que el viernes acudió al
Reclusorio Sur a visitar a Llona.
Por
el momento, es el presidente Fox quien
tiene la palabra sobre este proceso.
Una
vez emitida la resolución del juez
Castillo, el expediente regresó a la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
El Ejecutivo tiene 20 días hábiles
para pronunciarse. Si falla en favor
de la estadía de Llona en México, su
país de adopción, la Procuraduría
General de la República, que tramita
el pedido de extradición del Estado
español, tiene un plazo para pedir un
amparo.
Si
el mandatario y la cancillería se
pronuncian por la entrega de Llona a
Madrid, la defensa puede ampararse.
Además del juez de amparo, a la
defensa aún le queda el recurso de
apelación ante la instancia superior,
que es la Suprema Corte de Justicia.
En
este caso, el juez 13 de distrito se
apegó a la reforma de 2001 del
tratado bilateral de extradiciones,
que establece que en caso de una
petición de extradición, el gobierno
español no necesita presentar pruebas
sobre la culpabilidad del acusado.
Esta cláusula, que no es recíproca,
está impugnada ante el Congreso. En
la nueva legislatura, los diputados
perredistas Ileana García y Francisco
Saucedo han anunciado que propondrán
su derogación.
El
caso de Llona sentaría precedente, ya
que de proceder su entrega a la
justicia española perdería automáticamente
su nacionalidad mexicana. A partir de
ese momento, todos los vascos
inmigrados en México, aun los que han
cambiado su nacionalidad, están en
riesgo de ser entregados a España con
motivo o sin él.
A
mediano plazo, la familia Llona tendrá
oportunidad de ofrecer más pruebas.
Será ocasión para que los ex compañeros
de trabajo de la maderería, que ya
han manifestado su voluntad de
declarar ministerialmente en favor del
procesado, testifiquen que en 1980 el
recién llegado a México nunca faltó
a sus labores.
Existe
también a disposición de la justicia
mexicana otro testimonio demoledor. En
Tolosa, Juan Antonio Reza San Vicente,
de quien se dice testificó en junio
de 1983 en contra de Llona al señalarlo
como parte de un comando de etarras
que se había alojado en su casa, ha
declarado ante un notario en Viscaya
que nunca señaló al ahora acusado
como parte del comando.
Reza
San Vicente y su esposa María Elena
Urdangaráin fueron detenidos poco
después del asesinato de Juan Ignacio
Ibarbuchi y Juan María y Pedro
Conrado Martínez a la salida del bar
Bel Alai, en Tolosa. Bajo tortura,
reconocieron que habían alojado en su
casa a tres jóvenes que posiblemente
integraron el comando ejecutor.
Identificaron a Antonio Olaizola y José
María Bereciartúa, pero faltaba un
tercero. La policía llenó ese hueco
con la identidad de alguien que, para
esas fechas, ya no estaba en Europa,
Lorenzo Llona.